En un proceso de apelación, la Corte Constitucional de Malta no solo confirmó sino que aumentó el monto de una compensación debida por el estado a una mujer que en 1990 sufrió daños tras haberse desplomado el techo de un supermercado, por la demora de veinte años en otorgar una resolución judicial en que se le adjudica una compensación.

Los hechos ocurrieron en 1990 cuando el techo falso del supermercado Save-on en la localidad de Paola, se desplomó sobre los clientes, ocasionando la muerte a dos personas de 28 y 29 años de edad. Uno de los fallecidos fue Marthese Caruana, de 28 años de edad, que ese día iba acompañada de su madre, Isis Cassar, quien sufrió fracturas en sus dos piernas y daños en la columna vertebral y tuvo que ser removida de los escombros.

La compensación por la muerte de Marthese Caruana fue acordada con su viudo fuera de la corte. Sin embargo Isis Cassar y su esposo Michael iniciaron acción legal en 1992 en contra del dueño del supermercado, Francis Gauci, pidiendo compensación por los daños que sufrió.

No fue sino hasta el 1º de marzo de 2011 que la Primera Sala de la Corte Civil emitió una sentencia en la que la juez Abigail Lofaro concluyó que la señora Cassar había sufrido daños en el 22 por ciento de su cuerpo y que el desplome del techo falso se debió al exceso de peso en mercancía colocado en él, condenando al dueño del supermercado a compensarla con 40,730.63 euros.

Esta sentencia fue apelada por Francis Gauci y el 9 de noviembre de 2012 se emitió una sentencia en la que se redujo el monto de la compensación a 27,990.83 euros.

Tras este fallo parcialmente adverso, los Cassar decidieron demandar a la oficina del fiscal general de Malta por un retraso de 20 años en el otorgamiento de la compensación debida por los daños sufridos por el accidente.

El 9 de abril de 2014 la juez Anna Felice dictó sentencia en la que otorga una compensación por daños morales de 5,000 euros a los Cassar porque su derecho a un proceso imparcial en un periodo de tiempo razonable había sido violado.

Tanto los Cassar como el fiscal general apelaron la sentencia. Los primeros pidiendo una compensación más alta y el segundo pidiendo que no se le obligara a compensar bajo el argumento de que el proceso había sido muy difícil y que parte de las demoras habían sido ocasionadas por los Cassar.

Sin embargo los tres magistrados de la Corte Constitucional que revisaron el caso concluyeron conforme a la sentencia dictada en primera instancia encontrando que pese a que el caso fue difícil no revestía una gran complejidad y aceptando que pese a que algunas demoras fueron provocadas por los Cassar, el estado no podía quedar absuelto de su responsabilidad en la demora por un proceso judicial de 20 años.

Además de confirmar el derecho a ser compensados por el daño moral, los magistrados decidieron aumentar el monto debido por el estado de Malta a los Cassar de 5,000 a 8,000 euros.

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