En relación con los hechos que se presentaron en el Municipio de Oaxaca de Juárez entre mayo de 2006 y enero de 2007 la Corte opinó que estos fueron responsabilidad del Gobernador del Estado.

Pero en este caso la responsabilidad del gobernador no se da sólo por lo operativos o por uso de la fuerza de parte de las autoridades policíacas, sino por la omisión, por el no hacer y trasladar el problema a la autoridad federal, para que sin responsabilidad de la autoridad estatal, se produjera la solución al conflicto.

Algunos comparan este caso con el de Atenco, pero la Corte aclara que en aquel caso se actuó en forma inmediata y oportuna y lo que se cuestionó en Atenco fueron los excesos.

 

Los grupos radicales que intervinieron en estos hechos pretenden reducir el dictamen de la Suprema Corte a las “agresiones” que sufrió su gremio, pero si bien la Corte reconoció que se violaron los derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad, el dictamen va más allá.

El documento destaca que una de las características del movimiento social APPO es su beligerancia, con matices de rebelión no únicamente en contra del Gobierno del Estado de Oaxaca, sino del Gobierno Federal, que sus acciones dieron origen a violaciones a derechos del resto de la ciudadanía y que la omisión del gobierno estatal para combatirlas generó violaciones a la garantía de libertad de tránsito, garantía de libertad de trabajo, libertad de pensamiento y expresión, garantía a la educación, derecho de propiedad y posesión, derecho a la paz y derecho de acceso a la justicia.

Es de destacar que tres ministros señalaron la necesidad de incluir como responsables de las violaciones de derechos humanos por omisión al Ejecutivo Federal, el Secretario de Gobernación y el Secretario de Seguridad Pública.

El dictamen final será publicado posteriormente en el Diario Oficial, mientras, en estos días Oaxaca sufre un nuevo plantón.

Fuente SCJN

 

www.miabogadoenlinea.net