La Corte Suprema de Argentina reconoció el derecho de todo paciente a tener una “muerte digna” sin que deba existir de por medio una declaración judicial para validar las decisiones tomadas por los pacientes respecto de la continuidad de los tratamientos médicos.

En el caso una persona sufrió un accidente automovilístico y desde entonces se encuentra en estado vegetativo, sostenido por una sonda a través de la cual se le alimentaba e hidrataba para mantenerlo con vida en forma "artificial" según las palabras del fallo.

En 2009 sus familiares directos pidieron que se dejará de suministrarle alimento. Aunque en todas las instancias se concedió la razón a los parientes con base en lo previsto en la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, el asunto tuvo que llegar hasta la Corte Suprema por la oposición del Ministerio Público de Incapaces.

La autoridad argumentaba que el paciente no tenía una enfermedad terminal, sino que "se encuentra en estado vegetativo permanente y tiene un estado de salud estable", por lo que la ley no era aplicable, ya que ese ordenamiento exige que el paciente se encuentre en estado terminal.

En la valoración solicitada por el máximo tribunal, expertos coincidieron en que las condiciones de deterioro en que se encontraba el paciente por los 20 años que llevaba postrado en una cama, presentando  hemorragias, neumonías, infecciones intrahospitalarias; que requería atención permanente para cumplir sus necesidades básicas, que estaba imposibilitado para deglutir y que permanecía con un profundo trastorno de conciencia, sin comprender órdenes simples, sin emitir ningún tipo de vocalización y sin reaccionar al estímulo auditivo, lo llevaron a un estado irreversible e incurable, que para uno de los expertos constituye un estado terminal.

Desde este punto de vista los magistrados consideraron que la ley sí era aplicable al caso. Pero la complejidad del caso se dio porque la solicitud de muerte digna fue presentada por sus familiares, sin embargo la Corte estableció que determinadas personas vinculadas al paciente, que no puede expresarse por si mismo, “pueden hacer operativa la voluntad del paciente”, sin que esto implique que decidan “ni 'en el lugar' del paciente ni 'por' el paciente sino comunicando su voluntad".

Otorgada la decisión, el día de ayer, después de 20 años de ocurrido el accidente, este paciente pudo descansar en paz.

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