El caso de Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena acusada del secuestro de seis agentes de la AFI, y que ya fue puesta en libertad, sigue dando de que hablar.

El pasado martes la Procuraduría General de la República entregó a la Cámara de Diputados, un informe respecto a este caso.

En el documento, Jorge Alberto Lara Rivera, Director General de Normatividad de la dependencia, dice que los nuevos elementos con que contaron, “…permiten concluir, a favor de la citada procesada, se aplique la figura jurídica de la "duda razonable", consistente en que si de las pruebas existentes se advierte una duda, por mínima que sea, respecto a la responsabilidad penal del reo, debe absolverse… De ahí que opere el principio de indubio pro reo, pero esto de ninguna manera significa que se haya demostrado … la inocencia de Jacinta Francisco Marcial, sino que no fue posible comprobar de manera plena su participación en la comisión de los delitos… (y) esto no elimina jurídicamente las incriminaciones en su contra y, de forma ineludible, en el asunto que nos ocupa existen delitos cometidos en agravio de otros ciudadanos (sic)”

Para poder entender la dimensión de los disparates es necesario aclarar algunos conceptos.

La figura jurídica de la “duda razonable” o “indubio pro reo”, es un principio general de derecho que se encuentra incluido específicamente en los códigos de procedimientos penales de los distintos estados de la República, como son el Distrito Federal, Quintana Roo, Campeche, Guerrero, Nuevo León, Chiapas, Estado de México, que establecen en general que en caso de duda, debe absolverse al acusado. En el Código de Procedimientos Penales no existe una disposición específica al respecto.

La “duda razonable” se relaciona con el principio de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, principio que se encuentra incluido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde el 19 de junio de 2008 y que a la letra dice “…Derechos de toda persona imputada: a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”

Pero no es suficiente que el Juez dicte sentencia, sino que ésta debe ser firme, es decir, que ya no admita recurso alguno y teniendo efectos de cosa juzgada. Hasta entonces una persona puede ser considerada responsable de un delito.

Y aunque el principio se incluyó en la Constitución en 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido sosteniendo con anterioridad que “…de los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, párrafo primero, y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política deriva el principio de presunción de inocencia, y de esta inferencia, relacionada con los artículos 17, segundo párrafo, y 23 del citado ordenamiento, se concluye la existencia del principio in dubio pro reo, el cual goza de jerarquía constitucional…”

Y continúa diciendo el criterio de la Corte “…el referido artículo 23, in fine, proscribe la absolución de la instancia, es decir, absolver temporalmente al reo en una causa criminal cuando los elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no resultan suficientes para acreditar su culpabilidad; por lo que la absolución debe ser permanente y no provisoria.”

De lo anterior se advierte que Lara Rivera se equivoca al considerar que es al ministerio público a quien le corresponde valorar las pruebas. Esta es una actividad exclusiva del juez. Y se equivoca también al afirmar que se debió haber demostrado la inocencia de la Sra. Francisco.

Por el contrario, el ministerio público no acreditó en el expediente el delito de secuestro y la probable responsabilidad de Jacinta. Por eso se vieron obligados a presentar conclusiones no acusatorias.

Finalmente, la consecuencia de estas conclusiones no acusatorias es que el juez emite un auto de sobreseimiento, es decir cesa o desiste del proceso judicial.

Este auto de sobreseimiento tiene como primer efecto que el acusado es dejado en libertad; el segundo es que surte los efectos de una sentencia absolutoria con valor de cosa juzgada.

Una sentencia absolutoria resuelve en definitiva la no responsabilidad penal del acusado respecto de los delitos que se imputan; es decir, se declara la inocencia del acusado en el delito que se le imputó y por el cual se instruyó en su contra el proceso penal respectivo, y al ser cosa juzgada, ya no puede ser modificada.

Por ello ya no puede ejercitarse nueva acción penal por los mismos hechos y el mismo delito, ya que con se estaría violando la segunda garantía individual que consagra el artículo 23 constitucional, que expresamente ordena: "Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito".

Una vez más, conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles y la Constitución, Jacinta Francisco Marcial es inocente en relación con el delito de secuestro del cual se le acusaba y Lara Rivera se equivoca.

Si al declarar Lara Rivera que no se eliminaron las incriminaciones en contra de Jacinta respecto delitos cometidos en agravio de otros ciudadanos, se refiere a los delitos en contra de los derechos de autor o “piratería”, la Sra. Francisco Marcial, constitucionalmente es inocente hasta que no se pruebe su responsabilidad. Por lo que por tercera vez Lara Rivera se equivoca.

El ministerio público debería tener perfectamente claro cuales son los alcances de la presunción de inocencia antes de exhibir a la institución que representa.

Mientras en nuestro país hablan con ligereza sobre la responsabilidad de una persona, e incluso, en ocasiones se le exhibe como culpable de los delitos que se le imputan, en Francia el ex primer ministro francés Dominique de Villepin anunció que va a demandar al presidente Nicolas Sarkozy porque ha cuestionado su presunción de inocencia, al hablar de los "culpables" en el juicio por el escándalo Clearstream.

www.miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, concediendo crédito a miabogadoenlinea.net