Aunque el tiempo de Pascua ya terminó, el famoso conejito de chocolate vuelve a ser noticia al menos en los tribunales europeos a partir de la demanda interpuesta por una empresa austriaca de chocolates en contra de la chocolatería Lindt & Sprüngli de Suiza.

 

Esta historia empezó cuando en el 2001 Lindt registró como marca el chocolate con forma de conejo envuelto en papel dorado, con un lazo rojo y una campana, y cuando obtuvo el registro inició acciones en contra de su competencia para que ninguna otra chocolatería vendiera conejos de pascua de chocolate.

 

Y las cosas resultaron hasta que en el 2004 se enfrentó con Hauswirth, una pequeña chocolatería austriaca que demandó el registro de marca del conejo de chocolate de los suizos argumentando que los conejos de pascua se fabrican desde hace décadas y que Lindt obtuvo de mala fe el registro aprovechando su posición dominante en el mercado para sacar a sus competidores del mercado.

 

¿Cuánto cuesta una legalización extraordinaria en España? Un trabajador boliviano ilegal pagó por ella su brazo y fue otorgada más por presión política que otra cosa después de que su caso escandalizara a los españoles y pusiera en evidencia muchas irregularidades.

 

Este boliviano de 33 años trabajaba en Valencia en una panadería 12 horas diarias por un sueldo de $32 dólares al día, más de lo que seguramente conseguía en su país natal, obviamente sin contrato y sin seguro social.

 

El pasado 28 de mayo pasado en una máquina de amasar perdió su brazo hasta el codo. Los dueños de la panadería, para no meterse en problemas legales y explicaciones engorrosas, decidieron tirar el brazo en un basurero, dejar al trabajador a cien metros de un hospital mientras se desangraba y seguir en sus funciones normalmente.

 

El matrimonio formado por Kendall y Gwendolyn Myers, de 72 y 71 años respectivamente está siendo juzgado en los Estados Unidos por espionaje a favor del gobierno de Cuba.

 

Kendall Myers fue funcionario del Departamento de Estado hasta el 2007 año en que se retiró y aunque no ha sido revelado el tipo de información que supuestamente entregó a los cubanos, el mismo Departamento de Estado levantó cargos en su contra y de su esposa por conspiración, actividad fraudulenta cometida con medios electrónicos y por entregar información clasificada a otro gobierno.

Después de 13 años de litigio, la empresa petrolera Shell decidió llegar a un acuerdo extrajudicial con sus nueve demandantes nigerianos y pagar 15.5 millones de dólares por motivo de compensación o, como la empresa lo llama, como un gesto humanitario. Shell había sido demandada por complicidad con el régimen militar de Nigeria que en 1994 llevó a la muerte a nueve activistas del pueblo Ogoni.

 

Los hechos que dieron origen al litigio, evolucionaron de la siguiente manera: en 1958 la empresa Shell se estableció en la región de los Ogoni, donde en 1990 surgió el Movimiento para la Supervivencia de los Ogoni, creado por el escritor nigeriano Ken Saro-Wiwa. Esta agrupación inició movilizaciones contra la empresa por abusos cometidos contra los habitantes y trabajadores, además de por contaminación ambiental.

 

En una de esas movilizaciones, cuatro líderes de la comunidad resultaron muertos y se acusó de estos asesinatos a Saro-Wiwa y otros ocho miembros de su movimiento. En el juicio se les encontró culpables y se les condenó a la muerte.

 

El problema de los detenidos en Guantánamo, que son como los hermanos incómodos que se desean esconder pero que no se puede, llegó a Europa tras la petición del presidente de Estados Unidos de ayuda para lograr el cierre definitivo del centro de detención.

 

Muchos años los europeas solicitaron al gobierno de los Estados Unidos el cierre de este lugar por considerar que violaba los derechos humanos de los reclusos, sin embargo llegada la hora, muchos prefieren esconder la mano y no aceptar reclusos en sus territorios y aceptar muy a regañadientes que otros países miembros de la Unión lo hagan.

 

Por ello pactaron restricciones, como el que los países de acogida, como España, Irlanda, Portugal o el Reino Unido, limiten temporalmente el movimiento de los detenidos, que por regla general es un derecho de cualquier residente de Europa.

 

A finales de la semana pasada el juzgado de Florida donde se encontraba el litigio de España contra la empresa Odyssey Marine Exploration, se sentenció a favor de los españoles y se ordenó a la empresa a regresar más de medio millón de monedas de oro y plata que encontraron en los restos del buque hundido Nuestra Señora de las Mercedes.

 

Con esta decisión se establece que la propiedad del buque hundido es de España, así como se todo lo que se encontró. Habrá que esperar a ver si Perú sigue el litigio y confronta a España por el tesoro que originalmente salió de este país cuando era colonia española.

 

En otra actualización, el lunes se sentenció a las dos periodistas estadounidenses juzgadas en Corea del Norte a 12 años de trabajos forzados. Fueron detenidas y acusada de entrar ilegalmente al país y de efectuar actos hostiles, aunque no fueron acusadas de espionaje como era temido.

 

A pocos días de que el Congreso colombiano aprobara una ley que permite hacer un referendo para decidir si se permite al presidente Álvaro Uribe contender por una segunda reelección, la Corte Suprema sentencia a dos ex congresistas por delitos cometidos en relación con la primera reelección de Uribe.

 

La Corte encontró culpables a Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus y los condenó a ocho y seis años respectivamente, al primero por cohecho y enriquecimiento ilícito y al segundo por concusión que es un delito parecido al cohecho, pero este segundo implica que el funcionario impone la retribución.

 

Resulta que en el 2004, cuando se tramitó ante el Congreso colombiano la primera reelección del presidente Uribe, estas dos personas eran congresistas, al lado de Yidis Medina, quien en su momento se declaró culpable por haber aceptado prebendas para votar a favor de la reelección.

En un documento especial que se ha remitido a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se declara que la policía en Kenia repetidamente ejecuta individuos en un clima de impunidad y revela la existencia de escuadrones policíacos de la muerte que operan bajo las órdenes de un jefe de policía y cuya finalidad es perseguir y matar a líderes y miembros de la delincuencia organizada.

 

En este documento se propone la renuncia del fiscal general y del comandante de la policía y se pide al presidente de Kenia, Mwai Kibaki que se comprometa públicamente a terminar con estas matanzas ilegales por parte de la policía.

 

Casi al mismo tiempo de que el diario El País de España publicaba las escandalosas fotografías de las fiestas que el primer ministro de Italia organiza ocasionalmente en su casa en Cerdeña, Niccolo Ghedini, abogado de Silvio Berlusconi, anunciaba que estaba iniciando proceso judicial en contra de la publicación.

 

Las fotografías muestran a varias personas con el rostro “pixelado” salvo el de Berlusconi, en la residencia del ministro, muchas de ellas sin ropa, disfrutando del sol. Estas fotografías fueron censuradas en Italia después de que el primer ministro denunciará al fotógrafo de violación de la intimidad e intento de extorsión. Por lo que al haber sido secuestradas por la fiscalía italiana, su venta y adquisición es ilegal en cualquier otra parte del mundo y en este argumento se basa la denuncia contra El País.