Sin entrar en apasionamientos políticos en este espacio queremos presentar los hechos que desataron la crisis en Honduras y que lo ha llevado a la situación que actualmente están viviendo desde el análisis del marco jurídico.

 

El 23 de marzo el Presidente Zelaya, a través de su Consejo de Ministros, emitió el decreto SM-052009. Este decreto pretendía realizar una consulta popular para instalar una cuarta urna en las elecciones generales el próximo mes de noviembre. Esa cuarta urna serviría para determinar si se convoca o no a una Asamblea Nacional Constituyente para modificar la Constitución.

 

El Fiscal General demandó la nulidad de este acto en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo el cual dejó sin valor y efecto este decreto.

 

Posteriormente, el Presidente decidió emitir un nuevo decreto para ejecutar una “encuesta de opinión” el 28 de junio, dejando sin valor y efecto el decreto anterior, en la que se definiría si se incluía o no esa cuarta urna.

 

Esta encuesta tenía su fundamento en la Ley de Participación Ciudadana que señala que el Gobierno puede realizar encuestas sobre temas de interés nacional, a petición de los ciudadanos. Esta encuesta también fue declarada ilegal y el Tribunal Electoral ordenó que la misma se suspendiera.

 

Ahora bien, la Constitución de Honduras establece en su artículo 2 que: “La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los Poderes del Estado que se ejercen por representación. La soberanía del pueblo podrá también ejercer de manera directa a través de Plebiscito y Referendo. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los Poderes Constitucionales se tipifican como delitos de traición a la patria La responsabilidad en estas cosas es imprescriptibles y podrá ser deducida de oficio a petición de cualquier ciudadano”.

 

El artículo 4 establece que “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria”.

 

Otros artículos constitucionales relacionados con los hechos son los siguientes:

 

ARTICULO 42.- La calidad de ciudadano se pierde:….5. Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República; y,

 En los casos a que se refieren los numerales …. 5) … por acuerdo gubernativo, previa sentencia condenatoria dictada por los tribunales competentes.

 

ARTÍCULO 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República.

El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública.

 

ARTICULO 323.- …

Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito.

 

ARTICULO 373.- La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria: por igual número de votos, para que entre en vigencia.

 

ARTICULO 374.- No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el periodo subsiguiente .

 

Desde este marco normativo está claro que el Presidente depuesto Zelaya estaba violando no solo las leyes secundarias sino la misma Constitución con sus llamadas encuestas. Sin embargo, ni el poder legislativo ni el poder judicial actuaron conforme a este mismo marco normativo para enjuiciar la presidente por estos delitos, y también infringieron gravemente la ley en el momento en que amenazaron a Zelaya y lo obligaron a abandonar el poder. La crisis en un inicio fue de legalidad, ahora ya se ha convertido en una lucha de poder en donde, desafortunadamente, quienes salen perdiendo de una u otra manera son los hondureños. 

El Wall Street Journal publicó un editorial sobre este tema que plantea el tema de la crisis en Honduras desde el mismo punto de vista de la ilegalidad. El artículo está en el siguiente enlace Wall Street Journal 

 

Fuente Constitución Nacional 

www.miabogadoenlinea.net
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