El gobierno de Uhuru Kenyatta de Kenia pidió la semana pasada al diario The New York Times que corrigiera un artículo publicado en el Magazine y firmado por James Verini, bajo el título en la red de “The Prosecutor and the President” y en la versión impresa como “Trial and Error” que trata sobre el fallido intento de la Corte Penal Internacional de procesar por delitos de lesa humanidad al propio Kenyatta y al actual vicepresidente William Ruto.
El artículo describe detalladamente la historia reciente de Kenia, la violencia desatada tras las cerradas elecciones de 2007 y la actuación del entonces fiscal general de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, quien por primera vez en la historia de ese tribunal internacional ejerció la facultad de solicitar que le permitieran indagar sobre posibles delitos de lesa humanidad cometidos en Kenia, sin que el asunto fuera referido directamente por un país miembro del Estatuto de Roma, documento que da origen a la CPI.
De acuerdo con el artículo del Times, Moreno Ocampo sabía que el reto era enorme porque una cosa es investigar la existencia de milicias a petición del gobierno, y otra investigar al gobierno mismo por la comisión de terribles delitos de lesa humanidad. Por estos retos, el proceso en contra de Kenyatta, imputado antes de ser elegido presidente, y de otros cinco altos funcionarios del gobierno, era importante para la CPI. Por tanto, el fracaso, para muchos, ha manchado la labor de ese tribunal internacional.
El artículo sugiere que el caso fracasó, entre otros, a que Moreno Ocampo quedó “atrapado entre su ego y su idealismo” y no vio suficientemente claro que la cúpula política de Kenia podía interferir con el proceso, como definitivamente lo hizo según denuncias de la actual fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, cuando tuvo que retirar las acusaciones en contra del presidente Kenyatta, heredero del prevalente clan político del país africano. Tanto el caso contra Kenyatta como el proceso en contra de Ruto, se retiraron por falta de elementos, debido a que varios testigos de las víctimas se retractaron de sus testimonios o se negaron a rendirlos, presumiblemente por coacción ejercida por el gobierno.
A raíz de dicho revés, los líderes africanos, miembros de la Unión Africana, han acusado a la CPI de perseguir exclusivamente a líderes de África y, liderados por Kenyatta, han estado instigando para buscar su salida de la jurisdicción de dicho tribunal.
A la petición del gobierno de Kenia para que NY Times corrigiera el artículo, el diario respondió: “El Times hace todos los esfuerzos para asegurar la precisión de lo que publicamos. El artículo del señor Verini se basó en extensas entrevistas con docenas de fuentes diferentes en Kenia, La Haya y en otros lugares, y en miles de páginas de archivos judiciales y fue revisado por editores y confirmadores de hechos”.
“Mientras el Times concienzudamente corrige cualquier error de hecho de que tenemos conocimiento, no hemos encontrado en este momento nada que corregir en este artículo y continuamos en la creencia de que es tanto preciso como justo”.
A las acusaciones del gobierno de Kenia sobre la falta de precisión de la información, el NY Times respondió que buscaron en numerosas ocasiones declaraciones oficiales, pero que no se respondió nada pese a la promesa de que así se haría.
La evidencia sobre la interferencia del gobierno en los procesos parece ser contundente como lo señala James Verini en su artículo publicado el pasado 22 de junio.
Más información africareview.com y nytimes.com
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