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El miércoles de la semana pasada, el parlamento de Kuwait reformó la Ley Electoral para incluir una disposición según la cual quienes hayan sido condenados por insultar al emir Sabah al-Ahmad al-Sabah no pueden presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Con esta nueva norma, quedan fuera de la contienda electoral importantes opositores al gobierno.

La disposición reformada señala que “cualquier ciudadano condenado por ofender a Dios, a los Profetas o al emir, mediante sentencia en firme de cualquier tribunal no podrá contender en las elecciones”.

Pese a que, según los medios, Kuwait es un país más liberal en materia de libertad de expresión que sus vecinos, la Constitución establece que el emir es “inmune e inviolable” e insultarlo es un delito que atenta contra la seguridad nacional y por ello se castiga con pena de prisión de hasta cinco años.

Bajo la nueva disposición Musallam Al Barrak, ex parlamentario y miembro de la oposición, no podrá volver a contender en las elecciones una vez que cumpla la sentencia de dos años que está cumpliendo porque en 2012 ofendió al emir mediante un discurso en tribuna al decir: “…nosotros no le permitiremos, Su Alteza, practicar un gobierno autocrático”.

Musallam Al Barrak no es el único que está purgando o ha purgado condena por blasfemia o por insultar al emir. En 2013 un tribunal penal condenó por el mismo delito a otro joven político de oposición, Mohammad Eid al-Ajmi, acusado de haber proferido sus insultos vía Twitter.

En ese momento, Mohammad al-Humaidi, director de la Sociedad Kuwaití de Derechos Humanos, declaró que eran varios los activistas jóvenes que estaban siendo procesados por el mismo delito y que dos parlamentarios, uno de ellos Musallam Al Barrak, estaban siendo procesados por haber insultado al emir durante una marcha de protesta contra la ley y el proceso electoral de diciembre de 2012, convocado tras la suspensión del parlamento por un mes, decretada por el emir en junio de ese mismo año.

Kuwait es una monarquía constitucional en la que el gobierno está en manos de una familia, Al Sabah, aunque los 50 miembros del parlamento son elegidos directamente por la población que tiene derecho de voto.

El poder del parlamento reside, de acuerdo con la Constitución, en la facultad de aprobar el nombramiento que la familia Al-Sabah haga del heredero a emir o jeque. Además, las reformas constitucionales que sean propuestas por el emir deben ser aprobadas por más de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o parlamento.

Más información gulfnews.com

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