Mientras en Ecuador la población está solicitando se limite la justicia indígena para evitar casos de linchamientos que han ocurrido en pasadas semanas, en Bolivia se aprobó por la cámara baja de su Congreso una ley que otorga a los pueblos indígenas el derecho de administrar justicia en forma autónoma y según sus usos y costumbres.

 

En Ecuador la Constitución también garantiza el derecho a los diferentes pueblos indígenas de administrar justicia, pero la Carta Magna no señala límites por lo que hay juristas que reclaman que existe un doble sistema legal en el país, y que la administración de justicia indígena no pasa por leyes establecidas, que otorgan seguridad jurídica, sino por decisiones de un consejo que ha llegado a imponer la pena de muerte mediante linchamiento, la cual no es aceptada en ese país sudamericano.

 

Frente a ello, los juristas establecen que si existe igualdad de todos ante la ley, no caben leyes diferentes ni tribunales especiales para los indígenas en materia penal porque el estado ecuatoriano debe aplicar y proteger los mismos derechos humanos para todos los ciudadanos.

 

Sin embargo esta postura no es aprobada por todos los sectores de la sociedad ya que hay quienes justifican la imposición de penas, que se podrían calificar de crueles, en el hecho de que se trata de tradiciones ancestrales y señalan que no corresponde a la sociedad juzgar sobre la atrocidad o crueldad de las mismas. Esta es la opinión de James Anaya, Relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas que en el caso de un homicidio en la población de La Cocha, el culpable fue sentenciado, no a la muerte, pero sí a realizar trabajos forzados y a recibir castigos corporales lo que generó indignación en un sector de la sociedad ecuatoriana. Anaya señala que es contraproducente calificar de “salvaje y violatoria de los derechos humanos a toda expresión de la justicia indígena”.

 

Sin embargo, al no haber procedimientos establecidos, ni leyes o sanciones de conocimiento público, la justicia indígena no ha podido garantizar derechos procesales como el derecho a un juicio justo e imparcial. Se han presentado casos de juicios sumarios que terminan con el linchamiento de los culpables por parte de la población que frente a las cámaras de televisión proclama “ladrón capturado, ladrón quemado”.

 

En Bolivia, donde el 60% de la población se identifica como indígena, la Constitución fue modificada para asegurar el derecho de los pueblos indígenas a administrarse justicia según sus usos y costumbres, y ya se aprobó por la cámara baja una ley para asegurar este derecho, bajo el supuesto de que la justicia ordinaria es corrupta y racista.

 

Pero los detractores de esa ley señalan que no contiene límites a la aplicación de esta justicia pues no es claro si se aplicará para delitos menores o también para otros casos como homicidio y narcotráfico y el tipo de sanciones que se pueden aplicar.

 

Además se teme que los linchamientos y lapidaciones se tornen más comunes bajo el amparo de esta ley, como el linchamiento de cuatro policías ocurrido el pasado mes de abril.

 

Los estados deben garantizar el acceso a la justicia de manera equitativa y velando por el respeto de los derechos humanos de los procesados. Y así como se discute la existencia de tribunales especiales en materia militar, quizá también se debería poner sobre la mesa de discusión la existencia de estos otros tribunales especiales, fijando límites que tiendan a la construcción de un sistema nacional y no a zanjar diferencias más profundas.

 

Fuente El Comercio y BBC Mundo

  

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En Chile se dio a conocer un estudio de la Universidad de Chile que demuestra que $19 millones de dólares de la fortuna de los Pinochet no tiene justificación contable.

 

El estudio fue encargado a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, por el juez que analiza la causa de lavado de dinero del ex dictador Augusto Pinochet, en el marco del caso Riggs por ocultamiento de cuentas en este banco de Washington, Estados Unidos.

 

En una decisión judicial que para los activistas sienta un triste precedente del desempeño de la justicia, en la India se dictó veredicto en el caso de la fuga de gas de la empresa Union Carbide ocurrida en 1984 y que llevó a la muerte a más de 15,000 personas.

 

Los hechos ocurrieron el 3 de diciembre de 1984 en la población india de Bhopal, cuando de la empresa de pesticidas Union Carbide se derramaron 40 toneladas de una toxina llamada Metil isocianato provocando la muerte inmediata de unas 3,500 personas y de unas 15,000 en años posteriores, y provocando defectos de nacimiento en niños, y enfermedades crónicas como diabetes y cáncer.

 

Los 240,000 funcionarios públicos de Paraguay están organizando un paro general por el descontento que generó la decisión del presidente Fernando Lugo de vetar una ley que les reconocía como derecho adquirido la jornada laboral de seis horas.

 

Los funcionarios estatales tenían establecida una jornada de seis horas desde la mitad del siglo pasado hasta el año pasado, cuando el presidente Lugo empezó a exigir una jornada laboral de ocho horas.

 

Fernando De la Rúa, ex presidente de Argentina, se ve libre nuevamente de las acusaciones que pesaban sobre él por la muerte de cinco manifestantes ocurrida cuando era presidente.

 

De la Rúa fue presidente de Argentina de 1999 al año 2001, cuando renunció debido a numerosas manifestaciones y presiones sociales derivadas de la crisis financiera de diciembre del 2001. Su mandato debía haber terminado en el 2003 y su renuncia supuso además una crisis política para Argentina pues fue sucedido como presidente por cuatro personas en el lapso de unos cuantos días.

 

En una reciente decisión,  la Suprema Corte de los Estados Unidos ha permitido que ciudadanos somalíes demanden al ex primer ministro Mohamed Ali Samantar por tortura.

 

Samantar, miembro de las fuerzas armadas, fue Primer Ministro de Somalia de 1987 a 1990, bajo la presidencia de Siad Barre, después de haber sido ministro de defensa. En 1991, un grupo opositor al gobierno ganó el control de la mayoría del país, y después de la destitución de Barre como presidente, el territorio se dividió en varias regiones que se han declarado autónomas, por lo que Somalia carece en la actualidad de un gobierno unitario.

 

En un avance en la protección de los derechos de las niñas, Arabia Saudita ha expedido nuevas reglas en materia de matrimonio para evitar que éstas uniones se realicen con niñas.

 

Aunque en ese país no existe ninguna ley que prohíba el matrimonio de niñas, el gobierno exige que ahora, para celebrar la unión, se pregunte la edad de la novia, de manera que si es una niña, se pueda detener la unión.

 

El martes pasado, la Suprema Corte de los Estados Unidos estableció que para acogerse a los derechos establecidos en la advertencia Miranda, Miranda Warning, el detenido lo debe expresar verbalmente.

 

Lo anterior significa que si la persona desea permanecer en silencio, como es su derecho, debe decir que se acoge a ese derecho al momento de ser interrogado. Por tanto, no se entenderá con su silencio durante el interrogatorio que desea permanecer en silencio.

 

Las ballenas son tema legal e internacional esta semana después de que Australia demandara este martes a Japón ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, por la caza de ballenas.

 

De acuerdo con normas internacionales, se permite la cacería de ballenas siempre que se haga para fines de investigación científica, pero Australia declara que el número de ballenas que caza Japón al año, excede lo necesario para investigación científica y demanda ante la Corte que cumpla con las obligaciones contraídas internacionalmente en la Convención Internacional para la Regulación de la Pesca de Cetáceos.