En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal a fin de sancionar con cárcel de 1 a 3 años, trabajo comunitario y multa de hasta 200 días a quien promueva, fomente o incite al odio, la violencia o la discriminación.
Dichas penas se incrementarían en una mitad cuando esas expresiones se difundan a un número elevado de personas a través de algún medio de comunicación o del uso de tecnologías o mecanismos de difusión masiva.
La propuesta modificaría el Artículo 149 TER de dicho ordenamiento ampliando los supuestos a sancionar y sus agravantes por conductas que atenten contra la dignidad y los derechos de toda persona.
El diputado Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, presentó esta iniciativa argumentando que “el discurso de odio puede generar un clima de discriminación y trivialización o justificación de delitos como feminicidios y violación de derechos fundamentales de grupos vulnerables”.
El legislador también destacó que distintas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación han documentado el número de crímenes de odio en México, cuyas cifras lo colocan entre los países con mayor incidencia, por lo que “el Estado debe hacerle frente y convertir en delito esas prácticas que ponen en riesgo a la sociedad”.
Explicó que las sanciones previstas en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, “distan de ser un mecanismo efectivo de coacción que inhiba las citadas conductas”.
Finalmente, agregó que la Constitución contiene el antecedente legal de mayor trascendencia para inhibir esos discursos, al prohibir en su artículo primero “toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre los límites a la libertad de expresión frente al discurso de odio y la violencia, que va más allá de la mera manifestación de una idea o una opinión pues genera un clima de discriminación e impunidad.
La iniciativa pasó a la Comisión de Justicia del órgano legislativo.
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