El Pleno del Senado aprobó por mayoría relativa que el presidente de la Mesa Directiva interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la definición de la situación jurídica en el caso de las instituciones financieras que con motivo  de las medidas tomadas como consecuencia de la crisis económica mundial, lleguen a contar  con participación directa e indirecta de algún gobierno extranjero en su capital social.

 

Lo anterior, toda vez que nueve instituciones financieras, incluyendo a Banamex, recibieron apoyo de las autoridades de sus respectivos países para hacer frente a la crisis financiera, por lo que tienen participación en su capital social.

 

La controversia radicará en la interpretación del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual claramente establece que no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.

 

Para Hacienda la norma no abarca casos de emergencia derivados de crisis globales y no reconoce la posibilidad del otorgamiento de apoyos y rescates previstos en los tratados. Además, considera que las sanciones previstas en las leyes mexicanas son aplicables a las participaciones directas, es decir, que haya una adquisición de acciones de los grupos financieros en México y este no es el caso, y que la prohibición a la inversión de personas extranjeras que ejerzan actos de autoridad  no aplica a las filiales.

 

Para los Senadores por una parte esta interpretación es contraria a lo establecido en la Ley y para otros, no otorga la suficiente seguridad jurídica. En todo caso, coinciden en que sea la Corte la que defina los alcances de la disposición.

 

La respuesta de la Corte, si lo considera procedente, la tendremos en aproximadamente tres o cinco meses.

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