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Categoría: El Derecho y la Actualidad
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Un juez chileno emitió la orden de aprehensión en contra de 129 personas acusadas de haber colaborado durante el gobierno de Augusto Pinochet, en la tortura o desaparición de miembros de la izquierda y de la oposición.

Algunas de estas personas ya habían sido procesadas por otros delitos, pero hay otras que nunca habían sido acusadas de haber cometido o participado en la comisión de estos delitos ya que muchos de ellos tenían rangos muy bajos en el momento del delito por lo que seguían órdenes de sus superiores.

La persecución contra los miembros del ejército que participaron en delitos de desaparición y tortura continúa en Chile, pese a diversos intentos de la derecha por lograr un perdón, como la propuesta que el pasado mes de julio hizo la iglesia católica de un indulto masivo a los militares involucrados en delitos durante la era Pinochet. Ello en el marco de las celebraciones del bicentenario de la independencia chilena en el 2010. La solo perspectiva de la concesión de este indulto caldeó los ánimos por lo que no fue considerado por la presidenta Michelle Bachelet.

Y junto con la noticia de las 129 órdenes de aprehensión que se giraron, el Ejército y su papel durante el régimen de Pinochet vuelve a ser noticia en el país sudamericano porque La Nación, un periódico local, reveló que siguen en nómina varias personas contratadas durante la dictadura como asesores y que formaron parte del sistema represor de la extinta DINA, que era la Dirección de Inteligencia Nacional, organismo responsable de numerosas desapariciones y de cometer actos de tortura contra los detenidos.

Frente al escándalo, el ministro de la defensa declaró que se siguen pagando honorarios a estas personas puesto que siguen trabajando, y que pese a que muchas están bajo proceso, ninguna ha sido condenada bajo las leyes chilenas por lo que , de acuerdo con el sistema jurídico, se debe partir de la presunción de inocencia. Señaló además que ninguna ley chilena prohíbe la contratación de personal que hubiere estado adscrito a la DINA.

Los familiares de desaparecidos y muchos miembros del partido socialista consideran que es ofensivo que estas personas sigan formando parte del gobierno chileno, pero serán los tribunales judiciales chilenos los que determinen si es ilícito que sigan formando parte del ejército, valorando también que con la decisión no se vulneren sus derechos y libertades civiles como el derecho de profesión u oficio.

Así que el sistema judicial chileno tiene que seguir resolviendo en estos asuntos como está sucediendo en España con lo que han llamado la memoria histórica.

Fuente BBC Mundo


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