Juego de cartas

La operación de algunos casinos en nuestro país ha estado envuelta en irregularidades, tan es así que hace casi cinco años se empezaron a cancelar y anular los permisos de aquellos casinos que estaban fuera de norma. Uno de esos casos ha sido llevado a un tribunal de arbitraje del Tratado de Libre Comercio.

El caso se relaciona con cinco casinos que operaban bajo la marca Kash y que eran administrados por una empresa Exciting Games, S. de R.L. de C.V., operando cada casino con una razón social distinta pero que en común se identificaban como Juegos de Vídeo y Entretenimiento, pero, al final, el entramado de estos cinco casinos implica a doce empresas nacionales, además de 20 empresas de Estados Unidos y 19 ciudadanos norteamericanos.

El permiso para operar los casinos fue declarado insubsistente por la Secretaría de Gobernación y fueron clausurados definitivamente en 2015, además de que la administración de la empresa presentaba irregularidades, existiendo acciones en tribunales nacionales en contra de los principales socios, dentro de los cuales e incluye Gordon Burr.

El caso lo tienen perdido prácticamente en México, pero los afectados presentaron una reclamación en contra de nuestro país por supuestamente violar el Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Sin embargo, el caso ha presentado diversas irregularidades ya que no se ha establecido con claridad cuál es la participación de cada inversionista afectado, tanto personas físicas como morales, en los casinos.

Es por esto que México ha solicitado al CIADI que la reclamación de arbitraje se declare nulo ab initio (nula de inicio) debido al incumplimiento de las demandantes con requisitos claros y obligatorios estipulados en los Artículos 1119 y 1121 del TLCAN y a que no se puede considerar que nuestro país haya otorgado su consentimiento al arbitraje.

Por ello solicita que los demandantes prueben ante el Centro que cada una de ellas tiene al menos una “inversión” en territorio mexicano para hacer valer su legitimidad procesal conforme al TLCAN; legitimidad procesal para presentar una reclamación bajo el Artículo 1117 del TLCAN a nombre de las Empresas Mexicanas; y que las renuncias y consentimientos que presentaron a nombre de las Empresas Mexicanas son legalmente válidos.

En resumen, México sostiene que, si no se ha dado cumplimiento a los requisitos legales, la reclamación debe ser desechada en su totalidad sin necesidad de entrar al fondo del asunto.

Los supuestos afectados pretenden que nuestro país les pague de indemnización 100 millones de dólares, argumentando que los casinos fueron cerrados de forma ilegal, arbitraria y discriminatoria, a pesar de que en los tribunales nacionales se ha demostrado que las empresas operaron ilegalmente.

Más información naftaclaims.com

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