En Inglaterra, mientras las horas de este día pasan, dos padres luchan ante la corte por mantener con vida a su hijo de nueve meses.

 

Están apelando la decisión de una jueza que dispone que el niño tiene el derecho a morir y faculta a los médicos responsables del hospital donde el bebé está internado a desconectar el ventilador que lo mantiene con vida desde que tenía tres semanas de nacido.

 

El niño nació con un extraño desorden metabólico, no puede respirar por si mismo y tiene un serio daño neurológico. Los padres solicitaron a los médicos que le administraran el tratamiento necesario para mantenerlo con vida, mientras el pequeño no sufriera dolor intolerable.

 

Los médicos, sin embargo, declararon que el niño no tiene posibilidades de recuperación y que seguir con la medicación y el tratamiento lo pone en estado de sufrimiento por lo que han recomendado retirar el ventilador.

 

Dada la negativa de los padres, el caso llegó hasta un juzgado. Los padres argumentaron que el niño, bajo la Convención Europea de los Derechos Humanos, tiene el derecho a la vida que sería violado con la interrupción del tratamiento.

 

La jueza no opinó lo mismo y falló en contra de ellos argumentando que el niño tenía derecho a la vida, pero que ello no confería el derecho de mantenerlo con vida bajo cualquier circunstancia. Reconoció que se trató de una difícil decisión y debido a la angustia de los padres, les dio tiempo al poner en estado de suspensión temporal la sentencia y con ello darles la posibilidad de apelar su decisión antes de que se apague el ventilador del menor y se de por finalizado su tratamiento.

 

 Fuente Times on Line

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Un juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa en el estado de Arizona, Estados Unidos, retiró, después de una semana de juicio y en una muy controvertida decisión, todos los cargos en contra de George Iknadosian, comerciante de armas acusado de vender armas al cartel de los Beltrán Leyva en Sinaloa.

 

El Fiscal General del Estado, declaró estar muy decepcionado de la decisión judicial y dijo que están buscando los medios para apelar dicha decisión, pero que al tratarse de un veredicto directo en donde el juez retira los cargos por falta de evidencia, saben que será muy difícil revertir la decisión.

 

Con este veredicto judicial se pone en evidencia la dificultad que existe, por las leyes existentes en la materia, de perseguir y condenar a comerciantes de armas responsables de la venta ilegal de armas a grupos mexicanos, aún cuando se ha podido demostrar que más de 500 armas recuperadas en operativos en México, responsables de más de 6,000 muertes el año pasado en nuestro país, provienen de Arizona.

 

George Iknadosian fue acusado de fraude por la venta, con conocimiento de causa, de más de 700 armas a cárteles de droga en México, a través de intermediarios.

El hecho de que Bernard Madoff se haya declarado culpable de fraude por $65 mil millones de dólares, no es noticia.

 

A partir de ese momento, ocurrido la semana pasada, Madoff fue esposado y trasladado al centro Correccional Metropolitano donde se encuentra actualmente y donde estará hasta el 16 de junio, fecha en que se tiene previsto dictar su sentencia.

 

El abogado de Madoff, sin embrago, está nuevamente en tribunales solicitando al panel de tres jueces que reconsideren el restablecimiento de la fianza a favor de su cliente a fin de que pueda esperar sentencia en su departamento de Manhattan, en donde estuvo bajo arraigo domiciliario desde el pasado mes de diciembre.

 

El abogado argumenta que si Madoff no huyó del país en el pasado, no tiene motivos para hacerlo ahora, pero la fiscalía responde diciendo que tiene los medios para huir a alguna residencia que tiene en el exterior, a nombre de su esposa, por supuesto, como por ejemplo, Francia.

 

Serán los jueces quienes decidan si aceptan la fianza para que este hombre que siguiendo un esquema piramidal defraudó a miles de personas por más de dos décadas, y así pueda esperar su sentencia en la comodidad de residencia.

 

Fuente New York Times

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Moshe Katsav, quien fuera Presidente de Israel hasta el año de 2007, ha sido formalmente acusado de violación y otros delitos de índole sexual en una corte domiciliada en Tel Aviv.

 

La denuncia la presentan dos mujeres que lo acusan de acoso sexual mientras él fue ministro de turismo y Presidente de aquel país, más un cargo de violación que presenta otra ex empleada quien lo acusa de haberla violado dos veces y de haber forzado un acto indecente sobre ella.

 

El indiciado ha negado categóricamente las acusaciones. Incluso declinó EN 2008 un acuerdo en el que se declararía culpable de conducta sexual inapropiada y que le hubiera liberado de otros cargos más graves, aduciendo que demostraría su completa inocencia ante los tribunales de su país.

 

 

El caso se ha convertido ya en un asunto político pues Katsav acusa al ministerio de justicia de un linchamiento, mientras que el ministerio le responde diciendo que ha hecho del juicio un espectáculo mediático.

 

De ser encontrado culpable, podría enfrentarse a una sentencia de 16 años en prisión y se convertiría en el primer ex mandatario en ser culpable de ofensas sexuales.

 

ACTUALIZACION

 

Pakistán

 

Después de la multitudinaria manifestación de abogados que logró la reinstalación del presidente de la Suprema Corte, el gobierno se ha comprometido a que la Corte revisará el fallo emitido con anterioridad en el cual se negaba al líder de la oposición Nawaz Sharif a ocupar el cargo de Primer Ministro de la Nación.

 

Esta decisión parecería ser un intento de buscar una reconciliación entre los dos partidos más poderosos de ese país.

 

Fuente BBC News  

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La tecnología no debería suponer un dolor de cabeza para nadie. Sin embargo, al estar al alcance de todos, se empieza a convertir en un verdadero problema en el sistema judicial de los Estados Unidos.

 

Esta misma semana se tuvo que anular en Florida un juicio federal relativo a la distribución de drogas, debido a que 8 de los miembros del jurado obtuvieron mayor información del caso a través de búsquedas en Internet.

 

De acuerdo con el sistema legal de aquel país, el jurado debe decidir sobre la evidencia que se presente dentro de la Corte, de ahí que el mismo sistema imponga reglas muy claras tanto para la defensa como para la fiscalía y el propio juez sobre la evidencia que es aceptable presentar y la que puede resultar perjudicial para llegar a un veredicto justo.

 

Anteriormente era más fácil controlar la información que recibían los miembros del jurado, pero hoy en día están a un teléfono de distancia del exterior de las cortes, lo que les permite buscar información adicional a medida que se van presentando las evidencias.

 

Las búsquedas se presentan para obtener información sobre los abogados, los testigos, la evidencia presentada como mapas, tiempo para recorrer distancias, empleo de armas, conocimientos de términos legales, etcétera.

 

Si en nuestro país la diversidad cultural y lingüística debido a las etnias plantea un reto grave al sistema judicial, en Estados Unidos, el reto se ve potenciado aún más debido a la creciente migración de indígenas hacia su territorio.

 

En una redad reciente, se detuvieron a 16 trabajadores ilegales en zonas agrícolas, de los cuales ninguno hablaba español ni inglés y se detectó que algunos hombres hablaban mixteco. De acuerdo con la jurisprudencia de aquel país, los procedimientos de inmigración se deben traducir a la lengua del detenido para darle a conocer su derecho de contestar a la deportación.

 

Con la finalidad de cumplir con el requisito de las traducciones, los agentes se dieron a la tarea de buscar traductores, pero cuando los encontraron, ya estos hombres habían sido deportados tras haber firmado su renuncia de contestación a la deportación. Por supuesto, firmaron sin saber de que trataba el documento que firmaban.

 

Se calcula que existen unos 500,000 inmigrantes indígenas mexicanos en Estados Unidos, con lo cual en aquel país están reconociendo la diversidad cultural que existe no solo en México sino en otros países como Honduras, Guatemala y El Salvador, por mencionar algunos, en donde se hablan cientos de lenguas diferentes entre sí.

 

Y debido a sus leyes, también tendrán que cuidar que sus derechos no se vean vulnerados por la falta de comprensión del idioma.

 

Fuente NY Daily News 

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Pese a que los opositores del gobierno de izquierda de Zapatero opinan que es mejor dejar el pasado atrás sin hurgar mucho en él o sin tomarlo en consideración para el futuro de España, la Ley de la Memoria Histórica está en vigor y con ella los españoles regresan a mirar su pasado.

 

Esta ley establece, entre otras cosas, que no se puede hacer homenaje de personas o hechos que se dieron contra un gobierno constitucionalmente constituido y en tal sentido se deben retirar estatuas, monumentos, placas y nombres de calles, plazas y edificios públicos que hagan referencia al franquismo. Con esta legislación expedida en el 2007 se busca hacer justicia a las numerosas víctimas de ese periodo histórico.

 

 

Es así como se empiezan a cambiar los nombres de las calles de varias ciudades españolas como en León, en donde en los próximos meses se cambiará el nombre de la calle “General Lafuente”, quien fuera el militar franquista que denunció a Juan Rodríguez Lozano, abuelo del actual jefe del gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero.

 

Debido a esta misma ley el Ministerio de Defensa quiere desmontar una enorme vidriera que cubre el comedor de la Academia de Infantería de Toledo y en cuyo diseño se encuentra el escudo franquista.

 

Según fuentes, se quiere llevar esta vidriera al museo del vidrio, por tratarse de una obra de arte, pero se busca retirar de las instalaciones oficiales porque consideran que es contradictorio tener el escudo franquista en una institución que busca formar en el respeto y protección a los valores constitucionales.

 

En España, hasta la fecha se están curando las heridas de muchos españoles agraviados, sin embargo se debe tener cuidado en no llegar al extremo de negar esa parte de su historia como parecería ser lo que está haciendo Alemania con la condena del nacionalsocialismo.

 

Fuente El país.com 

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Montazer Al Zaidi, el periodista que durante el pasado mes de diciembre arrojara sus zapatos al ex presidente de estados Unidos, George Bush, fue condenado el día de hoy por el Tribunal Central Criminal de Irak a tres años de cárcel. La defensa alegó que el periodista no atacó al ex mandatario, sino que lo ofendió. La diferencia, sutil para algunos, radica en que el código penal de Irak establece una pena de cárcel de entre 7 y 15 años de cárcel por atacar a un mandatario extranjero durante una visita oficial, mientras que el insulto u ofensa reduce la pena a dos años de cárcel y una multa

 En Pakistán iniciaron las marchas convocadas en el país por los abogados para que se reinstalen en su cargo a diversos jueces y al presidente de la Suprema Corte, depuestos durante el mandato presidencial de Pervez Musharraf. El caso se agrava, recordemos, con la declaración de la Corte que impide a Nawaz Sharif, importante líder de oposición, aspirar al cargo de presidente.

 

Una corte de apelaciones de Egipto condenó a siete años de prisión al dueño de un ferry que se hundió con más de mil pasajeros a bordo en el año 2006. Los familiares de las víctimas aclamaron la decisión pues pensaban que el empresario era protegido por sus relaciones políticas. Mamduh Ismail, el empresario, fue juzgado en ausencia, o rebeldía, por no encontrarse en el país. Junto con él se condenaron a otras dos personas que luego fueron absueltas. Ismail alega que la culpa del hundimiento de su ferry fue del capitán, quien también falleció en el accidente.

 

Se acaba de confirmar por fuentes oficiales que una persona detenida en Guantánamo hasta diciembre del 2007, y entregado a Afganistán para su repatriación, es comandante militar del Talibán en el sur del país. Este hecho, sin embargo, no es novedoso ya que el Pentagon declaró que el 10% de los 520 reclusos de Guantánamo reinciden al ser repatriados.
 
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Las condenas en Irak tras la caída del régimen de Saddam Hussein, siguen y ahora le ha tocado turno a quien fuera el viceprimer ministro y la cara conocida del régimen del ex dictador: Tarek Aziz.

 

No es el primer juicio en contra de Aziz. Hace dos semanas el Tribunal Penal Supremo iraquí lo declaró inocente de la matanza de protestantes shiítas en 1999, pero hoy lo condena a 15 de cárcel por su participación en la matanza de 42 comerciantes que durante la Guerra del Golfo, acordaron subir el precio del petróleo para generar mayores utilidades.

 

Por el asesinato de estos comerciantes, fueron sentenciados también dos hermanastros de Saddam Hussein, en cuyo caso la sentencia fue la pena de muerte por ahorcamiento. Uno de ellos se manifestó complacido con la sentencia pues siente que morirá como mártir.

 

Alí Hassan, conocido como el Químico Alí, fue encontrado culpable igualmente por estas muertes y sentenciado también a 15 años de prisión. Pero Químico Alí ya ha sido condenado a muerte en juicios previos.

 

El Tribunal Penal Supremo es un órgano que no ha estado exento de críticas por parte de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos, ya que consideran que los procesos tienen problemas administrativos, procedimentales e incluso de contenido jurídico.

 

Fuente BBC News 

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