La Corte Constitucional de Sudáfrica tendrá que resolver un interesante problema que sigue presentando resquicios de la historia del apartheid en el país africano y que se refiere a una ley provincial del antiguo territorio de Transkei, hoy parte de la provincia Oriental del Cabo.
Transkei fue establecido como una bantustán o territorio independiente de Sudáfrica en 1963, creado exclusivamente para que miembros de la etnia xhosa pudieran desarrollarse en un país diferente de Sudáfrica. Así, fue un territorio que Sudáfrica declaró independiente pero que ningún país del mundo reconoció como tal. En 1994 Transkei fue reincorporado como parte de Sudáfrica.
Pese a este reconocimiento en el territorio siguen vigentes algunas leyes como el Decreto 9 de 1992 de la República de Transkei que fue recurrido por la sanadora tradicional Nokhanyo Khohliso a partir de que fue sancionada por violar la sección 13 de dicho decreto por la posesión ilegal de patas de buitre.
La sanción conforme al citado decreto fue impuesta a la sanadora por la Corte de Magistrados de Tsolo y apelada ante el Tribunal Superior de la Provincia Oriental del Cabo. Este órgano jurisdiccional estuvo de acuerdo con la sanadora tradicional en la ilegalidad de la sanción disponiendo que había sido impuesta conforme a una ley que violaba los derechos de igualdad, dignidad y debido proceso.
Aunque la sanción fue desechada, Nokhanyo Khohliso ha llevado el caso ante la Corte Constitucional pidiendo que ese organismo declare la invalidez del decreto provincial. La ley en Sudáfrica dispone que cualquier decisión de inconstitucionalidad de una ley emitida por un tribunal superior debe ser confirmada por la Corte Constitucional.
Nokhanyo Khohliso basa su caso en que la sección 13 del Decreto No. 9 es inconstitucional porque viola su derecho a la igualdad frente a la ley al distinguir a dos tipos de ciudadanos, los que habitaban en Transkei y el resto de los pobladores de la Provincia Oriental del Cabo, limitando a los habitantes de Transkei en el número de esqueletos de animales que pueden poseer e imponiéndoles sanciones más severas en caso de infringir la ley. Además, señala que la sección 84 establece el principio de responsabilidad objetiva por el cual se le hace responsable del acto, independientemente de la culpabilidad, lo que limita su derecho a un juicio justo.
Si bien la decisión del Tribunal Superior de la Provincia Oriental del Cabo no ha sido apelada, el recurso presentado ante la Corte Constitucional ha sido objetado por la oficina de desarrollo económico, turismo y asuntos ambientales de la Provincia Oriental del Cabo señalando que la Corte Constitucional no tiene jurisdicción sobre el caso y que no se debe pronunciar sobre la inconstitucionalidad del Decreto No. 9 porque no se trata de un acto provincial ni de un acto parlamentario. Señalan que el decreto recurrido sólo se ha aplicado en el territorio de lo que era Transkei por lo que no existe la vinculación territorial que implica un acto provincial.
Así que ahora a la Corte Constitucional de Sudáfrica le corresponde determinar, primero, si tiene jurisdicción sobre el caso, si el decreto recurrido puede ser considerado un acto provincial o no, y de encontrar que conforme a la sección 167 de la Constitución tiene jurisdicción, deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto.
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