Logo de la Suprema Corte

Al resolver un recurso de revisión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los derechos que otorga el artículo 191, fracciones V, XVI, XX y XXI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a los usuarios de los servicios de telefonía móvil no violan la Constitución.

Diversas empresas de telecomunicaciones promovieron un amparo en contra de estas disposiciones al considerar que el derecho fundamental de libertad de comercio por imponer diversas restricciones que estimaron injustificadas, limitar el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones que prestan en su calidad de concesionarias, y porque, además, contravienen la garantía de irretroactividad de la ley que prevé el numeral 14 de la Constitución Federal, al modificar y desconocer las condiciones para la prestación del servicio de telefonía móvil creadas conforme a la abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones.

En su sentencia la Segunda Sala precisó que son constitucionales las normas que establecen diversas obligaciones para los concesionarios, como la de incluir en los contratos de adhesión que celebren con los usuarios penas razonables por la cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor y la suspensión temporal del servicio por falta de pago; la de abonar a los usuarios del servicio móvil de prepago el saldo no consumido en la siguiente recarga que se realice dentro del año siguiente a que se venza el saldo; y el desglosar, en el pago mensual la parte que corresponda a la prestación del servicio y la que corresponda al costo del equipo o instalaciones y el plazo de dicho pago, entre otras.

Lo anterior, porque con tales medidas no se impide a los concesionarios que prestan el servicio de telecomunicaciones ejercer las actividades correspondientes a la concesión que les fue otorgada por el Estado, sino únicamente, se trata del cumplimiento de diversos requisitos, los cuales son necesarios para garantizar el buen desarrollo de la prestación del servicio.

Requisitos que tienen un objetivo constitucionalmente válido, expresamente previsto en la Norma Suprema, consistente en proteger los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía móvil, los que además resultan proporcionales con el fin que se persigue, porque obedecen a la existencia de circunstancias de apremio social.

Por otro lado, concluyó la Sala que no existe retroactividad de la ley, en razón de que el título de concesión que el Estado otorgó a las empresas, contiene cláusulas y condiciones a las cuales las inconformes se encuentran obligadas y que son susceptibles de modificación porque el Estado mantiene en todo momento el dominio directo del bien público concesionado.

Por ello la Segunda Sala consideró infundada la pretensión de las quejosas de que su concesión otorgada con anterioridad a la vigencia de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no pueda tener modificaciones, porque el desarrollo del servicio público que les fue concesionado se encuentra sujeto a toda la legislación vigente, por así prevenirlo expresamente el título de concesión en sus cláusulas.

Asimismo, se establece que las cláusulas de la concesión no representan en momento alguno derechos adquiridos, porque tienen que ver con el aspecto regulatorio del desarrollo del bien público, sobre el que no se tienen derechos, sino sólo la obligación de prestar el servicio al amparo de la concesión otorgada para satisfacer una necesidad pública.


miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, con crédito a miabogadoenlinea.net

Pin It