Un tribunal de la revolución de Irán condenó a seis años de prisión al abogado disidente Ghasem Sholesaadi, según declaraciones de su abogado Mohammad Hossein Aghasi a la agencia de noticias AFP.

En un caso que se refiere a la maternidad subrogada, figura prohibida en derecho español, la Audiencia Provincial de Barcelona negó la adopción por el esposo del padre de los hijos  nacidos mediante madre subrogada en Tailandia.

Una Corte Civil de Irlanda concedió a una adolescente de 16 años una compensación por daños de más de 30,000 euros por haber consumido Nutella que tenía fragmentos de vidrio en el envase.

En la Corte de Distrito de Tokio, Japón, se presentó una demanda por parte de grupos religiosos y ciudadanos en contra del gasto que el gobierno prevé hacer el próximo en los rituales para entronizar como emperador al príncipe heredero Naruhito.

El miércoles de la semana pasada, dos grandes despachos de abogados de California presentaron una demanda que pretende convertirse en acción colectiva en contra de la empresa privada de electricidad Pacific Gas and Electric Co, haciéndola responsable de los letales incendios que el pasado mes de noviembre asolaron el norte de California.

En la preparación del presupuesto de Dinamarca para el próximo año, el gobierno y el partido de derecha Dansk Folkeparti, DF, han incluido una nueva partida para la creación de una fuerza especial de la policía que se dedique al bienestar animal.

En los Países Bajos, una mayoría de miembros del Parlamento está redactando una reforma a la legislación civil para reducir el tiempo que las parejas divorciadas deben pagar pensión a sus excónyuges de doce a cinco años.

El Tribunal Penal Colegiado de la provincia de Mendoza, en Argentina, dictó la primera condena penal en ese país por calumnias e injurias vía Facebook. Fue en un caso en el que una mujer publicaba mensajes en el muro del afectado, acusándolo de no pagar la pensión alimenticia de su hija.

El Tribunal de Equidad de Durban, Sudáfrica, escuchó esta semana el caso presentado por la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos en contra de Edward Zuma, uno de los muchos hijos del expresidente Jacob Zuma, que debe el 20 por ciento de la multa impuesta en mayo por su discurso de odio.