En California, Estados Unidos, comenzó este lunes un juicio que decidirá si es inconstitucional que los estados de la Unión prohíban el matrimonio entre homosexuales.

El juicio surgió a partir de la prohibición del matrimonio entre homosexuales por el voto de la mayoría de los californianos en las elecciones de 2008, en lo que se conoce como la Propuesta 8.

Recién lanzado al mercado el teléfono Nexus One de Google y ya existen amenazas de demanda sobre el producto, particularmente sobre el nombre.

Los herederos del escritor de ciencia ficción Philip K. Dick han escrito a la empresa y ya anunciaron que demandarán por el nombre, puesto que está basado en la novela del escritor titulada ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? y que versa sobre un mundo poblado por androides algunos de los cuales buscan escapar de su destino, relato en el que se basó la exitosa película Blade Runner.

 

El nombre de Nexus One, de acuerdo con los herederos, fue tomado sin permiso de la mencionada novela y agregan a sus argumentos que el sistema operativo bajo el que opera fue bautizado como androide, quedando clara la relación con la obra del escritor.

Google respondió que no existe ninguna relación con la novela porque el nombre de Nexus One no es marca registrada y que es utilizado como el nombre genérico de un lugar donde las cosas suceden y expertos en la materia señalan que la familia de Dick tendrá que demostrar frente al juez que el consumidor asocia el nombre del teléfono con la novela del escritor para demostrar el nexo.

La obra de Dick, quien era estadounidense, es muy prolífica y aunque prácticamente vivió en la pobreza, su obra ha sido adaptada en la pantalla grande con lo que ha alcanzado relevancia. Sus herederos crearon la empresa Electric Sheperd Productions que se encarga de las adaptaciones de la obra del autor.

Fuente Times on Line

 

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El Banco de Desarrollo de Brasil suspendió todos los préstamos a la empresa cañera más grande del mundo, Cosan, por supuestamente estar implicada en asuntos laborales sobre tratamiento de esclavos a sus trabajadores.

Lo anterior debido a que el ministerio del Trabajo de ese país incluyó el nombre de la empresa en una lista que aparece cada fin de año en donde se exponen a las empresas que incumplen las normas laborales. En el caso de Cosan, se llegó al extremo en que la policía tuvo que liberar a 42 trabajadores de una unidad productora de caña en donde estuvieron sometidos a condiciones degradantes y de esclavitud, en un asunto parecido al ocurrido a finales del año pasado en la Ciudad de México.

En una decisión que será legalmente cuestionada frente a la autoridad competente, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, removió de su cargo al presidente del Banco Central de ese país, Martín Redrado.

La remoción del cargo se hizo por decreto presidencial argumentando la mala conducta del funcionario al no haber cedido más de $6.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central, de un total de $17.000 millones de dólares de libre disponibilidad para este año, para el Fondo del Bicentenario creado por el Ejecutivo, destinado a cancelar los vencimientos de la deuda pública en el 2010.

Con la intención de resolver la crisis política de Honduras, y quizás a instancias de la mediación estadounidense en el problema, el Fiscal General de ese país, cabeza del ministerio público, solicitó a la Corte Suprema que emita una orden de captura contra la cúpula militar a quienes acusa de abuso de autoridad y expatriación.

La Fiscalía declaró que los delitos de que acusa a los militares solo se refieren a los hechos ocurridos el 28 de junio del año pasado cuando detuvieron al entonces presidente Manuel Zelaya y lo expatriaron a Costa Rica.

Con la crisis financiera y el cierre del banco islandés en línea, Icesave, Islandia prácticamente llegó a la quiebra y se obstaculizaron sus posibilidades de ingresar a la Unión Europea.

Para saldar las deudas que dejó dicho banco con ahorradores holandeses y británicos, el parlamento propuso una ley en la que el gobierno islandés asume la deuda del Icesave y se compromete a reembolsar cerca de $4.5 millones de dólares perdidos por los ahorradores que en su momento decidieron invertir en el banco por los altos rendimientos que ofrecía. Este reembolso cuesta en promedio a cada islandés $17,000 dólares.

Tras la reelección de Evo Morales como presidente de Bolivia, el poder judicial de aquel país, en aras de la modernidad, ha sido reformado por la Constitución para que el cargo de magistrado se ocupe por elección popular.

El problema que existe actualmente en aquel país es que existen numerosas vacantes en el poder judicial ya que muchos magistrados renunciaron argumentando la presión del poder ejecutivo y por ello ahora Evo Morales propone una “ley corta” en donde se le permita nombrar directamente a quienes ocuparán las vacantes, mientras entra en vigor la ley del poder judicial y se realiza el proceso electoral.

En diciembre pasado la Corte Europea de Derechos Humanos falló a favor de una mujer española a fin de que se reconociera su boda gitana como un matrimonio legal y de esa manera ella pudiera cobrar la pensión de viudez que le corresponde. Lo anterior nos muestra el estado legal que guardan en España lo que en México hemos llamado cotidianamente uniones libres y que bajo el derecho español se denominan parejas de hecho.

Previo a la ley expedida en el 2007, no existían derechos legales derivados de la unión de estas parejas de hecho. Tras la expedición de esa ley, se permitió que se cobrara la pensión de viudez y se adquirieran otros derechos derivados del matrimonio siempre que esas parejas de hecho cumplieran con dos requisitos: tener un domicilio conyugal, es decir, un único domicilio que comprobara así una unión estable y tener hijos en común. La ley hizo retroactivos sus efectos a los decesos de parejas previo a la expedición de la ley.

El pasado 2 de enero, la Corte Suprema del Perú ratificó la sentencia de 25 años de prisión en contra de Alberto Fujimori, ex presidente del país, por homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves, en el caso de Barrio Alto y La Cantutaa, así como por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en 1992. (Ver Juicio contra Fujimori).

La sentencia de la Primera Sala Transitoria Penal de la Corte Suprema confirma la sentencia primera instancia fue emitida por la Sala Penal Especial el 7 de abril de 2009, por la matanza de al menos 25 personas en dos operativos contra el terrosismo más el secuestro y homicidio del periodista y el empresario tras el autogolpe de estado de 1992.