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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales los artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que habían sido impugnados por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) al considerar que limitaban la transparencia.

En esta acción de constitucionalidad se cuestionaba el sistema establecido en la Ley en relación con las declaraciones patrimoniales y de intereses, ya que los artículos 29, 34, párrafo tercero, y 48, primer párrafo, establecen que “… serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. Se encomienda al al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el artículo 113 constitucional, para que, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emita los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar estos derechos “queden en resguardo de las autoridades competentes”.

Con esta redacción ya no queda a discrecionalidad del servidor público qué parte de sus declaraciones se hacen públicas, sino que esto será establecido por el Comité coordinador al aprobar los formatos de declaración correspondientes.

MORENA argumentó que el artículo 29 atentaba contra el punto central de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, esto es, la publicidad total de las declaraciones que deben rendir los servidores públicos y que se violaba el principio de reserva de ley, ya que no se estableció el marco legal para graduar el alcance del derecho a la información pública sobre esas declaraciones.

Los ministros coincidieron en términos generales en la validez de este sistema ya que la propia Constitución establece una salvaguarda respecto a la vida privada y datos personales de los servidores públicos, además de la preservación de su seguridad personal.

Así, el Comité debe seguir la remisión del propio artículo 29  y al 6o. de la Constitución, y la que éste, a su vez, hace a los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para determinar qué información, de la contenida en las declaraciones, es la que debe mantenerse reservada o resulta confidencial, atendiendo a los lineamientos establecidos en estos artículos.

En términos materiales, es no hacer pública la información que ponga en peligro la vida o la integridad del servidor, como lo indica la fracción V del artículo 113 y la que se refiere a los datos personales que queden fuera de la finalidad del Sistema Nacional Anticorrupción; esto es, que no sean necesarios para la determinación del patrimonio del servidor público y su modificación en el tiempo en relación con el ingreso que percibe al desempeñar su función, que es como debe entenderse a lo que se refiere el párrafo primero del citado artículo 116. Por lo tanto, se concluye que el legislador sí definió directamente y de manera clara los lineamientos y elementos que debe observar el Comité Coordinador para la elaboración de los formatos de las declaraciones.

Si bien la expectativa de privacidad de un servidor público disminuye, la misma no desaparece y, si bien el interés público hace que la necesidad de escrutinio sea mayor, esto no elimina completamente la esfera privada del servidor, en particular con aquella información no necesaria para lograr las finalidades apuntadas y que puede poner en peligro la vida o la integridad del propio servidor público, concluyeron los ministros.

Más información scjn.gob.mx 

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