La Suprema Corte de los Estados Unidos decidió no entrar al fondo del caso de Sergio Adrián Hernández Güereca, un joven asesinado en territorio mexicano por un miembro de la patrulla fronteriza. Sin embargo, instruyó al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, para que analice el caso a la luz de los nuevos precedentes que han surgido.
Al desestimar el caso, el Alto Tribunal reconoció que es un "incidente perturbador que resultó en una pérdida de vida desgarradora", pero dijo que sería "imprudente" decidir si la familia del menor tiene derecho a demandar en los Estados Unidos si antes un tribunal federal de apelaciones no revisa el caso tomando en cuenta los precedentes previos establecidos por la Suprema Corte, específicamente el caso Ziglar v. Abbasi.
En ese caso, el Alto Tribunal analizó la protección de los funcionarios del gobierno, que generalmente están protegidos de juicios civiles cuando han actuado de buena fe en el desempeño de sus funciones, por lo que sólo el Congreso puede autorizar las demandas de reparaciones por daños y perjuicios. El caso se relaciona con las detenciones arbitrarias realizadas por el atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York.
"El Tribunal de Apelaciones, por supuesto, no ha tenido la oportunidad de considerar cómo el razonamiento y análisis en Abbasi pueden relacionarse con este caso", dijo la Suprema Corte. "Sería imprudente que este tribunal resuelva ese problema cuando, a la luz de la orientación intermedia proporcionada en Abbasi, tal vez sea innecesario resolverlo”.
A pesar de que se negó a entrar al fondo del asunto, el Tribunal Supremo consideró que el Tribunal de Apelaciones concedió al agente de la patrulla fronteriza "inmunidad calificada" o protección de ser demandado, basándose en el supuesto de que Hernández no era ciudadano estadounidense, siendo que la nacionalidad y los lazos de Hernández con los Estados Unidos eran desconocidos en el momento en que le disparó quitándole la vida.
Así, el Tribunal de Apelaciones debe determinar nuevamente si el agente fronterizo goza de inmunidad y si la familia de Hernández Güereca puede demandarlo, lo que para el abogado Cristóbal Galindo, que representa a la familia en Estados Unidos, es un “triunfo parcial”, porque se abre la posibilidad de que exista una decisión legal que beneficie a la familia de la víctima.
El adolescente fue muerto a tiros en 2010 por el agente Jesús Mesa Jr., que estaba patrullando las orillas del Río Bravo en El Paso, cuando Hernández Güereca estaba en Ciudad Juárez. Mesa alega que estaba intentando cruzar, y que al detener a su acompañante el joven le empezó a arrojar piedras, por lo que Mesa considero en riesgo su vida y disparó.
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