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Al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por una minoría de legisladores del Congreso del Estado de Yucatán en contra de las reformas a la Ley de Transporte de la entidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por primera vez analizó el uso de plataformas tecnológicas como Uber o Cabify para prestar servicios de transporte.

Las reformas fueron publicadas en 2016 para regular la prestación del servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas como Uber o Cabify y las características de los vehículos que prestan ese servicio.

Los legisladores impugnaron la constitucionalidad de esas reformas al considerar que establece a los operadores de los vehículos relacionados con las plataformas una serie de requisitos extra a los de otros taxis, con el fin, señalaron, de proteger un monopolio, vulnerando los derechos de igualdad, irretroactividad de las leyes, libertad de trabajo, tránsito, libre concurrencia y competencia.

La iniciativa aprobada establece, entre otras cosas, que los propietarios de autos con precio mayor a 200 mil pesos podrán otorgar el servicio de transporte a través de la contratación de plataformas tecnológicas; asimismo, únicamente los propietarios de estos vehículos podrán otorgar el servicio.

Pero, ¿qué fue lo que decidieron los ministros sobre el tema?

En primer lugar, coincidieron con los legisladores de forma tácita que las empresas como Uber o Cabify son intermediarias y que al final brindan un servicio de transporte.

Además, concluyeron que los estados son competentes para regular los servicios de transporte en general y en particular el servicio que se presta a través de plataformas electrónicas, por lo que cada entidad federativa estaría en la libertad de establecer libremente las características con las que se preste este servicio de transporte.

Respecto a la violación del principio de igualdad, por supuestamente exigir más requisitos a los operadores de los vehículos afiliados a las plataformas electrónicas que a los taxis, la mayoría lo consideró infundado, o sin fundamento, porque se trata de dos modalidades del servicio de transporte “…completamente diferentes…”, por lo que no son comparables.

En cuanto a las características del servicio, al no alcanzar la votación necesaria de ocho votos para decidir sobre la constitucionalidad de las disposiciones, se desestimaron y por lo tanto, quedan vigentes la obligaciones de las empresas de redes de transporte para cobrar por sus servicios únicamente a través de tarjetas de crédito o débito; el valor del vehículo para prestar el servicio y que cuenten con aire acondicionado y equipo de sonido.

Por otra parte, se estableció la validez de las porciones normativas que establecen que los vehículos no deben tener más de siete años de antigüedad, que tenga máximo siete plazas, incluyendo al operador, mínimo cuatro puertas, cinturones de seguridad en condiciones de uso para todos los pasajeros, bolsas de aire delanteras, así como que el vehículo cumpla con los requisitos administrativos para su circulación previstos en la Ley de Tránsito y Vialidad del estado.

Asimismo, es válido el obligar a los operadores del servicio de transporte de pasajeros contratados a través de plataformas tecnológicas a “prestar el servicio de conformidad con la tarifa, ruta y demás términos y condiciones del contrato”,  y que el certificado mediante el cual se les autoriza a prestar el servicio establezca la ruta o municipio en el que se prestará el mismo. 

En conclusión, los estados están facultados para regular sistemas como Uber y al ser una modalidad del servicio de transporte que no es comparable con el servicio de taxis, se le pueden exigir requisitos distintos a los aplicables a otros prestadores del servicio en modalidades distintas, por lo que la ley de Yucatán es constitucional. 

Más información scjn.gob.mx

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