La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a favor de Gabriela Maldonado Rivera, una mujer que fue golpeada a latigazos por exigir sus derechos políticos al querer formar parte del gobierno municipal de San Martín Peras.

Desde finales del año pasado, Maldonado Rivera, Rosa Aguilar y Marina Díaz intentaron participar en las elecciones municipales, pero fueron rechazadas porque según los “usos y costumbres” de la comunidad, las mujeres no pueden participar en política.

En la Asamblea General Comunitaria para la elección ordinaria de Concejales Municipales por Sistemas Normativos Internos, conocidos como usos y costumbres, las autoridades se eligen por los propios mayordomos y agentes municipales y las mujeres no tienen participación. Aquellas que desafían esta “costumbre” son víctimas de amenazas, hostigamiento y, como en este caso, de agresiones físicas.

Las medidas cautelares dictadas por la DDHPO están dirigidas a la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca para que proceda contra el presidente municipal de San Martín Peras, Santiago Ramírez Cervantes, y el síndico Sergio Rivera Flores, así como el agresor, que según las denuncias fue el abuelo de la mujer, la que después de recibir el castigo físico, quedó inconsciente.

Rosa Aguilar y Marina Díaz también presentaron una denuncia por haber recibido amenazas de que iban a ser encarceladas.

La Constitución reconoce en el artículo 2°, apartado A, la libre determinación de los pueblos indígenas, incluyendo la forma de elegir a sus autoridades, pero claramente establece que en esa libre determinación se debe garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones.

Asimismo, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, establece en el Libro Sexto relativo a la renovación de los Ayuntamientos en Municipios que electoralmente se rigen por Sistemas Normativos Internos, un capítulo en el que se reconoce y tutela el derecho a la libre determinación y autonomía, pero establece que las normas, procedimientos y prácticas tradicionales, garantizarán que las mujeres disfruten y ejerzan su derecho a votar y ser votadas, en condiciones de igualdad frente a los hombres.

Así, el derecho de los pueblos indígenas para conservar sus usos y costumbres se encuentra limitado al respeto de los derechos humanos reconocidos por el sistema jurídico nacional e internacional.

El municipio de San Martín Peras esta entre los de mayor índice de rezago y marginación en el país.

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