Este jueves la Suprema Corte de Japón emitió el primer veredicto en materia de matahara, o acoso laboral en razón del embarazo, anulando la decisión del Tribunal Superior de Hiroshima que desechó la demanda presentada por una terapista física que fue degradada de puesto a causa de su embarazo.

Matahara o acoso por embarazo es el término usado en Japón para referirse a las diferentes acciones que se toman en el trabajo hacia las mujeres que están embarazadas y que incluyen la degradación de nivel, la intimidación por parte de sus colegas o la presión de los jefes para que renuncien. Se trata de un problema corriente que enfrentan las mujeres en este país asiático que sigue estando dominado por los hombres y que ha llevado a que muchas profesionistas decidan no tener hijos, lo que está teniendo un fuerte impacto en la tasa de natalidad.

En el caso, la terapista física, quien pidió no ser nombrada, argumenta que fue degrada de su puesto de gerencia cuando al conocer que estaba embarazada pidió su cambio a un puesto con menor exigencia de trabajo físico. Una vez que regresó de su permiso por maternidad en 2009 no fue reinstalada en su puesto de trabajo gerencial lo que implicó una degradación en términos de funciones y de ingresos.

El patrón, un hospital, argumenta que la degradación ocurrió porque el puesto al que fue reasignada durante su embarazo no cuenta con un puesto gerencial equivalente al que tenía. Además, aseguran, que ella sabía que sería degrada de posición.

Si bien tanto en primera instancia como en apelación se concedió la razón al hospital señalando que la degradación había ocurrido con consentimiento de la empleada, la Suprema Corte encontró que el hospital no explicó suficientemente bien a la terapista los términos de la transferencia laboral y que ello afectaría su posición gerencial.

Pero además, la Corte falló que “despedir o maltratar de forma similar a una mujer exclusivamente por razones de embarazo, alumbramiento o por tomar un permiso de maternidad es ilegal y esas decisiones deben ser invalidadas”. Así lo señaló quien presidió este caso, la ministra Ryuko Sakurai, la tercera mujer en ser nombrada miembro de la Suprema Corte de Japón.

La decisión se fundamenta en la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo para Hombres y Mujeres que dispone que los patrones están obligados a reubicar a sus empleadas embarazadas a actividades menos demandantes si así lo solicitan, prohibiéndoles el maltrato por razón de dicha solicitud.

La decisión de la Suprema Corte anula la sentencia y el caso regresa ante el Tribunal Superior de Hiroshima donde se repondrá el proceso. Analistas opinan que esta vez la mujer ganará su caso en el que demanda del hospital una indemnización por 1,7 millones de yenes, equivalentes a $15,700 dólares.

Más información The Japan Times

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