La Comisión Nacional Bancaria y de Valores está por modificar la Circular Única de los bancos, dentro de la cual se incluirán las medidas básicas de seguridad que deben cumplir los bancos conforme al artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Estás medidas desregulan los aspectos fundamentales para la seguridad de las Instituciones, en particular de sus sucursales, instalaciones, bienes, patrimonio, trabajadores y público usuario, así como para el resguardo en la transportación de efectivo y valores, dejando a las instituciones financieras definir estos temas.
Así, la instalación de cámaras de seguridad irá variando según el tipo de sucursal de que se trate, retirando además la obligación de que los cajeros automáticos que se encuentren fuera de las sucursales cuenten con sistemas para grabar imágenes.
Adicionalmente se restablecen los controles de accesos al área de cajeros automáticos ya sea electrónicos o mecánicos, medida que fue retirada desde el sexenio pasado, a recomendación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en virtud de que estos sistemas contribuían a la clonación de tarjetas de crédito y débito por parte de los delincuentes.
Este último tema ha preocupado especialmente a la CONDUSEF ya que mensualmente se presentan en promedio 5,000 quejas en contra de estos dispositivos, por lo que incluso ha recomendado que la Banca, a través de sus Centrales de Monitoreo, inhiba el software del equipo cuando se detecte que el cajero está siendo manipulado indebidamente y que invariablemente incluyan en equipos de grabación de imágenes de todos los movimientos que se efectúan, a fin de que se ponga a disposición de los usuarios este material como elemento adicional para aclarar las controversias existentes.
Además ha impulsado desde 2005 la emisión de una Norma Oficial Mexicana que brinde más protección a los tarjetahabientes en relación con los cajeros automáticos, pero el proyecto no ha avanzado.
De este documento se desprende que las instituciones financieras insisten en no prestar atención a las recomendaciones que en la materia les han hecho distintas autoridades desde el año 2000.
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