Instalaciones de Eutelsat

Eutelsat ha presentado una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) contra el gobierno mexicano por el requisito de suministrar capacidad satelital de forma gratuita, al considerar que existe un trato injusto y diferenciado entre los nacionales y los extranjeros.

Eutelsat S.A., adquirió en 2014 Satélites Artificiales Mexicanos, S.A. de C.V., por 813 millones de dólares y desde entonces ha solicitado la actualización de la regulación de las comunicaciones satelitales en nuestro país.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que son vías generales de comunicación los sistemas de comunicación vía satélite y que las concesiones para ocupar y explotar recursos orbitales para uso comercial o para uso privado contendrán “la capacidad satelital que debe reservarse a favor del Estado”. Además, la constitución establece que corresponde a la nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional, esto incluye las orbitas satelitales.

Según Eutelsat esto lleva a que las empresas nacionales de comunicaciones satelitales deban reservar 362 Mhz para el gobierno mexicano, de manera gratuita, mientras que las empresas de origen extranjero, afirma Eutelsat, “no requieren concesión” y solamente con una autorización pueden dar el servicio a cambio de 8 Mhz de reserva.

Así, la empresa de capital francés dice que esto le obliga a entregar de forma gratuita al gobierno mexicano el 7 por cierto de su capacidad, argumentando que otros gobiernos solicitan frecuentemente capacidad, pero siempre la pagan. Así, la empresa alega trato inequitativo y una expropiación no compensada de su inversión en México, por lo que exige se dé cumplimiento al Tratado de Protección Recíproca de Inversiones México-Francia firmado por los dos países en 1998.

En una entrevista publicada en 2016 en el diario El Universal, Patricio Northland, entonces director de Eutelsat Américas se dijo "perplejo" porque, aunque el gobierno mexicano cuenta con la reserva legal, compra capacidad satelital a otras empresas.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con dependencias y entidades, define la capacidad satelital que se requerirá de los concesionarios para la reserva de ley, que puede cumplirse en especie, pero también en numerario, recursos que serán destinados para adquirir la capacidad satelital correspondiente.

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