Jeringa con líquido amarillo

En el Tribunal Superior de Wellington, Nueva Zelanda, se está debatiendo el suicidio asistido con el caso llevado por la abogada Lecretia Seales, de 42 años de edad, que está en etapa terminal de una enfermedad no revelada. Ella ha solicitado que se le permita a su médico proporcionarle las sustancias pertinentes para acabar con su vida, sin que sea procesado penalmente por ello.

Por la enfermedad degenerativa que sufre, la abogada Seales puede, bajo la legislación actual, acogerse a cuidados paliativos hasta el fatal desenlace o, en su caso, cometer suicidio pero por sus propios medios, sin auxilio de un tercero. Ella ha señalado que esta última opción no es viable porque significaría una muerte solitaria y dolorosa y ella quiere “despedirse apropiadamente”.

El estado está siendo representado por el fiscal general Michael Heron quien durante la audiencia del martes dijo que la petición de la abogada Seales no era la de clarificar las ley vigente, sino la de legislar, algo que solo el Parlamento puede hacer.

Así, el fiscal explicó que no es posible leer el Código Penal, que tipifica el auxilio al suicidio como un delito, de la forma en que la abogada desea pues la ley es aplicable a todos y en ella se reconoce la santidad de la vida y se protege a los más vulnerables.

Por tanto, el solicitar a la corte que no sancione a un médico que le proporcione una sustancia para que ella se la administre y muera o el que un médico intervenga directamente administrándole alguna sustancia, se llama, conforme a la legislación vigente, suicidio asistido y eutanasia y ambos están prohibidos por lo que la corte no puede dispensar estos actos.

Será hasta el día de hoy en que se decida si se concede a la abogada Lecretia Seales su petición de ser asistida para morir antes de que su cuerpo se deteriore más o si la corte coincide con el fiscal general y concluye que autorizar semejantes actos sería legislar, una facultad que no tiene.

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