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La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la inconstitucionalidad de los artículos 6, 39, 40, 41, 131 y 135, fracciones I y II, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al considerar que su redacción es discriminatoria hacia las parejas del mismo sexo.

Los magistrados consideraron que las disposiciones van en contra de lo previsto en los artículos 1 y 123 de la Constitución federal vulnerando el principio de igualdad y no discriminación, así como el derecho a la seguridad social y la protección de la familia, así como la extensión de los beneficios de la seguridad social a los familiares del trabajador, pensionado o jubilado.

El alto tribunal decidió estudiar lo establecido por la ley después que una pareja de mujeres impugnó estos artículos toda vez que el ISSSTE negó a una de las mujeres, quien es derechohabiente, la posibilidad de inscribir a su cónyuge como beneficiaria, por lo que se les concedió el amparo.

La Segunda Sala de la Corte determinó que todas las personas que contraen unión tienen derecho a los beneficios directamente asociados al matrimonio, así como a los materiales que provienen de todos los ordenamientos jurídicos.

La sentencia de la SCJN prevé, retomando precedentes de la propia Corte, que “el derecho de las personas a establecer un vínculo matrimonial con otra –ya sea del mismo género o de diferente- no sólo implica el derecho de acceso a los beneficios directamente asociados al matrimonio en el ámbito civil, sino también el derecho a los beneficios materiales que provienen de todos los ordenamientos jurídicos, como pueden ser beneficios fiscales, de solidaridad, por causa de muerte, de propiedad, de toma subrogada de decisiones médicas, en temas migratorios y, con esta decisión, en materia de seguridad social”.

Asimismo, la Corte determinó que, conforme a los artículos 40 y 121, fracción IV, de la Constitución, todas las autoridades del Estado sean del orden Federl o local, están obligadas a reconocer el estado civil de las personas, incluso si sus propias legislaciones no reconocen los matrimonios igualitarios. Esto para garantizar los derechos civiles derivados de la unidad del pacto federal.

Desde hace cuatro años sigue pendientes de aprobarse una serie de reformas la Ley del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que entre otros aspectos, garantiza el derecho a la salud de los trabajadores asegurados, unidos civilmente a través de matrimonio, sociedades de convivencia, pactos civiles de solidaridad, o que viven en concubinato y que cumplan con el pago puntual de sus cuotas, incluyendo a las parejas del mismo sexo.


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