La Corte Suprema Federal de Suiza confirmó la semana pasada un fallo de primera instancia en la que una mujer fue condenada por haber abierto el correo electrónico de su exesposo sin autorización, confirmando el principio de inviolabilidad de las comunicaciones.

 

En España ha iniciado el mayor juicio sobre los repartidores de apps, normalmente jóvenes en bicicleta o moto con una gran mochila térmica a la espalda, que las empresas identifican como proveedores autónomos, pero que la inspección del trabajo española identifica como asalariados.

 

La decisión de municipalidad de Ixelles, uno de los diecinueve municipios de la Región de Bruselas-Capital, en Bélgica, de no otorgar permiso para la apertura de un local de comida rápida de KFC, ha sido criticada por los empresarios de la región que sostienen que es una decisión carente de fundamento legal.

 

Un tribunal de Columbia Británica, Canadá, falló a favor de una mujer, Lee Anne Lowrie, que fue detenida el pasado 13 de abril por la policía en casa de su hermana por presuntamente haber conducido bajo los efectos del alcohol.

 

La empresa de servicios financieros JP Morgan llegó en Estados Unidos a un millonario acuerdo extrajudicial respecto del pago de permisos de paternidad a los padres. El banco, uno de los más antiguos del mundo, se ha comprometido a crear un fondo de 5 millones de dólares para pagar estas compensaciones.

 

El lunes de la semana pasada, la Junta de Libertad Condicional de Nueva Zelanda volvió a negar la salida de prisión de Alfred Thomas Vincent, un hombre de 81 años que lleva tras las rejas más de 51 años, sentenciado por haber atentado contra el pudor de cinco niños, aunque se cree que pudo haber abusado de más de cien.

 

Delta Airlines fue demandada por una persona que en un vuelo de Atlanta a San Diego en junio de 2017 dice haber sido atacada por un perro que viajaba como mascota de apoyo emocional de un veterano de guerra.

 

Este miércoles los servicios de inteligencia franceses citaron a cinco periodistas para interrogarlos presuntamente respecto de publicaciones que han realizado y que han develado un fuerte escándalo de la administración del presidente Macron. Se trata de una situación que ha sido fuertemente denunciada por el gremio de comunicadores.

 

Con fundamento en una ley ratificada en marzo en Rusia que prohíbe las ofensas a las autoridades y símbolos nacionales, otras dos personas han sido imputadas por ofensas al presidente Vladimir Putin por señalamientos hechos en redes sociales.