Transporte urbano de Guanajuato

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato negó a los transportistas de la entidad la suspensión de la negativa de la Comisión Mixta Tarifaria de Guanajuato, Guanajuato, para que aumenten la tarifa del transporte público.

Al analizar la solicitud de incremento, los integrantes de la Comisión consideraron la propuesta de la Dirección General de Seguridad Ciudadana que estableció como una condición inapelable para aprobar un incremento de 2 pesos a la tarifa regular actual con efecto a partir del primer de enero de 2018, el cumplimiento de 16 acciones como renovar el parque vehicular cuya antigüedad fuese mayor a los 15 años; implementar un sistema de información para el usuario, acerca de rutas y horarios; diseñar una plataforma electrónica para monitorear el paso de los autobuses; instalar cámaras de videovigilancia a bordo de las unidades y renovar los paraderos, entre otras.

Pero la propuesta fue rechazada por el gremio de transportistas, por lo que se negó el aumentó a la tarifa.

Los transportistas decidieron impugnar la decisión ante el entonces Tribunal Contencioso Administrativo, exigiendo una indemnización de 12 millones de pesos por el daño causado al no haberse autorizado el incremento desde el 31 de diciembre de 2016, y solicitando la nulidad de la determinación de negar el incremento al pasaje a 9 pesos en su tarifa general y 4.50 pesos la preferencial.

El Tribunal informó al gremio que su demanda era ambigua, debiendo definirse por una de las dos acciones, la nulidad o el daño patrimonial, al ser de naturaleza distinta.

Los transportistas optaron por exigir la nulidad de la decisión y solicitaron la suspensión de la misma. El Tribunal decidió dar entrada a la demanda, pero negó la suspensión por lo que las tarifas permanecen sin alteración, siguiendo vigentes 5 pesos general y 3 pesos la preferencial.

Los transportistas en todas las entidades del país se comprometen en cada ocasión que quieren incrementar las tarifas a mejorar el transporte, pero esas promesas nunca se cumplen.

Al menos con este proceso, será la autoridad judicial quien decida si es procedente autorizar un incremento.

Más información am.com.mx 

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