“Venir a este país (Gran Bretaña) es un privilegio. No permitiremos la entrada en este país a personas que vayan a propagar puntos de vista que fundamentalmente van en contra de nuestros valores”, fue la declaración de Jacqui Smith, Ministra del Interior de Gran Bretaña, al dar a conocer los nombres de 16 de las 22 personas que tienen prohibida la entrada a sus país.

 

Y es que pese a que en aquel país se reconocer el derecho a expresar libremente las ideas, periódicamente se expide una lista con los nombres de personas cuyo acceso no está permitido. Esta vez se dieron a conocer los nombres de 16 personas de las 22 que integran la lista realizada entre octubre y marzo de este año. Los nombres que no se dieron a conocer fueron en razón de no comprometer investigaciones o información sensible para el gobierno.

 

En Zimbabwe, tras dos meses de libertad, el pasado 5 de mayo fueron detenidos nuevamente varios opositores al gobierno de Robert Mugabe acusados de conspirar para derrocar al mencionado presidente.

 

Zimbabwe tiene por el momento un gobierno compartido entre las fuerzas opositoras del país. Por un lado está el presidente Robert Mugabe, quien ha sido acusado por varias organizaciones humanitarias de violar los derechos humanos de la población, y por el otro lado está el primer Ministro Morgan Tsvangirai.

En la actualización del caso presentado por Ignacio Carlos Flores Espinosa contra el gobierno de los Estados Unidos por robo de identidad, la Corte Suprema decidió que el robo de identidad no se aplica a los inmigrantes ilegales que obtienen documentos falsos para obtener trabajo.

 

Lo anterior se decidió a fin de unificar criterios en el país en vista de que las autoridades de migración amenazaban a los trabajadores ilegales con una denuncia por robo de identidad, que amerita prisión de dos años, para que se declararan culpables de fraude de documentación y la deportación fuera más expedita.

Los seis grandes estudios de cine de Hollywood, representados por la Motion Picture Association of America (MPAA) está demandando a la compañía de tecnología RealNetworks por el lanzamiento de RealDVD, un programa que permite hacer una copia de una película en una computadora.

 

La MPAA alega que Real DVD es ilegal bajo la Ley de Derechos Reservados, llamada Digital Millenium Copyright Act, ya que dicha ley establece la ilegalidad de desviar cualquier sistema de protección de los derechos reservados de una obra en formato digital y RealDVD es precisamente lo que hace al autorizar la copia de una película.

 

La empresa, por su parte, ha declarado que el sistema de seguridad de su producto solo permite que se realice una copia a una computadora y que de esa computadora no se puede hacer más copias. Y agrega que los consumidores desean tener la opción de respaldar sus colecciones de DVD sin tener que pagar doble por una película, como sucede actualmente con las versiones que se pueden descargar de la red, en donde para hacer una copia, se debe pagar por una versión extendida del filme.

La semana pasad se anunció en los Estados Unidos el retiro del ministro de la Suprema Corte de Justicia, David H. Souter, quien fue nombrado en la administración de Bush padre en 1990.

 

La importancia de la noticia de su retiro radica en que el actual presidente tiene la facultad de nombrar a quien lo sustituirá, aunque dicho nombramiento deba ser aprobado por el Senado.

 

Por ello se piensa que el presidente propondrá a alguien del sector liberal de su país, lo que, de ser cierto, mantendría el equilibrio en la Corte puesto que el ministro Souter, pese a haber sido nombrado por un presidente conservador, terminó votando de una manera más liberal en ciertos temas que llegaron a la Corte.

El jueves pasado, el Supremo Tribunal Federal de Brasil revocó, artículo por artículo la Ley de Imprenta que databa de la dictadura militar y que estaba en disonancia con la Constitución actual brasileña en cuanto a la libertad de expresión de la prensa brasileña.

 

Hasta ahora, y desde hace 40 años en que nació la ahora abrogada ley, los periodistas eran juzgados de manera diferente que la población civil en materia de delitos contra el honor, como injurias, calumnias y difamación, y las penas que estaban previstas en dicha ley eran mucho más severas que las establecidas en los Códigos Penales.

 

Se trata de un hecho histórico. Sin embargo diferentes asociaciones de periodistas de aquel país han mostrado preocupación porque sin la ley existirán vacíos legales que puedan llegar a inmovilizar a las empresas de comunicación por decisiones judiciales exageradas en el caso de otorgar el derecho de réplica al no quedar regulada la sanción, como un caso en bahía donde un juez sentenció a un periódico a publicar la réplica en la primera página y ocho páginas interiores. Por ello manifestaron al Congreso la necesidad de que emitan una nueva ley de imprenta.

 

Quienes apoyaron la abrogación de la ley, sin embargo, han manifestado que no es necesaria una nueva legislación, ya que la Constitución cubre lo relativo a la libertad de expresión y al mismo derecho de réplica.

 

Por el momento, sin ley que exista detrás, cada decisión judicial en materia de réplica o monto de sanción impuesta, temas que más preocupan a los periodistas, tendrá que ser analizada para que se emita jurisprudencia al respecto y así el poder judicial siga una determinada línea de acción.

 

Fuente O Globo
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La discriminación hacia los indígenas no es una situación privativa de México, desafortunadamente. En el Perú las personas cuya lengua materna es el quechua también se enfrentan a la discriminación por parte de algunos sectores de la sociedad, pese a los diferentes intentos gubernamentales por erradicar la discriminación.

 

Ni las mismas instancias gubernamentales escapan de este rechazo y para muestra un botón con el caso de la diputada peruana Hilaria Supa, quien fue señalada en un diario peruano por su mala ortografía en español, exponiendo una fotografía de su libreta de notas sobre las sesiones en donde se demuestra que la legisladora escribe fonéticamente.

 

Esta diputada originaria de la región del Cuzco es una indígena cuya lengua materna es el quechua, que no tuvo la oportunidad de acudir a una escuela para aprender el español por lo que no pudo estudiar gramática. Algunos años trabajó en el servicio doméstico hasta que viendo la situación de discriminación hacia los quechua hablantes, decidió tomar cartas en el asunto y formar parte de un partido político que la llevó a ocupar una curul en el poder legislativo de su país. Por lo que ha hecho mucho más de lo que muchos de nosotros hemos tenido el valor de hacer.

Mientras en Europa se legisla en contra de los matrimonios forzados, en Arabia Saudita, pese a la opinión en contra de la autoridad religiosa, se ha logrado una decisión judicial que podemos considerar una victoria hacia los derechos de las niñas.

 

Aunque no se permitió el divorcio, se llegó por decisión judicial al acuerdo de la nulidad del matrimonio de una niña de 8 años y un hombre de 50.

 

El matrimonio fue convenido entre el padre de la niña, quien necesitaba el dinero para pagar una deuda, y el ahora marido de la menor, quien además tiene otras dos esposas. La madre de la niña estuvo en desacuerdo con ese matrimonio por lo que el caso fue llevado a tribunales y en un principio solo se prohibió al esposo a mantener relaciones sexuales con la niña hasta que ella llegara a la pubertad.

 

Se acordó la nulidad de este matrimonio pese a que las autoridades religiosas saudíes no estiman que estos matrimonios estén prohibidos por la ley islámica, pero la nota no precisa si la familia de esta niña deberá pagar al marido una compensación económica como usualmente sucede en estos casos.

 

El matrimonio de niñas en diferentes países islámicos obedece a la pobreza de las familias que ven en estas uniones la posibilidad inmediata de salir de deudas. Para nuestro derecho, sin embargo, se trata de uniones que no están permitidas y que se podrían equiparar al delito de trata de personas.

 

Fuente El País
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Como lo habíamos comentado ya en este espacio, en España existen ya dos demandas de investigación por tortura en el centro de detención de Guantánamo.

 

La primera, que fue a instancias del magistrado Baltasar Garzón, se refiere a la investigación de seis funcionarios de la administración Bush por actos de tortura. La jurisdicción de España para revisar este caso la fundamentaron en el hecho de que en Estados Unidos, lugar donde se dieron los hechos, no se ha iniciado una investigación sobre la comisión de estos delitos que lesionan los derechos humanos. Este caso se encuentra ahora en manos de otro juez quien está definiendo la procedencia o improcedencia de esta causa.

 

La segunda proviene del mismo magistrado Garzón quien expone que de los documentos desclasificados por la administración Obama se desprende "lo que antes se intuía: un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido".