La Corte Europea de Derechos Humanos concluyó el jueves de la semana pasada que una sentencia emitida por tribunales franceses había violado los derechos al debido proceso y a la libre expresión de un abogado cuyas declaraciones en defensa de los intereses de su representada, y en que se involucró el nombre de dos jueces, fueron citadas por el diario francés Le Monde.

Se trata del abogado francés Oliver Morice que representó los intereses de la juez Elizabeth Borrell, viuda del juez Bernard Borrel quien falleció bajo misteriosas circunstancias en Yibuti en octubre de 1995.

Durante el proceso en que la juez Borrel señalaba a las autoridades yibutienses por obstaculizar la investigación de la muerte de su esposo, que ella sostenía había sido un homicidio y no un suicidio como se había clasificado, el abogado Morice pidió que la juez M y el juez LL que investigaban el caso fueran recusados por haber negado una reconstrucción de hechos. El nuevo juez investigador asignado al caso reveló que la juez M no le había entregado una grabación de la visita de jueces y expertos al lugar de los hechos y que luego la recibió en un sobre dirigido a la juez M en que había una carta del fiscal general de Yibuti escrita en términos personales y en la que calumniaba al abogado Morice.

Esta situación fue denunciada por el abogado Morice al ministerio de justicia, señalando que la actuación de la juez M había estado “en completo desacuerdo con los principios de imparcialidad y equidad”. Al día siguiente de realizada esta denuncia fragmentos de ella y declaraciones del abogado Morice aparecieron publicados en el diario Le Monde.

Este artículo periodístico también hacía referencia a otros procesos disciplinarios en contra de la juez M citando que también había sido removida de otro caso representado por el mismo abogado Morice por la desaparición de un expediente.

Poco menos después de un mes de publicado el artículo, los jueces M y LL denunciaron al director de Le Monde, a los periodistas que habían escrito el articulo y al abogado Morice por el delito de difamación de un servidor público.

La Corte de Apelaciones de Rouen falló en contra del abogado Morice en 2008 y lo condenó al pago de una multa de 4,000 euros, a pagar 1,000 euros a la juez M por sus gastos judiciales y a compensar a ambos jueces con 7,500 euros por los daños, pagando esta cantidad con los otros demandados, además de publicar una retractación en Le Monde.

En 2009 la Corte de Casación francesa desechó el caso presentado por el abogado Morice quien se quejó de que los magistrados que compusieron el panel fueron otros a los que le habían dicho que conformarían el panel y que en el panel decisorio intervino el juez JM quien en el pasado se había expresado vigorosamente a favor de los intereses de la juez M.

En mayo de 2010 el abogado Morice llevó su caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos alegando violación a su derecho al debido proceso por no haberle permitido cuestionar la composición del panel de la Corte de Casación, y a su derecho a la libre expresión por la sentencia condenatoria.

En julio de 2013 la Corte Europea concluyó que se había violado su derecho al debido proceso pero no a la libre expresión, por lo que Oliver Morice pidió que el caso fuera referido a la Gran Sala que emitió su decisión final la semana pasada.

Para tomar esta decisión se dio vista a colegios y barras de abogados de Europa y en específico a las de Francia.

La Gran Sala confirmó la violación al derecho al debido proceso, pero, contrario al fallo anterior, encontró que también se había violado el derecho a la libre expresión del abogado Morice por varias razones, entre ellas que el abogado había expresado juicios de valor basados en suficientes hechos fácticos, sin exceder con sus declaraciones los límites de la libertad de expresión por tratarse de asuntos de interés público, particularmente del funcionamiento del sistema judicial y del tratamiento al caso Borrel.

Se hizo énfasis en que los abogados no se pueden equiparar a los periodistas ni a testigos externos con la tarea de informar al público, sino que están directamente involucrados en el funcionamiento del sistema judicial y en la defensa de su representado.

Tomando en consideración la severidad de las sanciones impuestas a Oliver Morice, la Corte reiteró que aún la imposición de una pequeña multa hubiera tenido una escalofriante consecuencia en el ejercicio de la libertad de expresión. Así, la imposición de una sanción a un abogado tiene repercusiones directas e indirectas, en términos de su imagen o confianza puesta en ellos por el público y sus clientes. De esta forma la sanción impuesta al abogado Morice por los tribunales franceses se encontró desproporcionada pues fue más severa por tratarse de un abogado.

Por lo anterior, la Corte condenó a Francia a pagar a Oliver Morice 4,270 euros por daño pecuniario, 15,000 euros por daños no pecuniarios y 14,000 euros por costas judiciales y gastos.

Se trata de una decisión final que no acepta más recursos.

Más información Echr.coe.int

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, con crédito a miabogadoenlinea.net