Debido a la ola de violencia que vive El Salvador, la iglesia evangélica de ese país presentó una iniciativa para que en las escuelas y universidades del país se comenzara la jornada de estudios con la lectura de la Biblia durante 7 minutos.

 

La iniciativa fue votada y aprobada por la Asamblea Legislativa de ese país a inicios de julio, y enviada al presidente para que la ratificara.

 

Los relatores de la ONU sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul; sobre la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue; y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, expresaron el pasado 29 de julio su preocupación sobre el despido de tres jueces y una magistrada en Honduras.

 

La decisión de destituir a estos funcionarios judiciales fue tomada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras el pasado mes de mayo, fundamentado en el hecho de que los jueces y la magistrada participaron en manifestaciones  en contra de los sucesos ocurridos el 28 de junio del 2009, cuando se expulsó del país al entonces presidente Manuel Zelaya, y dos ellos interpusieron recursos judiciales a favor del depuesto presidente. La Ley de Carrera Judicial previene a los jueces y magistrados de participar en actividades políticas.

 

Mientras Sakine Mohammadi Ashtiani sigue en una prisión con su sentencia a morir por lapidación pendiente de ejecución, su abogado se ha reportado como desaparecido desde el pasado sábado.

 

De acuerdo con un comunicado de prensa del Comité contra la Ejecución y Lapidación, las autoridades iraníes citaron en la prisión de Evin al abogado de Ashtiani, Mohamad Mostafaeí, quien fue interrogado durante cuatro horas por las autoridades sobre aspectos financieros.

 

Los herederos de Baron Mor Lipot Herzog, quien fue considerado el mayor coleccionista de arte entre 1913 y 1928 y quien fuera un banquero húngaro judío, iniciaron una acción legal en los Estados Unidos en contra de Hungría para que este estado regrese más de 40 obras de arte valoradas en 100 millones de dólares y que están en poder de diversos museos húngaros.

 

El pasado lunes 26 de julio, la Suprema Corte de la Gran Bretaña emitió una decisión que pone un alto a las deportaciones vía rápida o “fast-track” con la finalidad de otorgar al deportado el acceso a la justicia.

 

Estas deportaciones fueron reguladas en el 2007 y ampliadas en enero de este año, facilitando a las autoridades migratorias británicas el proceso de expulsión de personas ilegales en su territorio. Con ello, el aviso de 72 horas que usualmente se daba a quien iba a ser deportado se redujo y se hizo, según las autoridades migratorias, para evitar conflictos en los centros de internamiento o intentos de suicidio como se había presentado en oportunidades anteriores.

 

Pero este tipo de deportaciones derivó a la costumbre de acudir por las personas a deportar en la madrugada, escoltarlas al aeropuerto y subirlas a una avión, en procesos que demoraban unas cuantas horas y sin darles la posibilidad de contactar a sus abogados ni de exponer su caso frente a las autoridades.

 

Bajo ese proceso muchas personas deportadas fueron puestas en riesgo, entre ellos una adolescente que cuando pudo contactar a su abogado se encontraba en Italia, bajo la protección de un hombre que había conocido en la calle.

 

La Suprema Corte dictaminó que bajo este tipo de deportaciones se negaba a las personas la garantía de audiencia y el acceso a la justicia, y si bien mediante su decisión no prohíbe las deportaciones, solicita que el proceso permita mayor tiempo a los deportados para defenderse. La Corte concedió al Ministerio del Interior, oficina encargada de este proceso, la posibilidad de apelar la decisión.

 

Activistas de derechos humanos aplaudieron esta decisión pues expusieron que si a muchos de los deportados se les hubiera dado la oportunidad de exponer sus casos, se les hubiera otorgado la calidad de asilados o refugiados, además de que muchos fueron puestos en riesgo en su integridad personal.

 

Este tipo de deportaciones es común en los países europeos debido a la alta inmigración que reciben cada año, sin embargo no deja de ser un problema de violación de derechos humanos no solo por negar el acceso a la justicia, sino por poner en riego la integridad física y moral de los deportados.

 

Tal es el caso que está sacudiendo a Italia, donde Faith Aiworo, una mujer de nacionalidad nigeriana de 23 años, se encuentra desparecida y se teme que haya sido repatriada a su país donde hay una sentencia de muerte esperándola.

 

Faith fue acusada a los 17 años de haber matado a su jefe, quien intentó violarla y fue condenada a morir ahorcada. Libre bajo fianza decidió salir de su país para ponerse a salvo y así llegó a Italia, donde hace unos días sufrió otro intento de violación. Gracias a la intervención de sus vecinos, la policía llegó al lugar, pero cuando denunció a su agresor, la detenida fue ella por carecer de papeles legales de residencia.

 

Al ser detenida en el centro de internamiento de extranjeros de Bolonia, ciudad donde residía, presentó una solicitud para ser aceptada como refugiada, pero el proceso de deportación fue muy rápido de manera que su abogado, con quien ella solo pudo comunicarse desde el aeropuerto de Roma donde la esperaba un avión para transportarla a Lagos, Nigeria, no pudo bloquear la deportación.

 

El abogado ha alertado sobre su desaparición y dice que no ha tenido noticias de Faith y que espera que no haya sido repatriada pues en su país solo la espera la muerte y añadió que Italia está cometiendo un crimen internacional.

 

Defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado que esta deportación debería ser considerada ilegal por violar disposiciones constitucionales de Italia, donde se protege el derecho a la vida, así como tratados y convenciones internacionales, como el artículo 19 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea que establece que “nadie puede ser alejado, expulsado o extraviado hacia un Estado donde corra el serio riesgo de sufrir una condena a muerte, torturas o otras penas inhumanas”.

 

Fuente BBC y El País

 

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El pasado domingo, Sebastián Piñera, presidente de Chile, anunció que para el festejo del Bicentenario de su país, a celebrarse el próximo 18 de septiembre, no se concederá ningún indulto general como lo propusieron la semana pasada las iglesias católica y evangélica.

 

Con esta declaración puso fin a una seria controversia que se gestó al interior de esa nación tras conocer que ambas iglesias, particularmente la católica, proponían el indulto general, incluyendo a ex militares, a quienes se encuentran en cárceles o en procesos penales por haber violado derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, bajo el considerando de que ello daría pie a una verdadera reconciliación en el país.

 

Israel y el pueblo judío está viviendo una crisis interna que ha puesto sobre la mesa una vez más la pregunta de quien es judío y que ha enfrentado a los ultra ortodoxos con las judíos más liberales incluyendo a la comunidad judía de los Estados Unidos.

 

La disputa nació a partir de la necesidad de convertir al judaísmo a cientos de miles de judíos rusos que llegaron a Israel, pero quienes bajo la óptica ortodoxa del judaísmo al tener ascendencia mixta no se consideran judíos y por tanto no pueden integrarse socialmente al no poder casarse, divorciarse o ser enterrados bajo ritos judíos, ni educar a sus hijos bajo los mismos.

 

La denuncia del gobierno colombiano ante la Organización de Estados Americanos, OEA, de la existencia de campamentos guerrilleros de las FARC en territorio venezolano, trajo como consecuencia que el presidente venezolano Hugo Chávez rompiera relaciones con Colombia el pasado jueves 22 de julio.

 

El gobierno colombiano dijo tener en su poder numerosas pruebas que demuestran el establecimiento de los campamentos guerrilleros en territorio venezolano, no solo en los contenidos de computadores incautados a guerrilleros, sino también mediante videos y fotografías de satélite y que en vista de que las autoridades venezolanas lo saben y no hacen nada al respecto, anunció que podría consolidar una denuncia ante la Corte Penal Internacional, CPI, con sede en La Haya, en contra de Venezuela.

 

Después de que el año pasado Trafigura, la compañía suiza encargada de comercialización de petróleo crudo y diversos derivados del petróleo, llegara a un acuerdo con sus demandantes en Costa de Marfil por contaminación por desechos, ahora es condenada por un tribunal holandés, tras haber sido llevada a juicio por Greenpeace.

 

Las acusaciones contra Trafigura fueron por falsificación y por haber exportado ilegalmente desechos tóxicos desde Holanda hacia África y se trata de la primera sentencia penal que la compañía enfrenta.