Respecto del tema de los grandes fraudes financieros de este siglo, en esta semana escuchamos las declaraciones del abogado de Bernard Madoff en donde expresaba que una sentencia justa para su cliente serían 12 años de prisión y suplicaba al juez que eliminara de su decisión todas las” peticiones emocionales que clamaban venganza” por haber confiado los ahorros de toda su vida en una persona que los defraudó.

 

En cuanto al otro caso, Allen Stanford se entregó al FBI quien lo ha mantenido en detención una semana y ahora está esperando que la corte resuelva si acepta una fianza para que espere en libertad el juicio o si por el contrario quedará detenido hasta el momento del mismo.

 

Tras las elecciones de Irán, miembros de los opositores al actual régimen han denunciado la detención de los líderes de varios movimientos reformistas que apoyan a quien fuera el candidato opositor, Mir Hossein Moussavi. Tal es el caso de un joven estudiante de Oxford, Mohammadreza Jalaeipour, quien fue detenido en el aeropuerto de Teherán cuando se disponía a abandonar el país para regresar a la Gran Bretaña.

Jalaeipour es líder de un movimiento pro reformista juvenil, perfectamente legal dentro de Irán y cuya finalidad es la de despertar las conciencias de los jóvenes hacia su país. Iba acompañado de su esposa, también iraní e integrante del movimiento, quien ha declarado que desconoce el paradero de su marido o las razones de su detención.

En la Gran Bretaña se acaba de presentar una demanda que trae el pasado hacia el presente y cuenta una historia que mucha gente no conocía sobre tortura y humillación cometido por las fuerzas británicas a mediados del siglo pasado.

 

La demanda la introducen cuatro kenianos de la tribu Mau Mau que en las década de 1950 inició una revuelta que en un inicio buscaba recuperar tierras de manos de los pobladores británicos pero que desembocó en la lucha por la independencia de Kenia y en la muerte de más de 11 mil kenianos y unos 100 europeos.

 

Los hoy demandantes acusan directamente al gobierno británico de los actos de tortura, vejación y humillación que se cometieron contra ellos en campos de detención británicos. Una mujer acusa de haber sido violada y uno de los hombres de haber sido castrado mientras estuvo detenido.

 

En el esfuerzo por cooperar con el gobierno de Estados Unidos por el cierre del centro de detención de Guantánamo, España aceptó frente al representante especiaol enviado por el presidente Obama, acoger a cuatro detenidos.

 

Sin embargo dicha acogida tendrá que ser puesta bajo la lupa no solo del derecho internacional sino también de las leyes internas españolas, como la Ley de Extranjería que precisa que ninguna persona extranjera que obtenga residencia legal en España podrá tener antecedente penales.

 

De inicio suena absurdo que las personas que serán acogidas, y que se supone serán tunecinos, no tengan antecedentes penales o causas pendientes sobre ellos si salen de un centro de detención, pero la realidad es que estos casos, como los demás que están siendo acogidos en Europa, Palau o Barbados, se trata de personas que por alguna razón fueron detenidos pero que no fueron inculpados ni procesados, por lo que no hay causa pendiente en su contra, pero que tampoco pueden regresar a sus países de origen por temor de que sus gobiernos los torturen o de que sus correligionarios los lastimen toda vez que se supone que han provisto de información a los sistema de inteligencia estadounidenses.

Cuando en meses pasados abordamos el tema de la Isla Bermeja, se mencionó que el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) que pretende asentar los límites de cada país y sus reclamos sobre las plataformas continentales, ponía de relieve las diferencias existentes entre varios países vecinos para fijar sus límites marítimos.

Perú y Chile se encuentran actualmente en una disputa de esta naturaleza. El tema limítrofe entre ambos países fue abordado desde el 2007 y se trató de resolver por la vía diplomática, pero ante el fracaso de tales negociaciones el Perú decidió llevar su caso ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, con sede en La Haya, para que conforme a las reglas de derecho internacional se dirima y solucione la controversia.

Un niño de 12 años que padece una enfermedad cardiaca que pone en peligro su vida, tuvo que ser trasladado de Japón, su país de origen, hacia los Estados Unidos debido a que en su país están prohibido por ley que los menores de 15 años donen sus órganos, razón por la cual este niño en Japón no hubiera tenido la oportunidad de recibir un corazón.

 

En Japón se está luchando por el cambio de la ley para permitir que a través de sus representantes legales, los menores de 15 años puedan donar órganos y así salvar cientos de vidas en peligro como la de Hiroki Ando, este niño de 12 años. Pero con el cambio de la ley tendrá que haber un cambio de cultura en materia de donación ya que los japoneses no suelen donar los órganos de sus seres queridos aún cuando haya muerte cerebral, ya que piensan que mientras el corazón lata, hay vida.

 

La inclusión de las actuales herramientas tecnológicas en la vida diaria que tiende a facilitar el acceso a la información, no escapa del mundo del Derecho y prueba de ello es el acuerdo recientemente firmado entre las empresa vLex y Gale Cengage para incluir más de 5 millones de documentos formados por enciclopedias y revistas de temática jurídica y empresarial a texto completo en su base de datos.

Mediante este acuerdo vLex se compromete a difundir todos esos contenidos y a la vez aportarles un valor añadido como son motores de búsqueda, millones de enlaces que interrelacionan todos los documentos y herramientas de traducción automáticas, facilitando así la lectura del texto a cualquier usuario sin depender de la barrera de los idiomas.

vLex es una empresa española cuya oficina matriz se localiza en Barcelona, y es el más avanzado proveedor de información jurídica global, que da acceso a contenidos de 128 países en 13 idiomas diferentes. Aunado al reciente acuerdo firmado, mantiene otros acuerdos con editores globales, como la Oficina de Publicaciones del Banco Mundial, la Unión Europea, el Secretariado de la Commonwealth, así como más de 408 grupos editoriales independientes en todo el mundo, teniendo en su acervo más de 32 millones de documentos jurídicos disponibles en su avanzada plataforma online.

 

Por la firma de este acuerdo que facilita el acceso a la información jurídica en el mundo, miabogadoenlinea.net felicita a Luís Faus, director general de vLex, y a sus más de 150 colaboradores.

 
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La movilización de tropas británicas al extranjero ha traído serios cuestionamientos en el orden jurídico en cuanto a derechos humanos y responsabilidades de los miembros del ejército.

 

El cuestionamiento inició a raíz de la muerte de un soldado en Irak producido por un paro cardíaco. Su madre demandó al ejército en 2003 argumentando que su hijo había fallecido a causa de las decisiones de sus superiores, que no le dieron la adecuada atención médica pese a que le soldado había tenido problemas para ajustarse a las altas temperaturas del lugar. Los abogados apoyaron la jurisdicción del caso en el hecho de que los soldados británicos están protegidos por la Convención Europea de los Derechos Humanos aún estando fuera de Europa y en ese sentido, no se protegió suficientemente su derecho a la vida.

 

La Corte Criminal Internacional (CCI) acaba de aceptar la demanda introducida en contra de Jean Pierre Bemba Gombo, ex vicepresidente de la República democrática del Congo por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos entre el 2002 y el 2003.

 

Bemba, quien trabajó con el ex líder congolés Mobutu Sese Seko en la década de los 90, es acusado de haber utilizado a las milicias de su país para aterrorizar a la población civil, utilizando la violación como principal medio de coerción. Se le acusa así de haber ordenado la violación de madres frente a su hijos e incluso la violación de niños frente a sus padres.