Tal vez pocos recuerden  a Manuel Antonio Noriega, militar panameño, que controló ese país de 1983 a 1989 y que después de la invasión de Estados Unidos a Panamá, fue detenido y juzgado por ese país condenándolo a treinta años de prisión.

 

Su sentencia por distintas situaciones fue reducida a 17 años de prisión y se esperaba que quedara libre en septiembre de 2007, pero Estados Unidos decidió aceptar una solicitud de extradición de Francia, en donde fue condenado en ausencia a 10 años de prisión por lavado de dinero.

 

Noriega apeló la autorización de extradición, pero el Undécimo Tribunal de Apelaciones de Atlanta, Georgia, rechazó el argumento del ex hombre fuerte de Panamá de que, por su condición de prisionero de guerra, debía ser enviado de inmediato a Panamá.

 

A Noriega, sin embargo, todavía le quedan dos opciones: apelar al pleno o acudir a la Suprema Corte de Estados Unidos.

 

En Panamá también lo requieren porque fue condenado en ausencia a 20 años de prisión por delitos de homicidio en contra de Hugo Spadafora y otros panameños y por violación a los derechos humanos.

 

Así que este hombre difícilmente volverá a ser libre.

 

Fuente abc.es

 

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En la lucha contra las descargas ilegales de música y películas en Internet, el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy presentó una iniciativa que se consideraba de las más estrictas en contra de la piratería y que contaba con el aval de muchas de las compañías discográficas y cinematográficas locales y multinacionales.

 

Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Senadores francesa, pero contra toda previsión, fue rechazada en la Asamblea Nacional por la mayoría de los diputados que la integran.

 

Esta iniciativa tenía prevista la facultad de solicitar a las compañías proveedoras del servicio de Internet los datos de las personas sospechosas de hacer descargas ilegales en la red.

 

Facultaba a la comisión gubernamental que para tal efecto se creaba, no solo de advertir al usuario de que cesaran las descargas ilegales, sino de sancionarlo negándole el acceso a Internet por un período de tres meses a un año, además de obligarlo a seguir pagando el servicio durante el tiempo de la suspensión.

A finales del año pasado el gobierno peruano interpuso una demanda en contra de la Universidad de Yale en donde exige la devolución de unas 46 mil piezas arqueológicas que fueron extraídas del Machu Picchu por Hiram Bingham, el arqueólogo que descubrió la zona en 1911.

 

La expedición de Bingham fue financiado por la Nacional Geographic Society y en diversas cartas de la sociedad queda constancia de que la propiedad legal de las piezas corresponde al gobierno peruano y que Bingham pudo sacarlas en 1916 en calidad de préstamo por un período de 18 meses.

 

No es la primera vez que Perú reclama la propiedad de estas piezas. Ya había entablado negociaciones con la Universidad en el 2001 y en el 2006, aunque en ese momento se referían a 4000 artefactos exclusivamente.

 

En 2006 se había llegado al acuerdo de otorgar el título de propiedad a Perú y la devolución de algunas piezas, reconociendo que las mismas se tratan de parte del patrimonio cultural de aquel país. Sin embargo, antes de que se firmara el acuerdo de entendimiento, Perú exigió la devolución de todas las piezas razón por la cual no se llegó a la firma.

 

La principal promotora de la devolución de estas piezas es la doctora Eliane Karp de Toledo, esposa de Alejandro Toledo, ex presidente del Perú.

 

Por su parte la Universidad de Yale, en un escueto comunicado posterior a una conferencia de la antropóloga, declaró que la demanda no tiene vigencia legal y que la posesión de las piezas es para mantener la posibilidad de que se sigan estudiando las civilizaciones antiguas, como la inca en este caso.

 

Fuente NY Daily News
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En Sierra Leona, un tribunal internacional respaldado por la ONU dictó sentencia a tres líderes rebeldes de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra civil de aquel país.

 

Estos tres líderes fueron encontrados culpables en febrero pasado y ahora han sido sentenciados, uno a 52 años, otro a 29 y el otro a 25 años en prisión.

 

Ellos fueron líderes del Frente Unido Revolucionario que se caracterizó por la crueldad contra la población civil y durante el juicio se demostró que mutilaban a sus víctimas y llegaban a tatuar las siglas de su movimiento en los cuerpos de las mismas. También se demostró que utilizaban niños soldados en sus ataques, quienes armados con AK-47, asolaban a la población con actos de suma crueldad.

 

En 2001, cuando el conflicto armado terminó, habían muerto unas 120,000 personas y decenas de miles de personas resultaron mutiladas de brazos, piernas, orejas e incluso narices.

Ecuador está reclamando al gobierno del estado de Florida, Estados Unidos, el regreso de un preso sentenciado a pena de muerte, alegando violación de sus derechos.

 

El preso, de apellido Serrano, es ciudadano ecuatoriano y estadounidense. Fue arrestado en Ecuador en 2002 y trasladado a Estados Unidos donde se le encontró culpable de la muerte de 4 personas y se le condenó a la pena de muerte.

 

El gobierno de Ecuador, en una carta que envió al Departamento de Estado de Estados Unidos el mes pasado, dice que se violaron los derechos de Serrano, toda vez que su detención en territorio ecuatoriano estuvo plagada de irregularidades.

 

Alegan que se sobornó a la policía ecuatoriana para detener al hoy reo, quien fue golpeado por los agentes de Estados Unidos y encerrado en una perrera en el aeropuerto toda una noche mientras esperaban el vuelo hacia la Florida. Las autoridades estadounidenses niegan estos hechos.

 

Este caso fue revisado en la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se concluyó que el gobierno ecuatoriano actuó de manera ilegal en la deportación de Serrano y recomendó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica.

 

La petición de que Serrano regrese a Ecuador fue realizada por el Ministro del Interior de ese país, argumentando que no están juzgando la culpabilidad o inocencia de Serrano, sino el hecho que fue secuestrado del país y no deportado. Afirmó que se han demorado en interponer la denuncia toda vez que estos casos están siendo revisados desde hace dos años en que inició la administración de Rafael Correa.

 

El gobierno planea también presentar una carta con sus alegatos ante la Suprema Corte de Florida en la apelación que llevará Serrano y han contratado asimismo a una afamada abogada de asuntos migratorios para que lo represente.

 

Ecuador está revisando casos parecidos a estos en donde se vieron implicados funcionarios gubernamentales y está imponiendo sanciones, además de estar legislando para transparentar sus leyes y procesos.

 

Fuente NY Daily News
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En 1996, cuando ocurrió un severo brote de meningitis en el estado de Kano en Nigeria, la farmacéutica Pfizer se ofreció a apoyar los esfuerzos en contra de la epidemia.

 

Por ello, administró un antibiótico no certificado en 200 niños, de los cuales 11 fallecieron y 181 resultaron gravemente enfermos, algunos con lesiones cerebrales.

 

Conducidos por un abogado nigeriano y uno estadounidense, los padres de familia de los niños afectados demandaron a la empresa por los daños. Pfizer, la cual, por supuesto, negó en todo momento los hechos y sostuvo que las muertes habían sido debido a la enfermedad, pero ha trascendido que se ha llegado a un acuerdo extrajudicial en el que la farmacéutica pagará 73 millones de dólares para dar por terminada la controversia en Nigeria.

 

El caso, sin embargo, podrá seguirse por los afectados en Estados Unidos toda vez que una corte de apelación del estado de Nueva York aceptó que la demanda pueda ser radicada en el lugar de residencia de la compañía demandada.

 

Fuente El país.es 
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Todo parece indicar que Jhon Demjanjuk, alías Iván el terrible, será deportado de estados Unidos hacia Alemania para que enfrente los cargos que pesan sobre él por crímenes de guerra ocurridos en la Alemania Nazi.

 

Este hombre de 86 años se estableció en Ohio, donde trabajó en una empresa automotriz, pero ha estado bajo la lupa de la justicia internacional. En 1986 también fue requerido por Israel para responder por la muerte de miles de judíos, aunque ese caso su defensa logró que se revocara su sentencia de pena de muerte.

 

Alemania ya había solicitado el año pasado la deportación de este hombre y la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos la había concedido. Sin embargo, la defensa de este hombre inició proceso ante los tribunales para detener el proceso alegando razones humanitarias por causa de su edad y condición de salud.

 

El juez que conocía del caso determinó que no le corresponde al poder judicial conocer los relativo al proceso de extradición sino a la mencionada Junta de Apelaciones de Inmigración y que por tanto la deportación debe continuar.

 

La justicia alemana será la encargada de demostrar la culpabilidad o inocencia de este hombre en relación con la muerte de 29 mil judíos en un campo de concentración donde trabajó como celador.

 

Fuente El país.es
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El pasado 23 de marzo fue arrestado en La Paz, Baja California Sur, un hombre de nacionalidad española que era buscado por las autoridades de Ávila, España, por el secuestro de su hija.

 

La niña, entonces de 3 años, desapareció con su padre desde 1998, cuando supuestamente él la llevó al cine. Sobre el hombre pesaba una denuncia por malos tratos debido a la cual era la madre quien tenía la custodia de la menor.

 

Tras un largo peregrinaje, el hombre estableció residencia con la niña en La Paz donde fueron localizados en el 2003 por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila. Tras esta localización un Juzgado de Instrucción de Arenas, Ávila, dictó una orden de búsqueda y captura que fue notificada a las autoridades mexicanas a través de Interpol.

 

Seis años después, es decir en 2009, se localizó el domicilio del hombre quien fue detenido y extraditado a España bajo el cargo de quebrantamiento de una sentencia judicial.

 

La niña, ahora de 14 años ya está en España con su madre. Se reporta que está en buen estado y estará al cuidado de la madre y de familiares del padre mientras ella se acostumbra a la nueva situación.

 

Fuente El país.com
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El 10 de diciembre de 2007 inició un juicio penal en el Perú en contra del ex presidente de aquel país, Alberto Fujimori, quién ejerció el cargo de 1990 al año 2000 en que renunciara estando en Tokio, Japón.

 

Se le imputan dos cargos: la muerte de 25 personas en dos operativos contra el terrorismo y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en 1992.

 

A unos días de concluir el juicio, Fujimori declaró el día de ayer en lo que fue calificado por la prensa peruana más como un discurso político que una defensa legal, ya que habló más para los televidentes que han seguido el curso del juicio, que para el tribunal.

 

En su declaración se dijo orgulloso de su política de pacificación y dijo que la historia lo reconocerá como el presidente que sacó al Perú del abismo en que se encontraba cuando él llegó a la presidencia. Recordemos que se trataba de años de operación del grupo guerrillero Sendero Luminoso.

 

Igualmente declaró que su legado de paz continuará a través de sus hijos Keiko y Kenji Fujimori y se reiteró inocente de los cargos.

 

Alberto Fujimori será llamado a declarar mañana viernes y se espera que después de ello se dicte sentencia en uno o dos días y d ser encontrado culpable podrá enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel.

 

Después de renunciar a la presidencia, Fujimori vivió en Japón hasta el año de 2005 en que viajó a Chile donde fue detenido y dos años después extraditado a Perú.

 

Se sigue otro juicio contra el ex mandatario por cargos de corrupción y de interceptar mensajes telefónicos de manera ilegal.

 

Fuente El Comercio.com.pe 
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