Con los avances de la tecnología los automóviles cada vez utilizan más programas de cómputo para funcionar y realizar las funciones básicas y adicionales que ahora se nos ofrecen, por lo que las compañías armadoras quieren impedir que este software pueda ser manipulado.
Conforme a la Digital Millennium Copyright Act o DMCA (Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital) cada tres años la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso revisa las excepciones a la prohibición de eludir los sistemas de protección de derechos de autor, como los que incluye por ejemplo un DVD o un smartphone.
Esta oficina ha estado aceptando opiniones respecto de las excepciones “para diagnosticar , reparar o modificar el software de un vehículo”.
La compañía fabricante de tractores John Deere ha señalado que “el propietario del vehículo recibe una licencia implícita para la vida del vehículo para operar el vehículo, sujeto a las limitaciones de la garantía, renuncias o otra limitación contractual en el contrato de venta o la documentación”.
Así, desde este punto de vista, el software no pertenece al propietario del vehículo por lo que no puede ser manipulado o alterado, lo que puede llegara impedir que algún vehículo pueda llegar a ser reparado al no tener acceso a los programas que regulan el funcionamiento de un vehículo, lo que obliga al consumidor a acudir al distribuidor, aunque estos tampoco puedan resolver el problema.
En el caso de la maquinaria para la agricultura esta situación ha llevado a pequeños propietarios a optar por equipos más antiguos que dependen menos de la tecnología.
La compañía argumenta que permitir que una persona altere el software, incluso para fines de reparación, "haría posible que los piratas, terceros desarrolladores, y competidores menos innovadores se monten libremente en la creatividad, expresión única e ingenio del software de un vehículo".
General Motors argumentan que los usuarios “confunden la propiedad de un vehículo con la propiedad del software subyacente en ese vehículo”, pero es un problema que afecta no solo a los coches de General Motors sino a cualquier tipo de dispositivo con algún tipo de “sistema operativo” en el interior que el usuario a menudo no puede modificar.
Las compañías armadoras incluso han destacado a la Biblioteca del Congreso que permitir que se manipule el software de un vehículo puede implicar un riesgo, ya que las modificaciones que se realicen pueden convertir al vehículo en un objeto peligroso. Los críticos a esta posición destacan que las modificaciones a los vehículos se vienen realizando antes de que se instalara software en los vehículos y las armadoras nunca habían expresado alguna preocupación.
La decisión final será tomada por la Oficina de derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso en junio, una vez que analice todos los puntos de vista.
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