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Al resolver un amparo directo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció criterios para promover acciones colectivas, en este caso, en materia de transporte.

En el caso, Acciones Colectivas de Sinaloa, A.C. (ACAC) promovió una acción colectiva en contra de Alianza de Transportadores y Camioneros de Servicios Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, Sinaloa, por no proporcionar un servicio de calidad, eficiente, seguro y eficaz, conforme a lo que establece la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa y su Reglamento.

ACAC obtuvo una sentencia favorable tanto en primera como en segunda instancia, condenando a la Alianza a prestar el servicio en los términos previstos en la ley y su reglamento, es decir, respetar el límite de velocidad máxima permitida, respetar las paradas y paraderos autorizados, portar el número de permiso y razón social para fácil identificación de las unidades, que presenten pintura exterior en buen estado, higiene exterior e interior, la instalación en el interior de las unidades de una placa metálica o tarjetón en la que conste identificación del nombre del operador; respeto al horario de salida y llegada; servicios correctivos de mantenimiento para las unidades, entre otras, además de medidas adicionales encaminadas a lograr la prestación de un servicio de calidad, eficiente, seguro y eficaz.

En resumen, cumplir con sus obligaciones legales.

Pero en diciembre pasado, la Alianza interpuso un amparo en contra de la sentencia dictada por el el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Circuito, al considerar que no se reunían los requisitos para una acción colectiva, lo que detuvo el cumplimiento de la sentencia.

Al analizar el asunto, en la vía de amparo directo, la Primera Sala sostuvo que “uno de los objetivos de las acciones colectivas es que la sentencia brinde status al grupo frente a un hecho y generar en la sociedad un efecto disuasivo ante abusos, desincentivando prácticas masivas ilícitas de agentes económicos, esto, además de satisfacer el principio de economía procesal, que permite que diversas acciones individuales destinadas a hacer exigibles los mismos tipos de derechos en una controversia, sean sustituidas por una acción única, lo que ahorra tiempo y recursos materiales no solo para la colectividad afectada y su contraparte, sino también para las instituciones encargadas de la impartición de justicia, cuyo beneficio incluye a terceros, personas físicas que no participaron en la demanda de acción colectiva ni se adhirieron durante la sustanciación del proceso, que tengan una afectación con base en circunstancias comunes”.

La Primera Sala consideró que el caso se presentan estos requisitos, por lo que negó el amparo.

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