La acción colectiva presentada por inmigrantes ilegales a cuyos hijos se les ha negado la expedición de un acta de nacimiento en el estado de Texas, Estados Unidos, sigue creciendo pese a que muchos no se atreven a unirse a la acción legal por temor a represalias. Así lo ha declarado la abogada Jennifer K. Harbury, que forma parte de la organización Texas Rio Grande Legal Aid que representa a estos inmigrantes mexicanos, hondureños y guatemaltecos.
Si bien la expedición de las actas de nacimiento a quienes nazcan en territorio de los Estados Unidos es un derecho consagrado en la Constitución en su 14 Enmienda, las autoridades en Texas han negado la inscripción de los nacidos en Texas al rechazar la identificación que los padres presentan y pedirles identificaciones que no tienen por ser ilegales.
Este es un problema que solo se ha presentado hasta el momento en el estado de Texas. En los demás estados fronterizos, e incluso en Texas en años pasados, las autoridades registrales aceptan como identificación de los padres la llamada matrícula expedida por el consulado de su país de origen. Sin embargo en Texas la administración ha establecido y ejecutado la política de no aceptar esas identificaciones aduciendo que los consulados no verifican la información del solicitante de la identificación lo que hace de la matrícula un documento inseguro.
De esta forma las autoridades de Texas aceptan como identificación de los padres, entre otras, la licencia de conducir (que los ilegales no tienen por su situación migratoria), el pasaporte con visa expedida por el gobierno de los Estados Unidos, credencial de estudiante, credencial del seguro de salud Medicaid, la credencial para votar con fotografía expedida por el gobierno mexicano, recibos de servicios públicos o incluso talones de cheques.
El gobierno de Texas, en la voz de Chris Van Deusen, vocero del departamento de salud del estado, respaldó esta política: “No podemos hablar por las prácticas de cada uno de los más de 450 oficiales del registro civil locales a lo largo del tiempo”. “Si encontramos a un oficial local que está aceptando las identificaciones consulares, le pedimos a él o a ella que se detengan y les explicamos por qué”.
Los inmigrantes en Texas exponen que al carecer de acta de nacimiento de sus hijos no pueden inscribirlos en guarderías o escuelas, pierden el seguro de salud y otros servicios y beneficios gubernamentales. Además, al no poder comprobar la filiación estos padres corren el riesgo de que, en caso de ser detenidos, sean separados de sus hijos.
La expedición del acta de nacimiento es un derecho humano por ser un documento en que se reconoce la identidad de una persona y debido a la política de la administración Obama anunciada el pasado mes de noviembre, es un documento que adquiere especial importancia pues a los inmigrantes ilegales con hijos nacidos en los Estados Unidos o que sean residentes permanentes, se les detiene el proceso de deportación por tres años y se les confieren permisos de trabajo, siempre que tengan viviendo en el país más de cinco años y no cuenten con antecedentes penales.
En apoyo a esta demanda en contra del estado de Texas, que representa a 28 adultos y a 32 niños, el gobierno de México presentó un escrito en que califica la política de las autoridades como violatoria del derecho internacional y que introduce “un elemento problemático y discordante en las relaciones binacionales o transnacionales”. Sin embargo, de acuerdo con el New York Times, el asunto no fue discutido con el gobernador de Texas, Greg Abbott, durante su reciente visita a la Ciudad de México.
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