Gracias a un nuevo programa de revisión de condenas cuestionables en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, la semana pasada salió en libertad André Hatchett, un hombre de 49 años de edad que pasó los últimos 25 años de su vida en prisión acusado del homicidio en segundo grado de Neda Mae Carter, un delito que desde el principio el negó haber cometido.

Desde 2014, bajo la administración del fiscal de distrito Ken Thompson, han salido en libertad 19 personas tras haberse comprobado que sus casos fueron conducidos equivocadamente, ya fuera por mala actuación de la policía, de la fiscalía o incluso de la defensa.

En el caso de André Hatchett se logró demostrar que su acusación se basó exclusivamente en el testimonio de una persona, sin haberse considerado que el acusado tenía una coartada que nunca fue desmentida. Además, su defensa fue tan deficiente que el primer juicio fue anulado por el juez y aun en la reposición, el abogado de la defensa no sustentó la evidencia a su favor ni defendió el hecho de que su representado padece una seria discapacidad intelectual.

“En este caso hubo una tormenta perfecta de errores: mala defensa, testigos no confiables, evidencia crítica que nunca se mostró a la defensa”, dijo la abogada Seema Saifee de la organización Innocence Project que apoyó el caso de André Hatchett.

“Es aterrador lo fácil que es condenar a una persona inocente en este país”, dijo la abogada Saifee. “Y es abrumadoramente complicado que es liberar a una persona inocente”.

Probar la inocencia de una persona encarcelada no es sencillo. La forma más certera es presentando evidencia de ADN que no fue considerada en el proceso, y que es precisamente lo que trata de hacer Innocence Project. Sin embargo, de acuerdo con Madeline deLone, directora ejecutiva de la organización, en el 90 por ciento de los casos de delitos violentos, como tiroteos, no existe evidencia de ADN. El ADN suele estar presente en casos de violaciones u homicidio, pero se deben hacer grandes esfuerzos para rastrear esa evidencia lo que implica también la presentación de extenuantes mociones legales que pueden llevar años en ser consideradas. Algunas veces, dice la bióloga y abogada De Lone, la evidencia se ha perdido o fue destruida y una persona inocente nunca es exonerada. Así, Innocence Project se ve forzado a cerrar el 25 por ciento de los casos que toma debido a que la evidencia genética exculpatoria nunca es encontrada.

“Cada vez que alguien sale en libertad, no importa qué tan duro fue el trabajo o lo frustrante que algunas batallas son, no puedo imaginar nada más importante que ayudar a la próxima persona a salir y prevenir que la próxima persona ingrese”, declara la bióloga que decidió estudiar Derecho tras haberse involucrado profesionalmente con casos de adolescentes encarcelados.

Innocence Project, fue fundado en 1992 por los abogados Peter Neufeld y Barry Scheck, quienes fueron parte del equipo de defensa de OJ Simpson, y se dedican a prestar asistencia legal a quienes han sido indebidamente condenados, tomando como base la evidencia de ADN. Durante su largo andar, la organización ha detectado que, si bien algunas condenas equivocadas son producto de equivocaciones honestas, en muchos casos las cuotas que policías y fiscales deben cubrir de condenas son la causa de estas sentencias equivocadas.

Así, han detectado que los errores empiezan por la policía que usa técnicas de sugestión para identificación de sospechosos, coacciona para obtener confesiones falsas, miente o intencionalmente lleva a error al jurado sobre sus observaciones, no entrega evidencia exculpatoria a la fiscalía u otorga incentivos a los informantes para asegurar evidencia que es poco confiable.

La fiscalía, por su parte, suele retener de la defensa evidencia exculpatoria o la maneja inadecuadamente llegando incluso a destruirla o permite testigos que sabe que no son confiables.

Pero también han encontrado que los abogados de la defensa comenten graves errores al realizar su trabajo. Así, tras la revisión de 333 exoneraciones con evidencia de ADN han encontrado que en numerosos casos la incompetencia de los abogados o la saturación del trabajo los llevó a manejar mal los casos no solo en primera instancia sino también en apelaciones, lo que incluye abogados que se durmieron durante el proceso o que se presentaron borrachos a trabajar.

Innocence Project ha estado abogando por la inclusión de nuevas políticas en materia del procedimiento penal que pueda evitar que casos como el de André Hatchett se presenten nuevamente, sin embargo, se trata de propuestas que no han sido seriamente evaluadas en los Congresos estatales.

Al salir de prisión, André Hatchett, con una sobrina nieta en brazos, declaró: “Solo sé que no soy el único. Todavía hay un montón de personas inocentes en prisión”.

Más información nytimes.com y hsph.harvard.edu

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