La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, emitió un comunicado en donde hace saber a los venezolanos que alzarse contra el gobierno legítimamente constituido puede calificarse como rebelión civil que es un delito que en ese país sudamericano se castiga con 12 a 24 años de prisión.

La declaración se dio después de una serie de manifestaciones que han tenido lugar por la aprobación de la controvertida Ley de Educación y otra serie de manifestaciones en Caracas en contra de leyes que al quitar facultades al alcalde de la ciudad, opositor del gobierno actual, perjudican también los empleos de diversos funcionarios públicos.

Tras estas manifestaciones la policía detuvo a once personas con cargos de alterar el orden y producir lesiones y el pasado viernes fueron remitidos a un penal en Caracas. Richard Blanco, prefecto de Caracas, fue acusado de intentar asfixiar a un policía en otra manifestación y ya también fue arrestado. Los detenidos dicen que los hechos fueron tergiversados y acusan a los oficiales de policía de perseguirlos una vez que las manifestaciones habían sido disueltas.

Abogado de oposición acusan a la fiscal general de extralimitarse en sus funciones porque como ministerio público solo puede conducir investigaciones y no determinar si se comete o no un delito y acusan de que el derecho penal se esté utilizando en Venezuela para criminalizar la disidencia u oposición.

Como reacción a estas declaraciones de la fiscal general, el partido Primero Justicia convocó a una marcha el próximo 5 de septiembre hacia la Fiscalía General de la República para exigir su derecho constitucional de manifestarse y lograr que prevalezca la justicia venezolana según declaró el coordinador del partido, Julio Borges.

Fuente BBC Mundo

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