Jacinta Francisco

En 2008 Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio fueron condenadas a prisión por supuestamente haber secuestrado a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en Amealco, pero cuatro años después fueron exoneradas. Hace casi 10 años de ese evento y el próximo 21 de febrero la Procuraduría General de la República (PGR) ofrecerá una disculpa pública.

En el caso, el ministerio público no acreditó en el expediente el delito de secuestro y la probable responsabilidad de Jacinta. Por eso se vieron obligados a presentar conclusiones no acusatorias, obteniendo Jacinta su libertad el 16 de septiembre de 2009.

Alberta y Teresa no lograron ser absueltas y su sentencia fue ratificada, además de que tenían que pagar una multa y la reparación del daño. En abril de 2010  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó su sentencia y las declaró inocentes.

En los tres casos, en septiembre de 2010 el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC (Centro Prodh) presentó a la PGR una reclamación con base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para que se reparara el daño moral y económico que habían sufrido, pero a finales de 2012 la PGR se negó a la reparación del daño.

Contra esta decisión el Centro Prodh promovió ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa un recurso solicitando además que la reparación del daño fuera integral  incluyendo otras medidas de reparación más amplias como ordenarle al Estado una disculpa pública o acciones tendientes a garantizar que hechos como los que vivió Jacinta no se vuelvan a repetir, y no sólo la reparación del daño personal y el daño moral.

Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) buscó interponer un recurso para impedir la disculpa pública y la reparación del daño a la indígena, éste fue desechado y en mayo del 2016, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó reparar el daño a Jacinta Francisco Marcial. Lo mismo sucedió poco después con Alberta Alcántara y Teresa González.

El Tribunal Colegiado hizo énfasis en la disculpa, ya que desde su perspectiva una indemnización no resarcía el daño ocasionado a las queretanas.

Dicha sentencia fue de carácter inapelable, por lo que el próximo 21 de febrero la dependencia federal ofrecerá la disculpa pública en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología e Historia (INAH), en un acto de reconocimiento público respecto a su inocencia. Tuvieron que pasar casi ocho años y una batalla legal para que esto sucediera.

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