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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los jueces tienen la obligación de reducir los intereses de las deudas de forma oficiosa y prudencialmente, valorando las circunstancias particulares del caso y las actuaciones que tenga para resolver.

Los ministros "deben proceder a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente para que no resulte excesiva, mediante la apreciación razonada, fundada y motivada, y con base en las circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver", indicaron.

La Primera Sala subrayó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21, párrafo 3, establece que “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”, por lo que, para evitar la violación al derecho humano a la propiedad privada, los jueces deben revisar cada caso, a detalle y de forma cuidadosa, resolvió el Pleno de la Primera Sala.

Los ministros consideraron que, si un juez advierte que la tasa de intereses consignada en un pagaré es notoriamente excesiva, puede efectuar el análisis necesario para que las tasas se reduzca, atendiendo las circunstancias del caso y las actuaciones.

Con esta decisión, la Primera Sala ratificó dos jurisprudencias que se han sostenido desde hace dos años de que el que las partes puedan acordar libremente un interés en una deuda tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo.

A criterio de los ministros, los parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter excesivo del rédito son: a) el tipo de relación entre las partes; b) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; c) el destino o finalidad del crédito; d) el monto; e) el plazo; f) la existencia de garantías para el pago; g) las tasas bancarias de interés para operaciones similares a las analizadas; h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador.


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