Pese a la oposición de algunos de sus miembros, la Asociación Japonesa de Barras de Abogados, AJBA, está insistiendo en la creación de un fondo para compensar a víctimas de abogados que han defraudado a sus representados, cuando no tengan el patrimonio suficiente para hacer frente a sus obligaciones. El tema cobra importancia después de la serie de casos que se han presentado en contra de abogados que se han corrompido.
La creación de este fondo ha sido impulsada por el actual presidente de la AJBA, Kazuhiro Nakamoto, electo en febrero para un periodo de dos años, y quien considera que compensar a las víctimas de los malos abogados es un paso necesario para volver a ganar la confianza en la profesión por parte de los ciudadanos.
De acuerdo con cifras de la Suprema Corte, en 2015 se presentaron 37 casos de profesionistas legales, incluidos abogados y funcionarios judiciales, que se apropiaron indebidamente de bienes por un total de 110 millones de yenes, un millón de dólares, en los casos en que administraban bienes conforme al sistema de protección de adultos.
Uno de estos casos fue el de un abogado arrestado por la policía de Tokio en julio de 2015, por la sospecha de haber defraudado 42 millones de yenes entre octubre de 2011 y septiembre de 2014, a una mujer de 96 años de edad con demencia, de quien había sido nombrado tutor legal.
A finales de 2015 se presentaron acusaciones adicionales contra este mismo abogado de 48 años de edad por apropiación indebida de bienes en casos similares de personas de quienes había sido nombrado tutor legal por los tribunales: 14 millones de yenes de una mujer de 83 años de edad con demencia, y 21 millones de yenes de otra mujer de 88 años de edad.
Las investigaciones de este caso continúan y se cree que este abogado gastó el dinero en entretenimiento, particularmente en clubes nocturnos.
En otro caso, en marzo de este año, la Corte de Distrito de Osaka sentenció a un abogado de 63 años de edad a 11 años de prisión por la malversación entre 2009 y 2015 de unos 500 millones de yenes, no solo en casos de tutoría, sino también en otros, incluidos los daños pagados por una aseguradora a un cliente.
Kyoko Ishida, profesora asociada de la Universidad de Waseda y especialista en ética legal, declaró en entrevista que los abogados con carreras más largas son los más propensos a defraudar.
“Existen múltiples factores, incluyendo las dificultades financieras al ser incapaces de mantenerse conforme a los cambios (del negocio), así como un pobre sentido de cumplimiento (a la ley)”, dijo la experta en ética legal.
La profesora Ishida explicó que las barras de abogados en Japón gozan de autonomía y por tanto pueden tomar las medidas disciplinarias que consideren pertinentes. “Por tanto, un sistema para mantener la confianza pública es especialmente importante”, añadiendo que no solo necesitan apoyar a las víctimas, sino fortalecer las medidas para prevenir la defraudación por parte de los abogados.
El sistema planeado por AJBA plantea compensar con entre 3 y 10 millones de yenes, US$28,200 y 94,000, por víctima de fraude de aquellos abogados que no puedan pagar completamente el dinero que malversaron. Este fondo se creará con dinero de las cuotas de membresía.
Un fondo de compensación a víctimas similar al que propone los abogados ya existe en el Centro de Apoyo Legal de Guardianes a Adultos, que es una agrupación nacional de funcionarios judiciales que fungen como tutores de adultos incapaces. Este sistema compensa con 5 millones de yenes, US$47,000, por víctima.
En los Estados Unidos el sistema de compensaciones existe desde 1959 cuando lo introdujo la Barra de Abogados de Vermont, y desde 1989 las barras de todos los estados operan este tipo de sistemas de compensación por defraudación de sus miembros, de acuerdo a los explicado por la profesora Ishida.
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