Mientras el acuerdo de digitalización de libros por Google se sigue discutiendo judicialmente en Estados Unidos tras haberse cerrado el plazo para que autores y editoriales solicitaran el alta o baja de su registro, en Europa se lleva a cabo una serie de conferencias y debates en torno de las leyes europeas de propiedad intelectual.

Los comisarios que han convocado a estas reuniones, y que forman parte de la Comisión Europea para la Sociedad de la Información, han planteado la discusión de las leyes actuales de propiedad intelectual para conocer si las mismas se adecuan a la era de Internet, protegiendo suficientemente a los autores, por un lado, pero permitiendo la difusión de la información y de la cultura, protegiendo igualmente los derechos de los consumidores de los libros electrónicos.

La libertad de expresión es uno de los derechos que mayores debates ha generado y sigue generando, porque lo que para unos es libertad de expresión para otros resulta ofensivo. Una muestra de ello es el conflicto actual entre la Liga Árabe Europea (LAE) y la fiscalía general de Utrecht en Holanda derivado de la publicación de unas caricaturas.

La Liga Árabe Europea publicó esta semana en su sitio web una controvertida caricatura, que ya había mostrado previamente, en donde se muestra a dos judíos inventándose el Holocausto. En Holanda es delito negar el Holocausto y con este fundamento la fiscalía inició una querella en contra de la LAE.

En el marco de los debates para lograr la aprobación de las reformas al sistema de salud en los Estados Unidos, se anunció en conferencia de prensa que la farmacéutica Pfizer pagará $2.300 millones de dólares como parte del acuerdo al que llegó para poner fin a los litigios que se seguían en su contra por efectuar prácticas comerciales ilegales en la venta del medicamento Bextra.

La controversia inició tras la denuncia de John Kopchinski quien trabajara como representante médico de la empresa y a quien se le instruyó a vender el medicamento a médicos y dentistas en dosis más altas que las comprobadas y para padecimientos en los cuales la droga no había probada. Con el testimonio de este hombre, a quien la empresa acusó de no saber trabajar en equipo al no obtener protocolos médicos de la utilización del medicamento en operaciones, el gobierno pudo cerrar su caso contra la farmacéutica y su filial Upjohn Company por prácticas comerciales deshonestas.

Dentro de la serie de escándalos recientes que han rodeado a Silvio Berlusconi, sale a relucir la nueva demanda que interpuso en contra de una publicación italiana llamada L’Unitá y contra cinco de sus periodistas exigiendo una compensación de 3 millones de euros, más una multa de 200 mil euros por haber publicado notas respecto de sus recientes escándalos sexuales.

La editora de la publicación precisa que no se trata de una denuncia contra artículos publicados, sino una demanda civil por daños por una altísima suma que pone en riesgo la estabilidad financiera de la publicación por lo que acusa que el primer ministro italiano está buscando callar a los medios por dinero.

Un juez chileno emitió la orden de aprehensión en contra de 129 personas acusadas de haber colaborado durante el gobierno de Augusto Pinochet, en la tortura o desaparición de miembros de la izquierda y de la oposición.

Algunas de estas personas ya habían sido procesadas por otros delitos, pero hay otras que nunca habían sido acusadas de haber cometido o participado en la comisión de estos delitos ya que muchos de ellos tenían rangos muy bajos en el momento del delito por lo que seguían órdenes de sus superiores.

Mientras Gustavo Madero confirma en entrevista que la reforma energética aprobada el año pasado no fue suficiente, en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva está pasando al Congreso un paquete de cuatro reformas legislativas en materia de petróleo que de ser aprobadas podrían terminar de posicionar al Brasil como uno de los líderes de las llamadas economías emergentes.

Estos proyectos de ley obedecen a los nuevos hallazgos de reservas petroleras frente a las costas de tres estados brasileños: Río de Janeiro, San Paulo y Espíritu Santo y que prometen ser fuente de millonarios ingresos para el país sudamericano en los próximos años.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, emitió un comunicado en donde hace saber a los venezolanos que alzarse contra el gobierno legítimamente constituido puede calificarse como rebelión civil que es un delito que en ese país sudamericano se castiga con 12 a 24 años de prisión.

La declaración se dio después de una serie de manifestaciones que han tenido lugar por la aprobación de la controvertida Ley de Educación y otra serie de manifestaciones en Caracas en contra de leyes que al quitar facultades al alcalde de la ciudad, opositor del gobierno actual, perjudican también los empleos de diversos funcionarios públicos.

En Mali, donde el 90% de la población es musulmana, el parlamento elaboró y aprobó una nueva ley familiar que concede mayores derechos a las mujeres y que establece que el matrimonio es una instancia civil y no religiosa.

Entre los derechos que se conceden está la igualdad entre hombres y mujeres puesto que la mujer ya no tiene la obligación de obedecer a su marido. Además se le conceden mayores derechos de herencia  y se establecen los 18 años como la edad mínima legal para contraer matrimonio.

Uno de los detenidos más jóvenes en Guantánamo declaró que demandará al gobierno de los Estados Unidos para pedir compensación por el tiempo que estuvo detenido y en el cual, según relata, fue torturado.

Este hombre y su familia alegan que fue detenido cuando tenía 13 años. Las autoridades de Estados Unidos dicen que tenía unos 17 años según se mostró en las radiografías de huesos tomadas mientras estuvo detenido. La edad real se desconoce puesto que este hombre carece de acta de nacimiento.

Fue detenido en Afganistán acusado de haber herido a dos soldados estadounidenses y a su intérprete tras arrojar una granada al vehículo en que viajaban. Fue trasladado a Guantánamo donde estuvo preso durante siete años. Prácticamente todo su caso fue declarado inadmisible por un tribunal militar y finalmente fue liberado el mes pasado por orden de un juez federal de distrito.

En la demanda solicitará compensación por el tiempo que estuvo detenido a fin de volver a retomar su vida y tratar de regresar a la normalidad. El alega que era solo un niño que fue acusado de un delito que nunca se pudo comprobar.

 

Fuente BBC News


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