Del 29 al 31 de mayo pasado se llevó a cabo en Doha, Qatar, un Foro de Derecho en el que se reunieron no solo a prominentes abogados y catedráticos, sino también banqueros, jueces, litigantes, árbitros, conciliadores y presidentes de cortes internacionales como la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia.

 

La finalidad de este foro fue discutir el principio de Supremacía de la Ley que establece que todas las decisiones deben tomarse de acuerdo con leyes y normas pre-existentes a fin de evitar la discrecionalidad de las autoridades. A este principio fundamental de todo estado de derecho lo llamamos también de Legalidad.

 

Las discusiones sobre el tema giraron en torno de importantes preguntas como si la legalidad requiere de la existencia de la democracia, si en condiciones de extrema pobreza o violencia en los países sigue teniendo vigencia esta supremacía de la ley y como es interpretada por los pobladores o la interpretación de esta supremacía en diferentes países y si por acatar el principio en un país se pueden violar los derechos humanos.

 

En octubre del año pasado, una mujer de nacionalidad británica fue detenida en la isla de Laos por contrabando de heroína y recluida en una prisión. En espera de su juicio, esta mujer quedó embarazada en diciembre pasado y debido a su condición especial y a que la pena por su delito es la pena de muerte, las autoridades británicas intercedieron a su favor vía diplomática.

 

A su favor también actuó una asociación legal para proporcionarle asistencia jurídica en vista de que Samantha Orobator, la acusada, no tenía representación legal.

 

A esta mujer la acusaron de poseer 680 grs. de heroína, lo que excede el máximo permitido en aquel país de 500 grs. y que lo convierte en un delito sancionado con la pena capital.

 

El centro de detención de Guantánamo sigue siendo noticia. Un juez federal determinó que los archivos sellados o confidenciales sobre la detención y proceso de más de 100 detenidos debían ser abiertos a todo público, siempre que se trate de información que no comprometa la seguridad nacional o los intereses de los litigantes.

 

Esta decisión se presentó en torno a la petición del gobierno de mantener la información clasificada, con acceso exclusivamente a los abogados y jueces que revisan los casos.

 

En la decisión el juez federal Thomas F. Hogan consideró que la petición gubernamental era muy amplia y que violaba el derecho de toda persona detenida de ser remitida ante un juez y de ser informada de las causas de su detención, esto último en relación con las causas de habeas corpus introducidas.

Una mujer británica de 24 años está peleando ante la Comisión Europea de Derechos Humanos su último recurso para que el poder judicial inglés revierta una sentencia en donde la declaran incapaz para cuidar de su hija.

 

Desde que la niña nació prematuramente, las enfermeras expresaron dudas sobre la capacidad de la madre de cuidar de la menor, de manera que cuando la bebé abandonó la unidad de cuidados intensivos, se nombró a una psicóloga para dar seguimiento a los cuidados maternales que se prodigaban a la menor. Y esta profesionista determinó que la madre tenía serias limitaciones para proveer los adecuados cuidados a la niña. Es decir, la catalogó como estúpida. (En México hay quienes abogan por el cambio de estos términos en la legislación civil por considerarlos ofensivos, sin embargo, estúpido se define por la Real Academia de la Lengua Española como falto de inteligencia sin ser un término peyorativo).

Desde que se promulgó en España la Ley de la Memoria Histórica, parecen haberse abierto heridas que todavía lastiman a los españoles y que aún los dividen entre los que buscan llegar a conocer los secretos más recónditos de la Guerra Civil y del franquismo y aquellos que prefieren que el pasado quede atrás sin hurgar demasiado en él.

Uno de estos casos de diferentes puntos de vista lo representan los descendientes del poeta asesinado en la guerra, Federico García Lorca y los parientes de los otros personajes que comparten su tumba, el maestro Dióscoro Galindo y los anarquistas Joaquín Arcollas Cabezas y Francisco Galadí, ya que los primeros siempre se mostraron reacios a la apertura de la fosa, mientras que los parientes de Galindo y Galadí piensan que solo así podrán terminar de cerrar sus heridas al recuperar su memoria.

El año pasado Baltasar Garzón inició un procedimiento para juzgar los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo, pero este caso no prosperó y el juez se inhibió a favor de los juzgados locales quienes tendrían que decidir lo relativo a la apertura de las fosas. Ahora Garzón es sometido a proceso por prevaricación por este caso.

Frente al fenómeno del bullying que está afectando a tantos niños y jóvenes y que ya no solo se circunscribe a un ataque físico o presencial, sino que también se ha expandido a la red, en España un juez emitió una sentencia que puede sentar un precedente en la defensa de estos niños y jóvenes agraviados.

Se trata del caso interpuesto por un muchacho, menor de edad, en contra de un compañero de colegio, también menor de edad, quien manipuló una fotografía suya y la colocó en Tuenti, una red social española tipo Facebook, que contribuyó a comentarios negativos de otros compañeros, haciendo del denunciante objeto de burlas.

El pasado 26 de mayo se dio a conocer la decisión de la Suprema Corte de Pakistaní de levantar la prohibición que pesaba sobre el líder opositor Nawaz Sharif para ocupar cargos gubernamentales como el de Primer Ministro.

 

Esta nueva decisión revierte la decisión que la misma Corte había tomado meses atrás en el sentido de inhabilitar a Sharif para ocupar cargos de gobierno por un delito que cometió cuando era  miembro de la resistencia del gobierno de Pervez Musharraf. Pero sucede que ahora la Corte tiene otro presidente, un ministro que había sido depuesto ilegalmente por el gobierno actual, hecho que suscitó marchas de abogados para exigir su reinstalación y la de otros jueces.

 

Sharif no ha develado sus planes futuros dentro de la política. De momento no puede ser Primer Ministro debido a una ley que prohíbe que alguien ocupe el cargo más de dos términos por lo que se espera que contienda en las elecciones especiales que se celebrarán para una nueva composición del Parlamento y desde ahí pueda abogar por el cambio de la ley.

 

Fuente New York Times
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La organización de derecha de España, Manos Limpias, presentó a principios del año una querella contra el juez Baltasar Garzón ante el Tribunal Supremo, acusándolo de prevaricación, es decir, de haber emitido sentencias y resoluciones injustas conociendo de tal injusticia, y han solicitado que se suspenda al juez mientras se lleva a cabo el proceso.

 

La organización lo acusa de haber emitido resoluciones injustas en la investigación que abrió el año pasado sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, por no haber tomado en consideración la irretroactividad de las leyes penales, ni la existencia de la Ley de Amnistía y por carecer de competencia para solicitar la exhumación de las fosas comunes. La referida investigación fue cesada en su instrucción porque los culpables ya habían fallecido y Garzón se inhibió a favor de los juzgados territoriales en cuanto a la exhumación de cuerpos de las fosas.

El próximo 4 de junio se cumplen 20 años de la matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmen en Beijing, China, lo cual tiene al gobierno un tanto nervioso tratando de mantener las demostraciones al mínimo así como las denuncias sociales que se pudieran presentar por el aniversario.

 

Y entre estas maniobras por mantener una aparente tranquilidad en su territorio, el New York Times reporta que el gobierno de China ha estado negando o retrasando la revisión de las licencias o cédulas de 20 prominentes abogados defensores de los derechos humanos pertenecientes a dos grupos, Human Rights Watch y Defensores de los Derechos Humanos en China.

 

La revisión de las cédulas de manera anual es un proceso que utiliza el gobierno para mantener bajo control a los abogados, pero los grupos aludidos reportan que previamente no había habido problemas en la renovación en las grandes ciudades como las hay ahora.

 

Incluso la renovación de membresías a la barra de abogados, que es obligatoria y que se trata de un órgano controlado por el gobierno, se está convirtiendo en otro problema ya que han notificado a estos abogados que su membresía se considera “problemática”.