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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado a los integrantes de los tribunales Superior de Justicia, de lo Contencioso Administrativo y Electoral de la Ciudad de México la suspensión provisional de la obligación de que se hagan públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal que les impone el artículo 121, fracción XIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Esta disposición establece que las autoridades de los tres poderes de la Ciudad de México deberán contar con una “versión publica” de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores públicos.

Los juzgadores no cuestionan la constitucionalidad de la disposición que les obliga a presentar estas declaraciones, sino de la que obliga a difundir “versiones públicas” de las mismas al violar el derecho humano a la privacidad y la intimidad y poner en riesgo el ejercicio de la función jurisdiccional, al obligar a jueces y magistrados a revelar datos personales que podrían hacerlos vulnerables a presiones externas, Además de que va más allá a lo previsto en la Ley General de Transparencia.

Inicialmente la suspensión les había sido negada por el ministro José Ramón Cosío. Sin embargo, la Segunda Sala revisó la decisión y concedió la suspensión en tanto se resuelve sobre la constitucionalidad de esta disposición, por lo que las declaraciones de estos servidores públicos del poder judicial de la ciudad de México no podrán hacerse públicas.

Al discutir el caso, los ministros de la Segunda Sala, por mayoría, consideraron que negar la suspensión implicaría que las declaraciones se hicieran públicas y el amparo tendría que ser sobreseído al quedar sin materia.

El artículo 40 tercer párrafo de la aún vigente Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establece que “la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”.

La constitucionalidad de esta disposición fue revisada en 2014 por la Suprema Corte de la Nación, concluyendo que es constitucional, ya que el derecho a la información no es absoluto y tiene límites, como son  la protección de la vida privada y los datos personales previstos en los artículos 6º, fracciones I y II , y 16, párrafo segundo.

La Suprema Corte destaca que la información contenida en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos es de carácter eminentemente personal y privada, en la medida que dichos servidores, como cualquier persona, tienen datos que los identifican y en otros casos los hacen identificables.

Este caso permitirá que la iniciativa de hacer públicas las declaraciones de los funcionarios públicos sea revisada, a fin de determinar si viola sus derechos humanos.


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