Chen Shui-bian, quien fuera presdiente de Taiwán del año 2000 al año 2008, fue condenado a cadena perpetua por actos de corrupción.

Junto con el ex presidente, se condenó también a cadena perpetua a su esposa y se les multó con $15 millones de dólares. Entre otros cargos, se les acusó de actos de aceptar sobornos y de lavar dinero en un banco suizo.

Chen Shui-bian pertenece al partido de oposición al tradicional partido Kuomingtan, y durante su periodo impulsó políticas que alejaron a la isla de China por lo que fue visto como un peligro para la posible reunificación de ambas naciones.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, anunció que están recabando información que podría llevar en su momento al juicio de los eventos ocurridos en Afganistán, tanto por talibanes como por los ataques de los países miembros de la OTAN.

El fiscal general de la Corte, Luis Moreno Ocampo, señaló que el caso de Afganistán es sumamente complejo por la dificultad de recabar información en un territorio todavía convulso por los ataques militares, donde el presidente del país acusa a la OTAN de efectuar ataques en donde han resultado heridos civiles, mientras que la organización acusa a los talibanes de utilizar a civiles como escudos humanos.

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional en España, declaró el miércoles cerca de cuatro horas ante el Tribunal Supremo de su país en relación con el proceso que se le sigue por prevaricación interpuesto por el sindicato español Manos Limpias.

Este proceso fue cuestionado recientemente por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que el pasado 7 de septiembre emitió un comunicado de prensa en donde expresa preocupación por este proceso puesto que con fundamento en el derecho internacional la judicatura es independiente por lo que los procesos penales contra los jueces o sus decisiones por controvertidas o injustas que sean, están prohibidos, y solo procede sancionarlos conforme a las medidas disciplinarias del propio poder judicial. Se fundamenta este razonamiento en la independencia del poder judicial consignada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los Principios básicos de las Naciones Unidas.

El alto tribunal de Malasia, última instancia judicial, resolvió un litigio de ocho años de duración a favor de un pequeño restaurante de comida rápida llamada McCurry y que fue demandada por McDonalds por haber violado supuestamente sus derechos de marca al utilizar el prefijo Mc.

La primera sentencia sobre el asunto resolvió a favor del gigante de las hamburguesas, condenado al pequeño restaurante, que no tiene sucursales, a cambiar el nombre. Pero el dueño del mismo, P. Suppiah apeló la sentencia y el tribunal de apelaciones le concedió la razón, con lo cual fue el turno de McDonalds de impugnar la sentencia y llevar el caso hasta el máximo tribunal malayo.

Mientras el acuerdo de digitalización de libros por Google se sigue discutiendo judicialmente en Estados Unidos tras haberse cerrado el plazo para que autores y editoriales solicitaran el alta o baja de su registro, en Europa se lleva a cabo una serie de conferencias y debates en torno de las leyes europeas de propiedad intelectual.

Los comisarios que han convocado a estas reuniones, y que forman parte de la Comisión Europea para la Sociedad de la Información, han planteado la discusión de las leyes actuales de propiedad intelectual para conocer si las mismas se adecuan a la era de Internet, protegiendo suficientemente a los autores, por un lado, pero permitiendo la difusión de la información y de la cultura, protegiendo igualmente los derechos de los consumidores de los libros electrónicos.

La libertad de expresión es uno de los derechos que mayores debates ha generado y sigue generando, porque lo que para unos es libertad de expresión para otros resulta ofensivo. Una muestra de ello es el conflicto actual entre la Liga Árabe Europea (LAE) y la fiscalía general de Utrecht en Holanda derivado de la publicación de unas caricaturas.

La Liga Árabe Europea publicó esta semana en su sitio web una controvertida caricatura, que ya había mostrado previamente, en donde se muestra a dos judíos inventándose el Holocausto. En Holanda es delito negar el Holocausto y con este fundamento la fiscalía inició una querella en contra de la LAE.

En el marco de los debates para lograr la aprobación de las reformas al sistema de salud en los Estados Unidos, se anunció en conferencia de prensa que la farmacéutica Pfizer pagará $2.300 millones de dólares como parte del acuerdo al que llegó para poner fin a los litigios que se seguían en su contra por efectuar prácticas comerciales ilegales en la venta del medicamento Bextra.

La controversia inició tras la denuncia de John Kopchinski quien trabajara como representante médico de la empresa y a quien se le instruyó a vender el medicamento a médicos y dentistas en dosis más altas que las comprobadas y para padecimientos en los cuales la droga no había probada. Con el testimonio de este hombre, a quien la empresa acusó de no saber trabajar en equipo al no obtener protocolos médicos de la utilización del medicamento en operaciones, el gobierno pudo cerrar su caso contra la farmacéutica y su filial Upjohn Company por prácticas comerciales deshonestas.

Dentro de la serie de escándalos recientes que han rodeado a Silvio Berlusconi, sale a relucir la nueva demanda que interpuso en contra de una publicación italiana llamada L’Unitá y contra cinco de sus periodistas exigiendo una compensación de 3 millones de euros, más una multa de 200 mil euros por haber publicado notas respecto de sus recientes escándalos sexuales.

La editora de la publicación precisa que no se trata de una denuncia contra artículos publicados, sino una demanda civil por daños por una altísima suma que pone en riesgo la estabilidad financiera de la publicación por lo que acusa que el primer ministro italiano está buscando callar a los medios por dinero.