Debbie Purdy, la mujer británica con esclerosis múltiple que trajo a la luz pública una vez más el tema de la eutanasia o suicidio asistido, perdió su caso.

Ella demandaba no un cambio a la ley para que en Gran Bretaña se permitiera esta práctica, ni tampoco solicitaba permiso para suicidarse, sino que solicitaba informes precisos del Procurador para saber si Omar Puente, su esposo, será enjuiciado una vez que ella muera por asistirla en su suicidio, según la Ley del Suicidio de 1961 de aquel país.

 

El tribunal llegó a la conclusión de que el procurador no tiene ninguna obligación de informarle del alcance legal de la ley, por lo que ella no tiene la seguridad de que su esposo quedará libre una vez que regrese de Suiza tras solicitar a la clínica Dignitas que la ayude a “bien morir”.

 

De los ciudadanos británicos, que se estiman en 101, que hasta ahora han solicitado los servicios de dicha clínica, ningún familiar ha sido perseguido, aunque en el último caso que se conoce, el de la muerte del jugador de rugby Daniel James, las autoridades interrogaron a dos personas, presumiblemente sus padres, pero no han iniciado una denuncia formal del caso.

Los escándalos por tráfico ilegal de armas parecen estar emergiendo a la luz pública en este último trimestre del año.

 

A principios de octubre inició en Paris, Francia el juicio a 41 eminentes empresarios franceses por la venta ilegal de armas rusas a Angola por valor de unos $734 millones de dólares en la década de los 90. Se trata de un proceso que los medios han denominado como el “Angolagate”.

 

Como todo juicio de estas características, se están destapando nombres importantes de la política francesa ya que entre los acusados se encuentra el hijo del fallecido Presidente francés Francoise Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand de 61 años, pero también Jacques Attali, un banquero intelectual que fuera consejero del ex presidente.

 

Uno de los principales acusados, Pierre Falcone, ha sugerido en su defensa que el gobierno francés estaba al tanto de esta transacción de armas y que además lo permitió una vez que las Naciones Unidas decretaron el embargo a Angola y se prohibió la venta de armas por parte de Francia.

 

La defensa ha alegado que Francia no tiene jurisdicción en este caso ya que las armas fueron directamente desde Rusia hacia Angola sin pasar por el territorio francés, a lo que el poder judicial ha contestado que la jurisdicción radica en el hecho de que la operación fue dirigida por Falcone desde Paris.

 

Otros acusados se han defendido alegando un “complot” para implicarlos en el asunto, como es el caso de Charles Pasqua, quien fuera Ministro del Interior. Mitterrand, por su lado, ha alegado que él solo actuó como consejero de Falcone y que lo hizo una vez que había abandonado el cargo que ejerció durante el gobierno de su padre como experto en asuntos de África.

 

Pero el tema no acaba ahí ya que la semana pasada inició el juicio en Buenos Aires contra Carlos Saúl Menem, ex presidente de Argentina, acusado del tráfico ilegal de armas argentinas hacia Croacia y Ecuador, en la misma década de los 90, cuando estaba vigente la prohibición de venta de armas a estos países.

 

Este juicio inició sin la presencia del acusado, quien alegó problemas de salud que no le permitían trasladarse a Buenos Aires, a lo que los miembros del tribunal solicitaron un peritaje para asegurar que en efecto se trata de problemas de salud y no de una argucia por parte de Menem.

 

Se tiene previsto que este juicio dure unos siete meses y que en el testifiquen también los ex presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rua, así como otros ex funcionarios de alto rango, incluido el ex jefe del ejército argentino.

 

En Argentina es el primer juicio que se lleva en contra de un ex presidente democrático y ahí radica la importancia del asunto.


ACTUALIZACION

El 27 de octubre de 2007, Jean-Christophe Mitterrand, hijo del ex presidente de Francia, Francoise Mitterrand, fue condenado a dos años de cárcel y a pagar 375,000 euros tras ser encontrado culpable de aceptar sobornos para traficar armas a Angola. También fue condenado Charles Pasqua, ex ministro del Interior.

Fuente TimesonLine y eluniverso.com 

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El programa Street View de Google tiene la intención de filmar diferentes localidades para que desde cualquier parte del mundo cualquier persona pueda hacer un recorrido virtual por esas ciudades y poblaciones.

 

Pero en Alemania se toparon con un serio impedimento al llegar al pueblo de Molfsee, donde sus cinco mil habitantes se unieron para evitar la invasión a la privacidad de sus pobladores y llevar su solicitud de prohibición al Parlamento local.

 

El parlamento de Schleswig-Holstein, que es el Estado Federal donde se encuentra dicha localidad, aceptó la queja y por primera vez en la historia del programa, prohibió a Google hacer los videos de esta o cualquier otra localidad de ese Estado.

 

Google se defiende mencionando que se guardan los datos de los pobladores en cuanto a placas de conducir o direcciones, y que lo que ellos presentan no es nada diferente de lo que cualquier transeúnte puede ver desde la calle.

 

Pero el Parlamento lo consideró una intrusión y la fundamentación legal que sostuvieron en este caso, señalan que es aplicable para toda Alemania por lo que cualquier otro Estado Federal podría prohibir este programa en sus ciudades.

 

¿Se trata en realidad de una invasión a la privacidad o es una reacción a la desconfianza generalizada que se vive en el mundo?

 

Otras ciudades han visto este programa como la oportunidad de publicidad turística gratuita. Es otra situación que depende del cristal con que se mire.

 

Fuente BBC Mundo
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Con su demanda, la británica Debbie Purdy atrajo atención al tema de la eutanasia en aquel país, así como sobre la existencia de Dignitas, la clínica suiza en suicidio asistido a enfermos terminales.

 

Y quizá por ello es que hoy a poco más de un mes de la muerte en dicha clínica de Daniel James, un jugador de rugby de 23 años que en marzo pasado a raíz de una lesión en el entrenamiento quedó paralizado del pecho hacia abajo, las autoridades están investigando el grado de participación de dos personas, un hombre y una mujer, presumiblemente sus padres, en dicha muerte.

 

Porque según el dicho de sus padres y amigos, Daniel ya no quería vivir una vida de “segunda categoría”, como la califica su padre, por lo que decidió con plena conciencia poner fin a su vida en Suiza, país donde el suicidio asistido o eutanasia está permitido.

 

Por su parte,  se acaba de sancionar en California, Estados Unidos, la Ley de los Derechos de los Pacientes Terminales para Conocer las Opciones de Terminación de Vida.

 

Esta ley es la primera en su tipo en la Unión Americana y si bien no legaliza de ninguna manera la eutanasia, otorga el derecho al paciente de que el médico le informe de las posibilidades que existen para terminar sus vidas, ya sea al cuidado de hospicios o con cuidados paliativos y otorga el derecho de que el paciente se niegue a recibir tratamiento o extensión artificial de vida o incluso que termine con estos tratamientos anticipadamente, y hasta negarse a ser alimentados e hidratados.

 

La ley se refiere exclusivamente a pacientes terminales, no a pacientes de la tercera edad con enfermedades crónicas, a quienes los médicos no están obligados de informar estas posibilidades.

 

Faculta a su vez a que el paciente elija de entre esas opciones cómo terminar su vida y al médico tratante a retirarse del caso si considera que esa decisión es contraria a sus creencias personales.

 

Fuente Timesonline y The New York Times

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A principios de octubre, en Irlanda del Norte se aprobó la creación de una comisión especial encargada de mantener la vigilancia de los criminales sexuales y violentos una vez que son puestos en libertad.

 

Se trata de una agencia especial integrada por la policía, servicios sociales y el servicio probatorio que surge en un intento de reducir el riesgo que estas personas representan para la sociedad una vez que terminan de cumplir su sentencia.

 

Pero ¿el sistema penitenciario no incluye además de una sanción la reeducación del reo para ser reinsertado en la sociedad? La creación de una comisión de este tipo pone en jaque esta premisa del derecho penitenciario.

 

Quizá en lugar de destinar recursos a esta policía valdría la pena revisar las sanciones de estos delitos sexuales y violentos a fin de que quienes los cometen pasen más tiempo en prisión, donde ya los tienen vigilados y reestructurar el sistema penitenciario.

 

Y si la finalidad es que estos reos regresen a la vida en sociedad sin ocasionar nuevos daños, no se ve muy factible que el contar con una vigilancia especial haga esta reinserción más fácil al hacer más patente que son ex presidiarios y el tipo de delito que cometieron.

 

Se menciona que en un principio se vigilarán a unos 12 sentenciados, pero que en el futuro, tras las liberaciones que se esperan, se trate de unos 60.

Habrá que ver la efectividad de esta comisión, que se tendrá que medir en cifras estadísticas de reincidencia antes de su creación y después. 

 

Fuente BBC News

 

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El 21 de octubre hubo un paro de 3 horas en la mayoría de los juzgados de España, como una medida de apoyo que los funcionarios judiciales, principalmente los secretarios, tomaron en apoyo de su compañera Juana Gálvez quien fue sancionada por negligencia.

 

El caso radica en que por negligencia o por el cúmulo de trabajo, según el punto de vista, ni el juez ni la secretaria judicial ejecutaron la sentencia en contra de un hombre que había sido acusado de abusar sexualmente de su hija de cinco años, y que al seguir libre tuvo la oportunidad de efectuar el homicidio de otra niña, el cual pudo haber sido evitado. Por supuesto que por las circunstancias, se trató de una muerte que conmocionó a la nación.

 

Juana Gálvez fue sancionada con una suspensión de dos años sin goce de sueldo, mientras que el Juez responsable del juzgado obtuvo una sanción menor consistente en una multa.

 

Por ello los funcionarios del Poder Judicial han protestado en apoyo de su compañera pues consideran que la sanción es excesiva, en vista de que el Poder Judicial carece de los recursos humanos y materiales pertinentes para llevar a cabo sus labores. Por ejemplo, el juez titular del caso alega que tienen una excesiva sobrecarga de trabajo ya que en la actualidad está encargado de dos juzgados.

En Gran Bretaña, el aborto se regula por la Ley de Aborto de 1967, que si bien no legaliza la práctica, otorga defensa legal para quienes lo realizan bajo ciertas condiciones como el hecho de que se ponga en riego la salud mental o física de la madre. Sin embargo esta ley se ha estado utilizando como una que legaliza la práctica, dándole la vuelta a la intención original.

 

Entre otros aspectos esta ley exige que una mujer que desee abortar obtenga, previo al procedimiento, la aprobación de dos médicos. Pero un grupo de especialistas en leyes y ética médica, ha propuesto modificaciones a esta ley a fin de actualizar los procedimientos y no poner mayores obstáculos a las mujeres.

 

Según estos especialistas la disposición se escribió bajo el principio de que el médico sabe lo que es lo mejor para sus pacientes, pero que la medicina moderna plantea que lo primero son los pacientes, de ahí que se tenga que actualizar la práctica.

 

Los defensores de la vida argumentan en contra que es necesario que se mantenga esta aprobación de dos médicos como un período de “enfriamiento” de la cabeza y las emociones de la mujeres entre el período de la decisión y la realización del aborto, a fin de que sopesen bien las consecuencias.

 

En mayo pasado esta misma ley fue revisada pues se pretendía reducir el término legal para un aborto de las 24 semanas actuales a un rango entre 12 y 22, propuesta que fue rechazada. El término de 24 semanas fue el establecido en las reformas de la década de los 90 cuando se redujo de 28 a 24 semanas.

 

Según cifras de la BBC, el 54.9% de los abortos en Gran Bretaña ocurren antes de las nueve semanas y solo el 1.5% ocurre entre las 22 y 24 semanas Fuente BBC News

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Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España vuelve a ser noticia.

 

Se trata del juez que hace diez años ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres por delitos contra la humanidad y quien ahora vuelve a abrir un caso que para España es muy doloroso. Se trata de la Guerra Civil y del Franquismo y los crímenes en contra de muchos españoles muchos de los que siguen en calidad de desaparecidos.

 

Se trata de un tema legalmente difícil y ya los abogados españoles están estudiando las maromas legales que el juez tuvo que hacer para declararse competente para analizar este caso y para seguir persiguiendo delitos que según las leyes prescribieron hace muchos años o que quedaron “olvidados” por la Ley de Amnistía de 1977.

El juez Garzón ya ha declarado que va a investigar las muertes cometidas no solo durante los años de la Guerra Civil sino también durante los primeros años del franquismo, responsabilizando de ello no solo a Francisco Franco sino también a 35 mandos militares, que ya han fallecido y de quienes se tendrán que presentar sus certificados de defunción para demostrar que no pueden ser sujetos a proceso. Pero va más allá y responsabiliza a quienes hasta 1951 fueren dirigentes de Falange Española, partido político, y ordena que se abran 19 fosas entre las que está la que se supone es del poeta Federico García Lorca.

 

En ocasiones anteriores la Fiscalía no había procedido con denuncias similares basados en la mencionada Ley de Amnistía, sin embargo Garzón menciona que la Ley se refiere solo a los delitos políticos y no como en este caso a detenciones ilegales que llevaron a desapariciones forzosas que son delitos continuados en el marco de crímenes contra la humanidad. Y argumenta que se trata de delitos continuados en vista de que no se sabe aún del destino de esas personas o sus cuerpos.

 

Sin duda es un juicio controvertido que traerá aparejados otros conflictos relacionados y que ha desatado ya mucha controversia no solo en cuanto a la competencia legal del juez en el asunto (ya la Fiscalía ha declarado que apelará esta decisión), sino también en cuanto que Garzón comparó ciertas decisiones del franquismo con el exterminio nazi.

 

Fuente ABC.es

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El pasado 3 de octubre los empelados de Alice Springs Reptile Center, un zoológico de Australia, se conmocionaron cuando al llegar a trabajar encontraron que 13 de los reptiles que tenían en exhibición habían desaparecido.

 

Pero la conmoción fue mayor todavía cuando mediante el video de seguridad presenciaron como un niño la localidad y de apenas 7 años había sido el responsable de de los hechos ya que se ve claramente como tomó a los animales y se los dio de comer a a Terry, el cocodrilo.

 

La policía detuvo a este niño para interrogarlo, pero de acuerdo a las leyes de Australia, no se puede perseguir a un menor de 10 años ni hacerlo responsable de falta o delito alguno, así que tuvieron que dejarlo en libertad.