En el muy demorado proceso contra Hissene Habré, ex dictador de Chad, por las Salas Africanas Extraordinarias, una corte especial de la Unión Africana establecida en Senegal para este proceso, los abogados del ex mandatario acusado de la muerte de más de 40,000 opositores y de otras atrocidades, pidieron la puesta en libertad incondicional de su defendido en vista de que Chad no ha entregado a dos coacusados de Habré.
De esta forma pidieron que su defendido sea liberado pues el proceso de preparación del juicio se ha visto estancado porque Chad no ha extraditado a dos coacusados y las Salas Africanas en Senegal no han querido seguir con el proceso hasta que estas personas sean también procesadas.
La historia de este proceso es una que lleva años gestándose no solo desde Chad sino también desde Bélgica.
Hissene Habré es acusado de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante sus ocho años de gobierno en Chad en que murieron unas 40,000 personas. Tras haber sido derrocado en 1990, Habré se refugió en Senegal donde estuvo muy protegido por el ex presidente Abdoulaye Wade quien dificultó cualquier posibilidad de juzgar a Habré.
En 2005, tres víctimas de Habré de nacionalidad belga, interpusieron denuncia en Bélgica, país que emitió orden de arresto en su contra por tortura, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos durante su mandato presidencial y solicitó a Senegal su extradición. Senegal, sin embargo, no lo extraditó y en 2008 Bélgica solicitó a la Corte de Justicia Internacional su intervención para solicitar a Senegal la extradición de Habré o bien el inicio de su juicio.
La Corte de Justicia Internacional, instruyó en julio de 2012 iniciar en Senegal el proceso en contra del ex dictador de Chad, Hissene Habré, o de lo contrario proceder a su extradición a Bélgica. Esta nueva solicitud de extradición fue negada por el actual presidente senegalés Macky Sall quien pasó la iniciativa para conformar el tribunal especial.
De esta forma, en febrero de 2013 se instaló en Senegal, en medio de una concurrida ceremonia, el tribunal especial para juzgar por crímenes contra la humanidad a este ex dictador. A la ceremonia de instalación de las Salas Africanas Extraordinarias conformada por cuatro salas especiales presididas por jueces de Senegal y de otros países de África nombrados por la Unión Africana, acudieron autoridades senegalesas, de la Unión Africana, de la Unión Europea, representantes de organismos de derechos humanos y varias de las víctimas del ex dictador.
Fue hasta junio de ese mismo año cuando el equipo legal nombrado por la corte especial llegó a Yamena, la capital de Chad para iniciar las investigaciones del caso. Este equipo está liderado por el procurador que lleva el caso contra Habré.
De estas investigaciones Younous Saleh y Mahamat Djibrin fueron encontrados sospechosos de actos de tortura y homicidios en contra de los oponentes de Habré entre 1982 y 1990. Ambos hombres fueron detenidos por la policía de Chad y aunque entre ese país y Senegal se firmó un acuerdo de cooperación para efectuar el juicio, Chad ha negado la extradición de los sospechosos alegando que primero serán procesados en ese país.
Sobre este proceso el mismo presidente de Chad, Idriss Deby, declaró en agosto de 2013 que podría prestar declaración ante la Corte, en un afán de deslindarse del ex dictador, quien fue su mentor, y a quien describió como “un monstruo al que resistí y contra quien luché muy fuerte para derrocar a fin de salvar mi propia vida y a la nación”. Sin embargo los cuatro jueces de instrucción de las Salas Africanas Extraordinarias determinaron que el estado de Chad no puede ser parte en el proceso penal, por lo que el presidente no prestará declaración como lo harán las 2,000 personas que se han aceptado como parte de este proceso.
Al faltar estos sospechosos, las Salas Africanas han decidido postergar el inicio del juicio contra Habré, lo que sus abogados han usado como argumento para pedir la liberación de su defendido.
Sobre la postergación del juicio también se han manifestado organizaciones de derechos humanos como Human Right Watch, que han solicitado el inicio de este muy esperado proceso.
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