El problema de los detenidos en Guantánamo, que son como los hermanos incómodos que se desean esconder pero que no se puede, llegó a Europa tras la petición del presidente de Estados Unidos de ayuda para lograr el cierre definitivo del centro de detención.

 

Muchos años los europeas solicitaron al gobierno de los Estados Unidos el cierre de este lugar por considerar que violaba los derechos humanos de los reclusos, sin embargo llegada la hora, muchos prefieren esconder la mano y no aceptar reclusos en sus territorios y aceptar muy a regañadientes que otros países miembros de la Unión lo hagan.

 

Por ello pactaron restricciones, como el que los países de acogida, como España, Irlanda, Portugal o el Reino Unido, limiten temporalmente el movimiento de los detenidos, que por regla general es un derecho de cualquier residente de Europa.

 

A finales de la semana pasada el juzgado de Florida donde se encontraba el litigio de España contra la empresa Odyssey Marine Exploration, se sentenció a favor de los españoles y se ordenó a la empresa a regresar más de medio millón de monedas de oro y plata que encontraron en los restos del buque hundido Nuestra Señora de las Mercedes.

 

Con esta decisión se establece que la propiedad del buque hundido es de España, así como se todo lo que se encontró. Habrá que esperar a ver si Perú sigue el litigio y confronta a España por el tesoro que originalmente salió de este país cuando era colonia española.

 

En otra actualización, el lunes se sentenció a las dos periodistas estadounidenses juzgadas en Corea del Norte a 12 años de trabajos forzados. Fueron detenidas y acusada de entrar ilegalmente al país y de efectuar actos hostiles, aunque no fueron acusadas de espionaje como era temido.

 

A pocos días de que el Congreso colombiano aprobara una ley que permite hacer un referendo para decidir si se permite al presidente Álvaro Uribe contender por una segunda reelección, la Corte Suprema sentencia a dos ex congresistas por delitos cometidos en relación con la primera reelección de Uribe.

 

La Corte encontró culpables a Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus y los condenó a ocho y seis años respectivamente, al primero por cohecho y enriquecimiento ilícito y al segundo por concusión que es un delito parecido al cohecho, pero este segundo implica que el funcionario impone la retribución.

 

Resulta que en el 2004, cuando se tramitó ante el Congreso colombiano la primera reelección del presidente Uribe, estas dos personas eran congresistas, al lado de Yidis Medina, quien en su momento se declaró culpable por haber aceptado prebendas para votar a favor de la reelección.

En un documento especial que se ha remitido a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se declara que la policía en Kenia repetidamente ejecuta individuos en un clima de impunidad y revela la existencia de escuadrones policíacos de la muerte que operan bajo las órdenes de un jefe de policía y cuya finalidad es perseguir y matar a líderes y miembros de la delincuencia organizada.

 

En este documento se propone la renuncia del fiscal general y del comandante de la policía y se pide al presidente de Kenia, Mwai Kibaki que se comprometa públicamente a terminar con estas matanzas ilegales por parte de la policía.

 

Casi al mismo tiempo de que el diario El País de España publicaba las escandalosas fotografías de las fiestas que el primer ministro de Italia organiza ocasionalmente en su casa en Cerdeña, Niccolo Ghedini, abogado de Silvio Berlusconi, anunciaba que estaba iniciando proceso judicial en contra de la publicación.

 

Las fotografías muestran a varias personas con el rostro “pixelado” salvo el de Berlusconi, en la residencia del ministro, muchas de ellas sin ropa, disfrutando del sol. Estas fotografías fueron censuradas en Italia después de que el primer ministro denunciará al fotógrafo de violación de la intimidad e intento de extorsión. Por lo que al haber sido secuestradas por la fiscalía italiana, su venta y adquisición es ilegal en cualquier otra parte del mundo y en este argumento se basa la denuncia contra El País.

Del 29 al 31 de mayo pasado se llevó a cabo en Doha, Qatar, un Foro de Derecho en el que se reunieron no solo a prominentes abogados y catedráticos, sino también banqueros, jueces, litigantes, árbitros, conciliadores y presidentes de cortes internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia.

 

La finalidad de este foro fue discutir el principio de Supremacía de la Ley que establece que todas las decisiones deben tomarse de acuerdo con leyes y normas pre-existentes a fin de evitar la discrecionalidad de las autoridades. A este principio fundamental de todo estado de derecho lo llamamos también de Legalidad.

 

Las discusiones sobre el tema giraron en torno de importantes preguntas como si la legalidad requiere de la existencia de la democracia, si en condiciones de extrema pobreza o violencia en los países sigue teniendo vigencia esta supremacía de la ley y como es interpretada por los pobladores o la interpretación de esta supremacía en diferentes países y si por acatar el principio en un país se pueden violar los derechos humanos.

 

En octubre del año pasado, una mujer de nacionalidad británica fue detenida en la isla de Laos por contrabando de heroína y recluida en una prisión. En espera de su juicio, esta mujer quedó embarazada en diciembre pasado y debido a su condición especial y a que la pena por su delito es la pena de muerte, las autoridades británicas intercedieron a su favor vía diplomática.

 

A su favor también actuó una asociación legal para proporcionarle asistencia jurídica en vista de que Samantha Orobator, la acusada, no tenía representación legal.

 

A esta mujer la acusaron de poseer 680 grs. de heroína, lo que excede el máximo permitido en aquel país de 500 grs. y que lo convierte en un delito sancionado con la pena capital.

 

El centro de detención de Guantánamo sigue siendo noticia. Un juez federal determinó que los archivos sellados o confidenciales sobre la detención y proceso de más de 100 detenidos debían ser abiertos a todo público, siempre que se trate de información que no comprometa la seguridad nacional o los intereses de los litigantes.

 

Esta decisión se presentó en torno a la petición del gobierno de mantener la información clasificada, con acceso exclusivamente a los abogados y jueces que revisan los casos.

 

En la decisión el juez federal Thomas F. Hogan consideró que la petición gubernamental era muy amplia y que violaba el derecho de toda persona detenida de ser remitida ante un juez y de ser informada de las causas de su detención, esto último en relación con las causas de habeas corpus introducidas.

Una mujer británica de 24 años está peleando ante la Comisión Europea de Derechos Humanos su último recurso para que el poder judicial inglés revierta una sentencia en donde la declaran incapaz para cuidar de su hija.

 

Desde que la niña nació prematuramente, las enfermeras expresaron dudas sobre la capacidad de la madre de cuidar de la menor, de manera que cuando la bebé abandonó la unidad de cuidados intensivos, se nombró a una psicóloga para dar seguimiento a los cuidados maternales que se prodigaban a la menor. Y esta profesionista determinó que la madre tenía serias limitaciones para proveer los adecuados cuidados a la niña. Es decir, la catalogó como estúpida. (En México hay quienes abogan por el cambio de estos términos en la legislación civil por considerarlos ofensivos, sin embargo, estúpido se define por la Real Academia de la Lengua Española como falto de inteligencia sin ser un término peyorativo).