Quizá esta sea una noticia que se podría haber leído entrelíneas y se trata de la declaración del presidente de los Estados Unidos de que se vuelvan a efectuar algunos juicios en Guantánamo en relación con algunos de los 250 detenidos en dicha base militar.

 

Desde que el inicio de la presente administración, el cierre del centro de detención de la isla se veía muy complicado por involucrar no solo asuntos de seguridad nacional, sino de confianza de las fuerzas armadas. Sin embargo, su cierre se ve como necesario en un gobierno que ha prometido el respeto de los derechos humanos.

 

Al hacer esta declaración el pasado viernes, el presidente de Estados Unidos declaró que los juicios se reactivaran pero bajo el respeto de normas jurídicas como la capacidad de los detenidos de elegir a sus abogados, de protegerlos cuando se rehúsen a declarar o de no admitir confesiones obtenidas bajo métodos crueles (tortura), entre otros derechos.

En octubre pasado el gobierno chino detuvo a un hombre que fue líder del movimiento estudiantil de 1989 que culminó en la matanza de la Plaza de Tiananmen.

 

La noticia trascendió a unos días del vigésimo aniversario de dicho movimiento, que será el próximo 4 de junio, pese a que el gobierno chino ha querido mantener en el mayor silencio posible el recordatorio de dicho suceso condenado por los defensores de los derechos humanos.

 

Este hombre, Zhou Yongjun, estudiante en aquellos años, salió de China tras haber estado detenido un período de tiempo y fijó su residencia en Estados Unidos. Sin embargo regresó a China para ver a sus padres y tratar de llevarlos con él a su nuevo hogar.

Mientras en Irán liberaban a Roxana Saberi, en Corea del Norte se anunció el inicio del juicio de dos reporteras, Euna Lee, coreana estadounidense y Laura Ling, china americana, para el próximo 4 de junio.

 

Estas mujeres fueron detenidas por haber ingresado ilegalmente a Corea del Norte desde China en lo que el gobierno de Pyongyang calificó de “actividades hostiles”.

 

Al momento de su detención las reporteras de una agencia de noticias de Internet con sede en California, se encontraban trabajando en una historia sobre los refugiados que huyen del comunismo y se ha declarado que fueron detenidas por autoridades norcoreanas en territorio chino.

 

En Italia, bajo la iniciativa del presidente Silvio Berlusconi, el Parlamento aprobó tres reformas a la Ley de Seguridad que convierten en delito la inmigración clandestina en su territorio, en un claro intento por frenar el alto flujo migratorio hacia este país.

 

Con esta ley, el periodo de detención de un inmigrante ilegal se amplía a 6 meses que es el máximo establecido por la Unión Europea para que una persona esté detenida. Actualmente ese periodo de detención es de dos meses y medio e implica que en ese lapso la persona está presa, pero no sujeta a juicio ni condenada y es el tiempo en que se define como se va a proceder respecto de su situación jurídica.

 

Al aprobarse la inmigración clandestina como delito, también se aprobó que el gobierno italiano se niegue a registrar a los hijos de los indocumentados por lo que esos niños se quedan sin el derecho de tener una nacionalidad y un nombre lo cual es uno de los derechos fundamentales de los niños.

 

Frente al vencimiento del plazo para presentar los límites de la plataforma continental de los diversos estados firmantes del CONVEMAR de la ONU, emergieron viejos problemas y rencillas por cuestiones limítrofes.

 

El gobierno de Argentina, particularmente, mostró molestia cuando la Gran Bretaña presentó sus límites tomando en cuenta la plataforma marítima de lo que ellos llaman las islas Falklands y en Argentina las Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur y su canciller declaró que "la insistencia británica en pretender arrogarse competencias" sobre esta área era "inaceptable e inadmisible".

 

Argentina presentó sus límites el mes pasado, ampliando su actual soberanía en 35% el límite de los 4,8 millones de kilómetros cuadrados de lecho y subsuelo marinos actuales, con lo cual incluye la zona de las Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur en disputa con Gran Bretaña, pero también otras zonas en disputa con Chile.

Los problemas entre los países, aún más cuando son vecinos, son cosa de todos los días, y aunque por un lado nos muestran una cara amistosa, como la cordial relación entre Rodríguez Zapatero y Nicolás Sarkozy, por el otro lado se gestan pleitos costosos, largos y desgastantes de esas relaciones.

 

Así, Francia y España, si bien no directamente sino a través de sus empresas, se van a enfrentar en los tribunales tras una demanda que acaba de interponer la empresa francesa DCNS ante el Tribunal de Arbitraje de París en contra de su socio español Navantia solicitando no solo la disolución de la sociedad, sino acusándo a los españoles de plagio.

 

Todo radica en la fabricación de un submarino franco-hispano de nombre Scorpene que ha sido vendido muy bien a diferentes países como Chile, que adquirió dos, India, con seis o Brasil que acaba de comprar cuatro. Este submarino es fabricado en un 65% en los astilleros franceses y el restante 35% en España, pero ambas empresas tienen el 50% de los derechos derivados de la propiedad intelectual.

En 1975 Brasil y Paraguay iniciaron la construcción en la frontera entre ambos países la presa de Itaipú que alimenta la mayor hidroeléctrica del mundo aprovechando las aguas caudalosas del río Paraná.

 

Con el desarrollo de este proyecto ambas naciones firmaron un tratado que hoy Paraguay, a través de su presidente Fernando Lugo, está negociando con el gobierno de Brasil ya que lo consideran injusto.

 

En este tratado, Paraguay quedó endeudado con Brasil en la construcción del proyecto, por lo que pese a tener derecho al 50% de la energía generada, solo usa el 5% y el resto lo vende obligatoriamente a la empresa brasileña de energía eléctrica Electrobrás que paga el megavatio hora en $45.31 dólares, de los cuales Paraguay solo recibe $2.8 dólares porque el resto es descontado por Brasil para el pago de la deuda.

El pasado miércoles el Senado checo aprobó el Tratado de Lisboa y la trascendencia radica en que, salvo Irlanda, era el último país que faltaba por ratificarlo. Irlanda lo someterá a referéndum el próximo otoño y de ser aprobado por los irlandeses, este Tratado podrá ser implementado.

 

El Tratado de Lisboa es un documento que modifica los Tratados de la Unión Europea y de la Comunidad Europea, que ahora se encuentran en vigor y que son la máxima ley de la Unión, como si fuera su Constitución.

 

El Tratado de Lisboa se firmó el 13 de diciembre de 2007 por los mandatarios de la Unión Europea, pero para que tenga plena validez, cada estado ha debido someterlo a sus procesos internos de aprobación. Podríamos equiparar este proceso con las modificaciones constitucionales en México que deben ser aprobados por la mayoría de las legislaturas estatales. Nada más que en el caso de Europa la aprobación debe ser por todos.

El juicio en contra de la periodista Roxana Saberi, acusada en Irán por espiar a favor de Estados Unidos, concluyó con la declaratoria de culpabilidad de la mujer de 32 años, y su condena a 8 de cárcel.

 

Sin embargo, su abogado apeló la decisión y se ha fijado fecha para una audiencia la próxima semana, aunque se cree que este juicio será, al igual que el primero, a puerta cerrada.

 

El padre de la periodista había declarado que ella estaba en huelga de hambre, pero autoridades iraníes han refutado esa declaración y han dicho que la mujer se encuentra en buen estado de salud.

 

Roxana Saberi fue detenida inicialmente por comprar alcohol y por trabajar con credenciales vencidas, pero luego se le acusó de ser espía del gobierno de los Estados Unidos, acusación que el mismo presidente Obama calificó de infundada. El presidente de Irán se ha negado a intervenir en el caso argumentando que el poder judicial es independiente y que cumple sus funciones con apego a derecho.

Esta apelación también podría tratarse de un juicio expedito, a puerta cerrada, como ya se mencionó, y sin la posibilidad de que las partes declaren.