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Categoría: El Derecho y la Actualidad
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En diciembre de 1988 y Boeing 747 de la desaparecida línea aérea Pan Am explotó en el poblado de Lockerbie en Escocia. En ese atentado murieron las 259 personas a bordo del avión y 11 personas en tierra.

Las investigaciones del suceso condujeron hacia oficiales de inteligencia de Libia, país que se negó a entregarlos cuando fueron requeridos por las autoridades de los Estados Unidos y de Escocia para juzgarlos lo que condujo en 1992 al establecimiento de sanciones comerciales contra ese país.

Finalmente el gobierno de Libia entregó a dos sospechosos de perpetrar el atentado pero poniendo como condición que fueran juzgados en un tercer país, por lo que se fueron extraditados a los Países Bajos donde se reunió una corte escocesa.

En el 2001 solo uno de los presuntos atacantes fue condenado. Se trata de Ali Mohmed al-Megrabi oficial libio de inteligencia quien se declaró inocente.

En el 2007 se le concedió el derecho de apelar, pero perdió ese juicio. No obstante se le concedió el derecho de una segunda apelación frente a un panel de cinco jueces escoceses, proceso que inició en abril del 2008. Sin embargo, tras conocerse que al-Megrabi padece de cáncer de próstata en estado terminal, decidió renunciar a esta segunda apelación.

En vista de la circunstancia de salud, el ministro de justicia de Escocia ordenó la liberación de al-Megrabi fundamentado en compasión por la fase terminal de su enfermedad, permitiéndole regresar a Libia para morir ahí. La liberación fue ordenada definitivamente el 20 de agosto pese a la férrea oposición del gobierno de los Estados Unidos y de los familiares de las víctimas de la explosión.

Después de la condena de al-Megrabi en el 2001, el gobierno de Libia reconoció su responsabilidad en las muertes de Lockerbie y ofreció una compensación de $10 millones de dólares para cada una de las víctimas de la tragedia. Condicionó la entrega de este dinero en el retiro de las sanciones por lo que la compensación se hizo en entregas parciales, y se programó el último pago cuando las relaciones entre Estados Unidos y Libia se restablecieran completamente, situación que sucedió en el 2006. Pero el gobierno de Libia había establecido como prescripción de la entrega de ese dinero el año del 2006 por lo que los últimos $2 millones de dólares por víctima no fueron entregados.

En vista de este proceso el gobierno de los Estados Unidos ha condenado la liberación de este preso.

Fuente The New York Times

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